Fuga en las cárceles de Baleares: 115 funcionarios se van mientras Marlaska eterniza el plus de insularidad

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue arrastrando los pies con el complemento de insularidad mientras las cárceles de Balares se vacían. El último concurso de traslados ha certificado una sangría humana y operativa: 116 funcionarios abandonan las islas de un plumazo, huyendo de un territorio donde el coste de la vida devora los salarios. Según denuncia Fernando Martorell (UGT), la situación ha cruzado el punto de no retorno: «La gente ha perdido la esperanza y se marcha».

Son trabajadores que han optado por trasladarse a la Península y que huyen de las islas porque los números no salen por el alto coste por la insularidad. Trabajadores que se han cansado de seguir esperando el prometido aumento de un plus de residencia «digno» que no llega.

En Mallorca, el centro de referencia, se han marchado 72 trabajadores y apenas han desembarcado 15. En Menorca, la situación es de parálisis: 35 salidas para sólo 4 incorporaciones. Y en Ibiza donde el precio de la vivienda es obsceno, la fuga es total: 29 bajas frente a dos testimoniales llegadas.

Es una «fuga de personal cualificado» que tendrá un impacto en «todas las áreas clave» y «comprometerá el normal funcionamiento de los centros», alerta el sindicato.

UGT lleva tiempo advirtiendo de que la falta de incentivos y alto coste de vida han creado un círculo vicioso. Las plazas de quienes se jubilan no se reponen y los nuevos funcionarios que llegan destinados de forma forzosa lo hacen con la firme idea de volverse en cuanto puedan. «La media para marcharse son dos años, el tiempo mínimo para puntuar y poder pedir otro destino. Si no fuera por ese límite, la fuga sería total», explica Martorell.

El resultado es demoledor. De los 10.500 trabajadores –en total, no sólo de prisiones– que debería tener la Administración del Estado en las islas, apenas están cubiertos 7.000. Una carencia que choca con la realidad demográfica de Baleares, «la comunidad que más crece en población pero menos funcionarios tiene para atenderla», recalca el portavoz de UGT.

Según la relación de puestos de trabajo del Ministerio del Interior, en Mallorca hay 456 plazas de personal funcionario y 55 de personal laboral. De la primera categoría hay 57 vacantes y de la segunda, 24. En el concurso de traslados de este mes de abril se han marchado 72 trabajadores y se han incorporado 15.

Algo parecido sucede en la cárcel de Menorca, donde hay 118 plazas de personal funcionario y diez de personal laboral, con 46 y siete vacantes, respectivamente. En el concurso de traslados se han ido 35 y han llegado cuatro.

En Ibiza hay 102 plazas de funcionario y nueve de personal laboral, con 35 y tres vacantes, respectivamente. El concurso de traslados se ha saldado con 29 salidas y dos incorporaciones.

Llega 20 años tarde

La pérdida de 115 funcionarios en los tres centros de Baleares aboca a las prisiones a un entorno «más tenso y vulnerable». UGT advierte que este déficit estructural, lejos de ser puntual, dispara la carga de trabajo y compromete la seguridad y la operatividad de los centros

Detrás del éxodo de funcionarios hay una asfixia económica que el Ministerio del Interior observa con indolencia desde hace tiempo. El punto de fricción es el plus de residencia, una cuantía que debería compensar el sobrecoste de vivir en el archipiélago y que desde hace mucho tiempo se ha quedado corto. « Tenemos esa estructura de hace 60 años y en los últimos 20 años ya no hace esa función», avisa Martorell, que aunque celebra que el Gobierno central esté ahora por la labor de equiparar el complemento de insularidad o de residencia (es lo mismo) «llega 20 años tarde».

La indemnización que reciben los funcionarios estatales sigue congelada en el tiempo. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene a sus trabajadores en las Islas con un complemento que, en muchos casos, apenas roza los 100 euros mensuales. Una cifra «ridícula» si se compara con los incentivos que reciben los funcionarios destinados en Canarias, donde la compensación es significativamente mayor, y también en Ceuta y Melilla.

Sin embargo, tras dos décadas de negativas, el Gobierno central finalmente se abrió a finales de 2025 a equiparar el plus de insularidad de Baleares con el de Canarias, pero con un calendario que los sindicatos tachan de «insultante». El compromiso es cerrar el acuerdo en 2026.

El plus de Canarias se queda corto para Baleares

Para UGT, esta apertura llega tarde y nace coja. «No tendrá el efecto esperado porque las cantidades de Canarias ya son insuficientes para la realidad actual de Baleares», advierte Martorell.

En las islas mayores, la diferencia apenas supondría entre 50 y 100 euros extra al mes, una cifra que «no va a cambiar nada» frente al precio de los alquileres. Sólo en las islas menores el aumento –a partir de 300 euros– podría suponer un alivio real.

Mientras el Ministerio del Interior observa la asfixia de sus trabajadores sin prisas, el contraste con la administración regional es evidente. El Govern balear de Marga Prohens ya aprobó un aumento progresivo de su propio complemento de insularidad para sus 70.000 funcionarios, buscando equiparar las categorías más altas con los niveles canarios.

Entretanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez fía la seguridad de las prisiones al «sobreesfuerzo» y al aguante físico de una plantilla agotada. Si las mesas de negociación no aceleran los plazos y mejoran las cuantías antes de 2026, la Administración del Estado en Baleares corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío. «Y seguirá empeorando la situación».