Guerra de versiones por el supuesto fallo de una pulsera VioGen en Ibiza

Una semana después de la brutal paliza que un hombre propinó a su expareja en Ibiza —una mujer de 31 años que contaba con una orden de alejamiento en vigor y en cuyo ataque también resultaron heridas su madre y su hermana— la cuestión clave sigue sin resolverse: ¿funcionó correctamente la pulsera VioGen que debía protegerla? La familia sostiene que el dispositivo no emitió ninguna alerta; el Ministerio de Igualdad responde que el sistema actuó conforme al protocolo. Sin embargo, fuentes judiciales apuntan a que la pulsera que no funcionó como debía.

El martes, los padres y la hermana de la mujer acudieron a los juzgados de Ibiza, donde el presunto agresor —de 34 años— compareció tras ser detenido por la Guardia Civil acusado de violencia machista. A las puertas del juzgado, la familia denunció que la pulsera antimaltrato «no sonó».

Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de su expareja. Sin embargo, según el relato de la hermana, de 27 años —que también resultó herida durante el ataque— el dispositivo no emitió ninguna alerta cuando el agresor accedió a la vivienda. «No dio el aviso cuando debería haberlo dado», afirmó, y se lo encontraron dentro de casa armado.

La hermana de la víctima explicó que fue ella quien llamó a los agentes a las 9.59 horas y que, según sus cálculos, el hombre llevaba ya «quince minutos» en el interior del domicilio. Cuando llegaron, comenzaron «a escuchar porrazos» y el agresor «empezó a arremeter contra todo aquel que se le ponía por delante». Tanto ella como su madre, de 56 años, tuvieron que ser atendidas en las Urgencias del Hospital Can Misses por contusiones y traumatismos al tratar de defender a la víctima.

La familia asegura que si el dispositivo hubiera alertado a tiempo, la agresión podría haberse evitado o al menos reducido en su alcance. Su denuncia introduce una duda directa sobre la eficacia real del sistema de control telemático en este caso concreto.

El Ministerio se reafirma en que la pulsera funcionó

A pesar de la gravedad de los hechos, el Ministerio de Igualdad ha cerrado filas en torno a la tecnología. Según el departamento, tras realizar «todas las comprobaciones», la pulsera «funcionó correctamente durante todo el incidente» y la gestión de la Sala Cometa fue «conforme al protocolo».

Pero esta versión choca frontalmente con la investigación judicial en los días posteriores. Según confirmaron fuentes judiciales al Diario de Ibiza, el dispositivo que portaba la mujer para protegerse de su agresor «no funcionó como debía».

En su atestado, la Guardia Civil aclaró que la patrulla no se desplazó alertada por la señal de socorro del terminal de VioGén sino por la llamada desesperada de un familiar de la víctima, la hermana.

Las mismas fuentes consultadas por el rotativo ibicenco califican el comportamiento del dispositivo de «errático» y muestran su «sorpresa» ante las afirmaciones del Ministerio de Igualdad, que sostiene que el sistema funcionó correctamente.

Para el departamento que dirige Ana Redondo, el dispositivo registró y transmitió las señales previstas conforme al protocolo. Desde su perspectiva, no habría existido un fallo técnico en la pulsera.

El Ministerio pone el foco en la distancia fijada en la orden de alejamiento. En este caso era de 100 metros, un perímetro que, según Igualdad, limita de forma considerable la capacidad de reacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante un acercamiento repentino. Aunque el sistema detecte la vulneración, el margen temporal para intervenir puede resultar insuficiente.

No consta la ampliación de la orden de alejamiento

Pese a que el agresor contaba con una orden de alejamiento de tan solo 100 metros —una medida que el propio departamento admite ahora como insuficiente—, el Ministerio asegura que intentó corregir el margen de seguridad semanas antes de la agresión.

Fuentes del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza aseguraron a IB3 que «no tienen constancia» de que dicha petición de ampliación llegara jamás a su mesa, dejando en evidencia el relato de Igualdad.

La brecha abierta entre las versiones de Interior e Igualdad trasladó la presión directamente al despacho del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que optó este viernes por el repliegue institucional. En un comunicado, recordó que en «este momento hay un procedimiento judicial abierto para aclarar las circunstancias de esta agresión y determinar las medidas oportunas». Con el argumento de «no interferir en las diligencias que se instruyen en la actualidad», la institución declinó hacer más valoraciones hasta conocer «las conclusiones de la investigación policial».

El mutis del delegado de Gobierno

No obstante, la Delegación quiso hacer pública su «condena enérgica y rotunda de este caso de violencia de género» y trasladó su apoyo a la víctima —que se recupera de fracturas faciales y un doble neumotórax—, así como su reconocimiento a la labor de los agentes que, pese al fallo técnico, lograron detener al agresor y ponerlo a disposición judicial.

Este caso se produce además en un contexto en el que la Fiscalía General del Estado reconocía en su memoria anual de 2024 la detección de «múltiples fallos» en dispositivos telemáticos.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, exigió al delegado del Gobierno a «dar la cara» y ofrecer toda la información para que «se aclaren todas las dudas y que, en caso de que haya fallado el dispositivo, evidentemente, se asuman responsabilidades».

Para la líder del Ejecutivo autonómico, la falta de explicaciones ante un fallo que pudo ser fatal es inasumible: «El silencio no es una opción», advirtió.

El Consell de Ibiza se ha sumado a la exigencia de transparencia reclamando a la Delegación del Gobierno la convocatoria inmediata de un Comité de Crisis para diseccionar qué falló en el protocolo de Sant Antoni.

La víctima sigue «igual» en la UCI

Por su parte, el Govern ha movilizado al Instituto Balear de la Mujer (IB-Dona), que ya ha solicitado formalmente todos los datos e informes oficiales sobre el caso. El objetivo de la administración regional es forzar una reunión bilateral con la Delegación para esclarecer si existió un error técnico o humano en el dispositivo antimaltrato.

Mientras se depuran responsabilidades, la mujer de 31 años continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece con pronóstico reservado.

La agresión le provocó un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, múltiples fracturas faciales, perforaciones en ambos pulmones, fractura de un brazo y diversos politraumatismos. Días después del ataque tuvo que ser sometida a una segunda intervención quirúrgica en la cabeza.

Según el último parte facilitado por el centro sanitario, «todo sigue igual». Una semana después, su evolución continúa siendo incierta.