Un juzgado admite a trámite la querella por malversación contra Bestard por el uso de coches oficiales

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), tendrá que dar explicaciones ante la Justicia por el uso de vehículos oficiales de la institución insular. Un juzgado de Palma ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía, que aprecia indicios de un posible delito de malversación de fondos públicos. La decisión judicial supone un nuevo paso en un caso que salió a la luz el pasado mes de mayo, cuando el PSIB denunció que Bestard había utilizado de forma irregular varios coches del Consell. Tras analizar los hechos, el Ministerio Público decidió llevar el asunto a los tribunales a finales de octubre al considerar que existían indicios suficientes para investigar una posible malversación.

La encargada de tramitar el procedimiento será la magistrada de la plaza número cuatro de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Palma. Según ha publicado Diario de Mallorca y ha confirmado Europa Press a través de fuentes judiciales, la jueza ha dado luz verde a la querella y el siguiente paso será comunicar formalmente a Bestard su condición de investigado y fijar una fecha para tomarle declaración.

La apertura de la investigación también plantea qué papel asumirá el Consell de Mallorca en el procedimiento. La institución tendrá la posibilidad de personarse en la causa como perjudicada, aunque todavía no ha tomado una decisión. Desde el gobierno insular explican que esperarán a recibir la comunicación judicial para trasladar el asunto a sus servicios jurídicos y determinar cómo actuar.

Tres coches oficiales

El origen del caso está en el uso que Bestard, también responsable insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, habría hecho de tres vehículos propiedad del Consell de Mallorca. Según la denuncia socialista, el vicepresidente utilizó estos coches de manera habitual, exclusiva y para desplazamientos de carácter privado, sin disponer de la autorización correspondiente. El PSIB también puso el foco en los gastos de combustible y otros consumos derivados de ese uso, que habrían corrido a cargo de la institución.

Cuando trascendieron las acusaciones, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ordenó elaborar varios informes técnicos para esclarecer lo sucedido. Aquellas comprobaciones internas constataron que Bestard había utilizado en exclusiva tres vehículos oficiales pese a que no existía constancia de que los tuviera asignados bajo ese régimen.

Los informes calificaron esa práctica como una conducta inapropiada, pero también señalaron que no era posible determinar de manera concluyente que se hubiera producido un uso indebido de los coches.

Con esas conclusiones, el gobierno insular optó por no adoptar medidas contra Bestard. En su lugar, dio por zanjada la controversia mediante la aprobación de una instrucción interna destinada a regular el uso de los vehículos oficiales del Consell.