Cartel de alquiler en España
Una casera 'pirata' de Ibiza se libra de una multa de 242.000 euros a cambio de poner su piso en alquiler
Es el primer caso de Baleares en que una propietaria se acoge a una rebaja del 80% de la sanción tras ceder su piso al programa ‘Alquiler Seguro’ del Govern balear durante cinco años a precio asequible
Ibiza estrena una nueva vía para combatir la crisis habitacional a través del indulto administrativo. Por primera vez, una propietaria de Sant Antoni que operaba de forma ilegal en Airbnb ha logrado reducir una sanción histórica de 275.000 euros a 33.000. El secreto del acuerdo no ha sido otro que renunciar al negocio turístico ilegal para poner el inmueble a disposición del mercado residencial a un precio asequible.
La indultada era una casera pirata que ofrecía su vivienda en Sant Antoni destinada al alquiler turístico ilegal a través de la plataforma Airbnb sin contar con la licencia correspondiente. La reducción de la sanción - finalmente de 33.000 euros- se ha logrado tras la intervención por vía administrativa, sin necesidad de acudir a los tribunales, gracias a los incentivos que ofrece la Oficina de Lucha contra el Intrusismo.
El caso, pilotado por el despacho Soriano i Piqueras, es el primero en Ibiza en aplicar el mecanismo que permite bonificar hasta un 80 % de la multa si el infractor acepta un fin social para su vivienda. «Muchos expedientes pueden resolverse de forma eficaz si se conoce bien la normativa», sostienen los letrados, sobre esta vía de salida para propietarios en jaque que, ante la presión inspectora, prefieren la seguridad de la administración al riesgo de una multa, a veces, inasumible.
Al integrarse en el programa Alquiler seguro del Gobierno balear de Marga Prohens (PP), la propietaria ha aceptado un precio tasado por el Ejecutivo autonómico durante un lustro. A cambio, obtiene la garantía de cobro por parte de la administración y el carpetazo definitivo a un expediente que amenazaba con una sanción ejemplar y suculenta.
Quita una plaza ilegal y gana un alquiler social
Para el Consell de Ibiza, el beneficio es doble porque no sólo se saca una plaza ilegal del mercado sino que se inyecta de forma inmediata una vivienda en el raquítico mercado del alquiler de la isla.
«Es el primer caso en las Islas Baleares en el que, una vez detectado un piso turístico por parte del Consell, este acaba integrado en un programa de alquiler social», destaca el vicepresidente primero y responsable de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, sobre este expediente.
El conseller explica que la contundencia de las sanciones está surtiendo efecto disuasorio y ha «despertado el interés de los propietarios por aplicar la bonificación del 80 % que permite la Ley recientemente aprobada por el Gobierno balear».
El programa de Alquiler Seguro, en marcha desde el pasado año, permite a los propietarios ceder sus inmuebles al Ejecutivo balear para obtener una renta garantizada por un máximo de siete años. A cambio de esta seguridad en el cobro, la Comunidad Autónoma pone la vivienda en el mercado con un precio un 30 % inferior al habitual.
La Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha ajustado diversos parámetros en los procedimientos sancionadores para incentivar esta vía. El objetivo es lograr que aquellas viviendas explotadas turísticamente sin ningún tipo de título habilitante den el salto directo al mercado residencial.