Baleares recurre el traslado de un menor no acompañado: «Agrava la saturación de los centros»

El Gobierno de Baleares ha vuelto a acudir a los tribunales para frenar el traslado de un menor extranjero no acompañado desde Canarias al archipiélago balear. El Ejecutivo autonómico considera que la decisión del Estado vulnera el procedimiento legal, ignora el interés superior del menor y agrava una situación de colapso en el sistema de protección de Baleares.

El recurso contencioso-administrativo se dirige contra una resolución dictada el pasado 9 de enero por la Delegación del Gobierno en Canarias, que ordena la reubicación del menor en aplicación de la normativa estatal sobre contingencias migratorias extraordinarias. Para el Govern de la popular Marga Prohens, se trata de una decisión «carente de motivación suficiente, adoptada sin análisis individualizado del caso y sin justificar por qué Baleares resulta el destino adecuado».

Uno de los principales reproches es la omisión de los trámites esenciales previstos por la ley, entre ellos la intervención de la conferencia sectorial correspondiente y la elaboración de informes técnicos obligatorios sobre la situación personal, familiar y social del menor. El Ejecutivo autonómico sostiene que no se ha acreditado que se hayan explorado previamente alternativas prioritarias, como la localización de familiares o el restablecimiento de la convivencia familiar, tal y como exige la normativa de protección de menores.

Baleares también denuncia que el traslado se ordena al margen de la realidad asistencial del archipiélago. Según datos del propio Govern, los centros de acogida operan actualmente con una ocupación muy superior a su capacidad estructural, llegando a duplicar el número de plazas previstas. Esta situación, advierte, compromete la calidad de la atención y dificulta garantizar una tutela efectiva tanto a los menores ya acogidos como a los nuevos traslados impuestos por el Estado.

En su recurso, el Ejecutivo balear cuestiona además el modelo estatal de reparto de menores, al considerar que se aplica con criterios opacos y sin atender a factores clave como la insularidad, la escasez de recursos residenciales o la presión migratoria propia que soporta la comunidad. A su juicio, este sistema genera desequilibrios territoriales y traslada la carga asistencial a determinadas autonomías sin la dotación económica ni la planificación necesarias.

Este nuevo recurso es el cuarto presentado por Baleares contra decisiones de traslado desde Canarias. El Govern subraya que no se trata de una negativa a colaborar en la atención a menores migrantes, sino de una defensa del cumplimiento de la ley, del principio de solidaridad equilibrada entre comunidades y del interés superior del menor, que —insiste— no puede quedar subordinado a decisiones administrativas automáticas ni a la falta de previsión del Gobierno central.

Un cuartel para los menores en Mallorca

Y mientras tanto, las administraciones insulares siguen funcionando a pleno rendimiento para dar acogida a estos menores de edad.

En Mallorca, el Consell ha tenido que habilitar el antiguo acuartelamiento de Son Tous como centro de primera acogida ante el incremento de llegadas.

De hecho, el centro ya ha recibido las primeras llegadas y desde la entidad insular de asuntos sociales, el IMAS, se subraya que esta medida es necesaria para garantizar una atención inicial adecuada.

No obstante, su presidente, Guillermo Sánchez, ha lanzado un mensaje directo al Ejecutivo central: la inmigración es una competencia del Estado, y Mallorca necesita más recursos económicos, materiales y técnicos para poder sostener un sistema de protección que se encuentra al límite. «No se trata de solidaridad, sino de capacidad», es el argumento que el Govern balear ha reiterado a lo largo de este año.