El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz
Tribunales
La universidad pública de Baleares organiza una mesa redonda sobre la sentencia al exfiscal general del Estado
Dos catedráticos Derecho Penal y Procesal debatirán sobre la sentencia del Supremo al exfiscal general, mientras Justicia tramita dos peticiones de indulto
la Universidad pública de Baleares (UIB) celebra mañana viernes una mesa redonda en la que se debatirá la sentencia contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la que fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por haber filtrado información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La actividad, organizada por la Facultad de Derecho y titulada «La sentència de condemna a l’(ex)fiscal general de l’Estat, a debat», contará con la intervención del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Chozas Alonso y el catedrático emérito de Derecho Penal de la Universitat de València, el doctor Juan Carlos Carbonell Mateu. La mesa será moderada por el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears Eduard Ramón Ribas.
Sobre la mesa, esa sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados al haber quedado probado su relación con la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por un presunto delito tributario.
La sentencia
La sentencia apunta a que queda probado que fue el entonces fiscal general del Estado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien filtró el contenido del correo confidencial y que posteriormente fue difundido en medios de comunicación.
La sentencia ponía el acento en la nota informativa emitida por la Fiscalía en la que se recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos. En su confección, el propio acusado admitió su intervención directa. La jefa de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo, reconoció haber redactado el cuerpo de la nota al dictado de García Ortiz.
Para la Sala Segunda del Supremo, no cabe «una explicación alternativa razonable» de lo sucedido fuera del ámbito de control del ex titular del Ministerio Público. Los magistrados sostienen que existe un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente» que permite afirmar que la filtración se produjo desde su entorno inmediato.
El tribunal sitúa el origen de los hechos en un «acceso singular» del condenado a documentación sensible durante la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se manifestó una urgencia inusual por acceder al conjunto de correos electrónicos. La sentencia también menciona la llamada de un periodista de la Cadena SER minutos antes de la difusión del contenido filtrado, así como el posterior borrado de registros en terminales móviles e informáticos.
Entre los elementos considerados relevantes figura también la acusación directa formulada por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contra su superior jerárquico.
El Tribunal Supremo recuerda en su resolución que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito y subraya que sobre él pesaba un «reforzado deber de reserva», que fue quebrantado sin justificación. Añade además que la obligación de custodiar datos reservados no desaparece aunque parte de la información hubiera sido objeto de tratamiento público con anterioridad.
La sentencia incluye dos votos particulares emitidos por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que defienden la absolución al no considerar probado que García Ortiz fuera el autor de la filtración y al no apreciar delito en la difusión de la nota informativa, frente al criterio mayoritario de la Sala.
Dos peticiones de indulto
La mesa redonda convocada por la universidad pública de Baleares se celebra además en un contexto marcado por la apertura de solicitudes de indulto para el condenado.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, tramita actualmente dos peticiones que han sido registradas tras la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz.
La primera solicitud comenzó a tramitarse a finales de enero, después de que dos particulares pidieran el indulto total del exfiscal general. La iniciativa fue impulsada por un fiscal y una magistrada ya jubilados, Félix Pantoja y María Virginia García Alarcón, ambos de sensibilidad progresista, que ejercieron como fiscal de sala coordinador de siniestralidad laboral y como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respectivamente.
Semanas después, el Ministerio recibió una segunda petición de indulto, presentada por una ciudadana con residencia en Valencia.
La mesa redonda de mañana tendrá lugar en la sala de actos del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos.
