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En Ibiza
Vox exige una auditoría externa sobre la gestión de las tutelas de menores extranjeros
La formación denuncia la «preocupante opacidad institucional» sobre este problema en Ibiza, donde ha habido peleas graves en las últimas semanas
El conseller de Vox en el Consell Insular de Ibiza, Jaime Díaz de Entresotos, defenderá en el pleno de este viernes una moción que pide auditar la gestión desarrollada por el departamento de Menores con respecto a los menores extranjeros no acompañados. El Consell de Ibiza tutela en estos momentos a unos 140 menores extranjeros no acompañados. Unas tutelas que, en parte, se están llevando a cabo mediante la contratación de empresas privadas.
Díaz de Entresotos ha explicado que «es muy preocupante la opacidad» con la cual el Consell gobernado por el popular Vicent Marí está llevando a cabo esta gestión. «La gestión de los recursos públicos», ha subrayado, «exige en cualquier administración transparencia, control y rendición de cuentas. Pero esto no sucede en el Consell Insular de Ibiza». El representante de Vox en la institución ibicenca ha recordado que «en los últimos años, el Consell ha destinado importantes cantidades de dinero público» a la atención de estos menores y lo ha hecho «mediante la externalización de servicios a entidades privadas».
En este sentido, Díaz de Entresotos ha explicado que «solo uno de estos contratos, adjudicado a la Fundación Samu, alcanza cerca de 14 millones de euros para la gestión de 32 plazas». Una cifra muy abultada pero sobre cuyos resultados no hay ninguna información. «No existe un desglose claro y accesible sobre el número total de plazas externalizadas, ls entidades adjudicatarias de estos servicios ni el coste real que esta política supone para los ciudadanos de Ibiza», ha indicado Jaime Díaz de Entresotos. Y ha añadido que «la falta de transparencia impide evaluar la eficiencia del gasto público y genera una lógica inquietud entre la ciudadanía».
Cero transparencia en resultados
En la moción, Díaz de Entresotos apunta también al hecho de que se desconoce totalmente cuáles son los resultados de esta política: «A diferencia de otros programas sociales, donde el retorno de la inversión puede medirse en términos de inserción, recuperación o mejora de las condiciones de vida, en este caso no se dispone de datos públicos que permitan conocer el grado de integración de estos menores, su acceso al sistema educativo o su evolución hacia la vida adulta».
También critica el conseller de Vox que la situación de estos menores en Ibiza empieza a dar problemas graves como la pelea multitudinaria que se produjo semanas atrás en el centro insular de menores Padre Morey, en la que participaron 28 adolescentes extranjeros y en la que una trabajadora resultó herida leve. «Hechos de esta naturaleza no solo evidencian posibles fallos en la gestión sino que refuerzan la necesidad urgente de evaluar su funcionamiento», ha dicho Díaz de Entresotos. Y esto es precisamente lo que pretende la moción, que se realice una auditoría externa sobre la gestión de los recursos que el Consell destina a la tutela de estos menores.
Nivel de resultados e impacto
Esta auditoría debe reflejar el importe total invertido por el Consell en los cinco últimos años, el número real de plazas creadas por la institución para estas tutelas y el grado de cumplimiento de los contratos firmados con empresas privadas para este trabajo. Además, Vox pide también la realización de un «análisis de resultados e impacto» que permita conocer el nivel de escolarización y formación de los menores, los itinerarios de integración social y laboral, el porcentaje de adolescentes extranjeros tutelados que accede a un empleo o que sigue estudiando y los recursos destinados a atención psicológica educativa y social.
Vox, además, plantea la redacción de un informe público de transparencia en el plazo de seis meses que permita conocer a los ciudadanos todos estos datos y el refuerzo de los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de los centros y servicios que atienden a los menores, «garantizando la seguridad de trabajadores y usuarios y el correcto funcionamiento de los recursos».