Baleares, obligada a acoger a cuatro menores no acompañados de Canarias por «imperativo legal»

Revés judicial para la estrategia migratoria de Baleares. El Gobierno de Marga Prohens ha tenido que aceptar el traslado de cuatro menores extranjeros desde Canarias tras chocar con el muro de los tribunales tinerfeños y grancanarios. Pese a que el Govern alega una saturación extrema, la Justicia ha rechazado suspender los traslados al considerar que el reparto no tiene efectos «irreversibles».

El Ejecutivo regional había solicitado la suspensión de estos traslados para evitar que los menores llegaran a las islas antes de que la justicia se pronunciara sobre el fondo del asunto. Sin embargo, los juzgados de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han dictaminado que el traslado «no tiene efectos irreversibles», forzando así a Baleares a aceptar las resoluciones de la Delegación del Gobierno bajo la amenaza de activar a la Fiscalía si se producía cualquier retraso.

Un sistema al borde del colapso

Desde el Govern no ocultan su malestar ante lo que consideran una «imposición» basada en la reciente reforma de la Ley de Extranjería.

En la actualidad, tiene 688 menores tutelados en la actualidad, lo que supone una sobreocupación del 1.000% respecto a las plazas ordinarias. Es decir, tiene 282 menores por encima del límite de capacidad fijado, paradójicamente, por el propio Gobierno de España.

Pese a este revés administrativo, el equipo legal del Govern de Prohens mantiene abierta una ofensiva jurídica. Baleares tiene recurrido el Real Decreto-ley 2/2025 ante el Constitucional, así como los decretos que fijan las medidas de contingencia ante el Supremo. Según fuentes del Ejecutivo, se seguirá recurriendo «cada propuesta o resolución de traslado» de manera individual.