La Guerra Civil, este martes en el Parlament balear

El pleno del Parlament balear de este martes 10 de marzo promete ser de los más tensos. La derogación de la ley de memoria, aprobada sin consenso en 2018, es una concesión a VOX que provocará una guerra civil dialéctica muy incómoda para el PP. Habrá una manifestación de la asociación Memoria de Mallorca, familiares de víctimas asistirán de público (fácilmente identificables con pañuelos rojos) y los diputados socialistas Iago Negueruela y Pilar Costa acusarán de «traición» a la bancada popular.

Es una pena que no esté previsto que intervengan en esta materia los dos únicos familiares de víctimas con escaño en el Parlament: el conseller de Empresa, Álex Sáenz de San Pedro, cuyo abuelo fue fusilado por Franco; y el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, nieto de un militar asesinado por republicanos en Menorca. Curiosamente, las dos Españas sí están reconciliadas en la bancada de la derecha.

La realidad es que, desde el punto de visto práctico, esta derogación no cambiará nada porque, en primer lugar, existe una ley nacional en vigor. Además, una ley sin dotación presupuestaria es papel mojado. Recordemos que Rajoy nunca derogó la de Zapatero, simplemente la borró del mapa dotándola con cero euros.

Tampoco cambiará nada respecto a las sanciones. La ley nacional contempla multas de hasta 150.000 euros para las personas o asociaciones que ofendan a las víctimas o exalten públicamente «la sublevación militar, la guerra o la dictadura». Así que la apología del franquismo seguirá estando penalizada.

Después del martes, la gestión del Govern en memoria seguirá siendo la misma. Continuará la búsqueda de personas desaparecidas (reconocidas en la Ley de Fosas de 2016) y el reconocimiento de las víctimas de los bombardeos de ambos bandos. Esto último fue aprobado por unanimidad de todos los partidos (VOX incluido) el pasado 4 de febrero en una proposición presentada por el PSIB-PSOE. Era una asignatura pendiente del Govern de Francina Armengol.

La ley que derogarán este martes tenía varios aspectos positivos que se habían quedado en punto muerto. Citaré tres importantes. En primer lugar, la creación de un censo público de víctimas de la Guerra Civil. El Govern anterior creó uno, pero estaba muy lejos de ser completo. Priorizaron las republicanas e ignoraron casi todas las demás.

Otra acción que preveía la ley era proteger el material relacionado con el periodo (archivos, entrevistas, prensa, bibliografía, etc.) y facilitar el acceso a todos los investigadores.

Por último, contemplaba la creación de un museo de la memoria. En España ya hay 35 centros de este tipo y 60 restos bélicos musealizados, como trincheras. Las comunidades más avanzadas son Madrid, Aragón, Cataluña y País Vasco. Incluso Canadá tiene un museo virtual de la Guerra Civil Española. Solo hay cuatro comunidades que todavía no han creado el suyo: Baleares, Canarias, Galicia y La Rioja.

Recordemos que, durante los ocho años de Armengol (del 2015 al 2023), Baleares se convirtió en una comunidad puntera en materia de memoria. La inversión fue de las más altas en términos relativos. Se abrieron todas las fosas posibles de desaparecidos en cinco fases, la última ya con el PP. Hasta 2025 se han recuperado 310 cuerpos, de los cuales se han identificado 67. Encontraron a tres mujeres que podrían ser las milicianas de la Batalla de Mallorca y entregaron a las familias los restos de Aurora Picornell y las otras cuatro «Rojas del Molinar».

Devolvieron a las familias 352 objetos, eliminaron toda la simbología franquista de las calles (incluidas las cruces a los caídos) y las instituciones (también ayuntamientos del PP, como el de Felanitx) celebraron multitud de actos de homenaje. Dedicaron libros, páginas web, calles, placas, bustos, institutos, bibliotecas y piedras de la memoria Stolpersteine a las víctimas de la represión franquista.

Esto era una urgencia porque estas víctimas nunca habían sido reparadas. Sin embargo, el Govern Armengol ignoró al resto hasta el punto de votar en contra de homenajear a las víctimas de los bombardeos republicanos en Palma. Se usó el dinero público para contar solo la mitad de la historia. Contrataron a dedo a investigadores afines, algunos sin ser siquiera doctores en la materia. Hubo acciones que llegaron al ridículo, como eliminar las calles Churruca, Gravina y Cervera pensando que eran franquistas. El sectarismo fue evidente. Yo siempre cito las palabras del historiador Santos Juliá: «Un Estado democrático no puede recordar a unos y olvidar o volver invisibles y excluir a otros, como fue el caso de la dictadura, por la simple razón de que una democracia no es una dictadura vuelta del revés».

Este año celebramos el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil. Es una buena oportunidad para implementar políticas de memoria de consenso que reconozcan a todas las víctimas inocentes con un espíritu de concordia y reconciliación.