Moncloa se lava las manos con la mujer apuñalada en Ibiza y culpa al juez a pesar de que la pulsera sonó tarde

El Gobierno de Pedro Sánchez elude cualquier responsabilidad política en la brutal agresión de Sant Antoni (Ibiza) que a punto estuvo de terminar en asesinato. Tras los 45 días de agonía de la mujer —apuñalada en el cuello por su expareja y sometida a dos cirugías craneales para salvar la vida—, el Ejecutivo ha remitido un informe al Senado en el que sostiene la tesis de que su sistema de pulseras de control funcionó «correctamente».

Con este escrito, el Ministerio de Igualdad pretende sacudirse la responsabilidad pero el relato de los hechos desmiente la versión de Moncloa. El dispositivo telemático de la Sala COMETA enmudeció mientras el agresor quebrantaba el perímetro, y fue la familia de la mujer quien avisó —y no la alarma oficial— quien activó a la Guardia Civil cuando el atacante ya dentro del hogar.

Pese a la evidente quiebra del sistema de seguridad, el Ejecutivo central señala al juez como único culpable. Moncloa y tacha ahora de «insuficiente» la orden de alejamiento de 100 metros para intentar camuflar por qué sus equipos de vigilancia no detectaron al agresor hasta que éste ya estaba dentro de la casa con un cuchillo.

En su respuesta parlamentaria al senador del PP Miquel Jerez, el Ejecutivo sostiene que la orden de alejamiento de tan solo 100 metros fue insuficiente y dificultó la actuación policial. Según el Gobierno, el dispositivo de seguimiento telemático —la cuestionada pulsera— «funcionó correctamente».

La agresión se produjo el pasado mes de febrero. El agresor logró recorrer la distancia que le separaba de la víctima antes de que el sistema reaccionara. La mujer fue atacada con un cuchillo en el cuello y sufrió además graves lesiones en la cabeza. Fueron sus familiares quienes alertaron a la Guardia Civil y aseguraron en declaraciones a los medios que la pulsera sonó cuando el agresor ya estaba dentro de la casa. La víctima permaneció un mes hospitalizada en la UCI y fue intervenida dos veces en la cabeza hasta que se recuperó fue dada de alta al mes y medio.

«Conforme al protocolo»

Pese a la gravedad de los hechos, el Ejecutivo niega fallos técnicos. Es más, en su respuesta, afirma que «el sistema de control telemático funcionó correctamente durante todo el incidente» y que «la gestión realizada por los operadores de la Sala COMETA fue continuada y conforme al protocolo».

Según replica, los 100 metros fijados por el juez «no permiten margen operativo a las fuerzas de seguridad» y «dificultan o directamente imposibilitan la protección efectiva de la víctima».

El Ejecutivo argumenta que, a esa distancia, el tiempo de reacción es «extremadamente reducido», especialmente si el agresor utiliza un vehículo, lo que deja a los agentes «apenas unos segundos» para intervenir.

El Ministerio de Igualdad insiste en que la eficacia del sistema no depende sólo de la tecnología sino también de «las condiciones fijadas en la medida judicial».

No coincide con las fuentes judiciales

Ante esta respuesta, el senador popular Miquel Jerez, considera que el Gobierno escurre el bulto y «traslada el foco a los jueces para no asumir responsabilidades políticas propias». A su juicio, el Ejecutivo utiliza la distancia de alejamiento como coartada para evitar explicar por qué no se actuó a tiempo si, como sostiene, el sistema sí registró la aproximación del agresor.

Jerez cuestiona la coherencia de la versión de Moncloa porque no coincide con las fuentes judiciales ni con los testimonios de los afectados, que apuntan a posibles fallos o retrasos en el sistema de alerta.

Jerez incide, además, en que la orden de alejamiento no depende únicamente del juez, ya que en su adopción interviene también el Ministerio Fiscal. «Si la distancia resultó insuficiente, lo razonable sería analizar qué se propuso y con qué información se contaba», sostiene.

El caso presenta además una contradicción relevante. El Ministerio de Igualdad aseguró tras la agresión que la Sala COMETA había recomendado el pasado 8 de enero ampliar la orden de alejamiento a 350 metros. Sin embargo, en los juzgados de Ibiza no consta la recepción de dicha recomendación.