El Gobierno presume de las «necesarias» carpas para inmigrantes en patera a la vez que niega la ruta argelina

El Gobierno de España se está marcando una gira por Baleares para exhibir públicamente las carpas que acogen a los inmigrantes llegados en patera y presentarlas bajo una denominación cuidadosamente elegida, «módulos de atención de migrantes instalados en los puertos del archipiélago». Un nombre aséptico y técnico que pretende diluir el carácter excepcional de unas instalaciones levantadas de urgencia, al amparo de la declaración de emergencia migratoria.

Los datos facilitados por la Delegación del Gobierno confirman la magnitud del fenómeno. Más de un millar de personas han pasado por estos módulos de atención en tránsito de Palma, Ibiza y Formentera en poco menos de tres meses.

En concreto, por las infraestructuras del muelle de Botafoc (Ibiza), operativas desde noviembre, han pasado ya 555 inmigrantes, mientras que por el módulo del puerto de la Savina (Formentera) lo han hecho alrededor de 90 personas. A ellos se suman los 472 inmigrantes atendidos en el puerto de Palma, donde la instalación comenzó a funcionar a principios de diciembre.

El módulo de Palma, el de mayor capacidad, dispone de 154 plazas máximas y ha sido clave durante los dos últimos picos migratorios registrados en el archipiélago. En los momentos de mayor presión, se ha llegado a atender hasta a 102 migrantes de forma simultánea, una cifra que desmonta el relato de episodios puntuales o aislados.

«Esto revela la necesidad de este tipo de infraestructuras», ha afirmado el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, durante su visita a las instalaciones del puerto de Palma, acompañado por la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Paloma Favieres.

Instalaciones «no permanentes» para una presión constante

El delegado del Gobierno ha insistido en que los módulos no están concebidos como lugares de acogida permanente, sino como dispositivos de tránsito para dar respuesta a un fenómeno migratorio que, según el discurso oficial, tampoco sería estructural.

En el caso del puerto de Palma, Rodríguez ha señalado que los migrantes no permanecen más de entre 24 y 30 horas antes de embarcar en un ferri hacia la Península. Allí, o bien entran en el circuito humanitario estatal o bien continúan su ruta migratoria por otros medios.

Las instalaciones del puerto de Palma ocupan unos 600 metros cuadrados y están formadas por varias carpas y módulos. En ellas, los inmigrantes pueden descansar en dos salas con literas, comer y beber en un comedor, asearse en baños y duchas, recibir atención humanitaria por parte de Cruz Roja, cargar sus dispositivos móviles y conectarse a internet.

Este último punto ha sido subrayado de forma especial por el delegado del Gobierno, que ha destacado la importancia de que estas personas puedan contactar con sus familias y comunicarles que han logrado completar la travesía con vida. «Con todo esto ganamos en dignidad y somos capaces de ofrecer una mejor atención en clave humanitaria», ha defendido.

Carpas, millones… y una ruta que «no existe»

La escenificación institucional, sin embargo, choca frontalmente con el discurso político que mantiene el Ministerio del Interior. Mientras el Gobierno despliega módulos, invierte millones y consolida infraestructuras portuarias, el ministro Fernando Grande-Marlaska sigue sin reconocer oficialmente la existencia de una ruta migratoria consolidada hacia Baleares.

En septiembre de 2025, durante una sesión de control en el Congreso, Marlaska evitó responder directamente a la pregunta del diputado del PP José Vicente Marí Bosó, quien le interpeló sobre la ruta de tráfico de personas hacia las islas. El ministro se limitó a esgrimir datos globales y a presumir de una reducción del 36% de la inmigración irregular en España, calificando la política migratoria del Ejecutivo como «un éxito».

La contradicción resulta cada vez más evidente: si no existe una ruta consolidada, ¿por qué se despliegan dispositivos pensados para atender a cientos de personas de forma continuada? La planificación, los recursos y las cifras apuntan a una realidad que el discurso político se empeña en negar.

Menores migrantes: la responsabilidad que el Estado elude

La doble vara de medir del Gobierno se acentúa cuando se analiza la situación de los menores extranjeros no acompañados, cuya atención recae directamente en las instituciones insulares. En Mallorca, el Consell ha tenido que habilitar el antiguo acuartelamiento de Son Tous como centro de primera acogida ante el incremento de llegadas.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, confirmó la llegada de los primeros menores y defendió la apertura del centro como una medida necesaria para garantizar una atención inicial adecuada.

Al mismo tiempo, lanzó un mensaje directo al Ejecutivo central: la inmigración es una competencia del Estado, y Mallorca necesita más recursos económicos, materiales y técnicos para poder sostener un sistema de protección que se encuentra al límite. «No se trata de solidaridad, sino de capacidad», es el argumento que el Govern balear ha reiterado a lo largo de este año.

El cinismo de los socialistas

En este contexto, el Partido Socialista de las Islas Baleares ha acusado al Consell de querer utilizar Son Tous como un espacio para aplicar «medidas punitivas» a los menores migrantes. La portavoz adjunta socialista, Sofía Alonso, ha exigido una atención «humana y adecuada» y ha advertido del peligro de que el PP ceda a las presiones de Vox.

Sin embargo, los socialistas obvian que es precisamente la falta de implicación estructural del Estado la que ha obligado a habilitar recursos de emergencia como Son Tous. Alonso ha llegado a calificar de «mantra» la denuncia de saturación del sistema y ha acusado al presidente del IMAS de utilizar a los menores como «argumento político» contra el Gobierno.

El PSIB también ha defendido que el Estado ha aportado recursos suficientes y ha puesto en valor la cesión de Son Tous por parte del Ministerio de Defensa, obviando que la gratuidad del inmueble no soluciona la escasez de personal, de plazas educativas ni de financiación estable.

Baleares, laboratorio de necrofrontera

Todo este debate se produce en un contexto dramático. Baleares cierra 2025 con casi 7.300 inmigrantes llegados en unas 400 pateras, muy por encima de los registros de 2024. La ruta argelina se ha consolidado como uno de los principales corredores migratorios hacia España y como uno de los más peligrosos.

El enfrentamiento político entre el Govern de Marga Prohens y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha intensificado, especialmente por la negativa del Estado a solicitar un despliegue efectivo de Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en el archipiélago.

Según el informe Monitoreo del derecho a la vida de Caminando Fronteras, al menos 1.037 personas murieron en 2025 intentando cruzar el Mediterráneo por la ruta argelina. La ONG ha documentado 121 tragedias marítimas, 47 con embarcaciones desaparecidas en su totalidad, y ha definido esta vía como un auténtico «laboratorio de necrofrontera».

Más de medio centenar de cadáveres han aparecido este año en las costas baleares. Entre carpas, eufemismos administrativos y rutas oficialmente inexistentes, Baleares se consolida como uno de los escenarios más letales de la frontera sur europea, un drama humanitario que ya no admite ni negaciones ni maquillajes políticos.