Baleares no deja de asombrar con los precios obscenos de sus alquileres: hasta la Guardia Civil interviene

La palabra es 'locura'. No hay otra que describa mejor el mercado de la vivienda en Baleares, convertido desde hace tiempo en un escaparate de precios obscenos y abusos cada vez menos disimulados. El último ejemplo roza lo grotesco: una caseta de aperos de apenas ocho metros cuadrados habitables, en Maria de la Salut, ofertada por 700 euros. No es ni siquiera un estudio ni un apartamento. Se trata de una caseta de aperos reconvertida y anunciada como si el mercado hubiera perdido ya cualquier contacto con la realidad.

El caso ha acabado en manos de la Guardia Civil. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha denunciado al comercializador de este inmueble, que se anunciaba en un portal inmobiliario a un precio que los propios investigadores consideran «muy elevado» si se tienen en cuenta la superficie, los servicios y las condiciones del supuesto alojamiento.

Efectivos del Seprona realizaron hace pocos días una inspección ocular en la parcela en la que se encuentra la construcción para comprobar si existían infracciones en materia urbanística y de vivienda. Lo que hallaron fue una caseta de aperos situada junto a un camino asfaltado, con signos evidentes de haber sido reformada recientemente para adecuarla como vivienda. La inspección permitió constatar además que la edificación tenía poco más de diez metros cuadrados de superficie, de los cuales solo ocho eran realmente habitables. Sin embargo, en el anuncio se hablaba de 25 metros cuadrados habitables. Más del triple.

A partir de ahí, el Seprona levantó acta de denuncia por varias infracciones. Una de ellas, por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad, fue remitida a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. Otra, por infracciones urbanísticas, se trasladó a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca. Y una tercera fue dirigida a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua al detectarse un pozo de extracción sin la autorización correspondiente.

El episodio, por llamativo que resulte, no es una rareza en un mercado desquiciado. Más bien funciona como una caricatura perfecta de un problema mucho más profundo, como es la inflación -e inflamación- constante del alquiler, la conversión de cualquier espacio en producto inmobiliario y la sensación cada vez más extendida de que en Baleares todo vale, siempre que haya alguien desesperado dispuesto a pagar.

Porque, en cualquier caso, si este ejemplo le parece desproporcionado al lector, sepa que buceando un poco por los portales inmobiliarios uno puede llegar a pensar que la anterior oferta es, al fin y al cabo, un chollo.

Para muestra, un botón: una habitación por 1.900 euros. Sí, una habitación. El anuncio corresponde a un piso de lujo en Illetes, en una urbanización de alto standing, pero no dejan de ser 2.000 euros por un apartamento compartido. El envoltorio podrá ser exclusivo; la cifra sigue siendo un disparate.

Otro anuncio ofrece por 1.200 euros una «amplia habitación con gran terraza privada, acceso a co-working y sala de reuniones, aire acondicionado y gastos incluidos —luz, agua e internet—. A solo 100 metros de la playa, perfecta para descansar o trabajar con comodidad. Se admiten parejas». El inmueble está en s’Arenal de Llucmajor. El lenguaje publicitario hace su trabajo, claro: viste de oportunidad lo que en cualquier otro contexto sería presentado como un exceso. Pero por más terraza, playa o wifi que se añada al reclamo, siguen siendo 1.200 euros por una habitación.

No se queda ahí el catálogo del asombro. Este «chollo» es de 700 euros por una habitación en la calle Santa Florentina, en Son Gotleu, una de las zonas más deprimidas y conflictivas de Palma y de la isla. El anuncio intenta sacar brillo al producto: «Cuarto sin ascensor, pero ojo, con terracita privada, cama con colchón y armario completamente nuevos». La foto, según puede verse, confirma que se trata, efectivamente, de una terracita minúscula. El espacio ofertado ronda los diez metros cuadrados. El precio, en cambio, está perfectamente alineado con esa nueva normalidad insensata que se ha instalado en el mercado.

Y todavía queda un último ejemplo: otra habitación en piso compartido por 700 euros, con un pequeño detalle que el anuncio da por hecho y el mercado parece haber asumido sin pestañear: el piso es para cinco inquilinos. Es decir, pagar 700 euros al mes para compartir vivienda con otras cuatro personas desconocidas.

La Guardia Civil habla en su comunicado de «infravivienda». Quizás habría que hablar ya de «inframercado».