Marlaska bloquea desde hace siete años viviendas para funcionarios en Ibiza

Ni policías ni funcionarios quieren trabajar en Ibiza. El motivo no es el destino sino el precio de vivir en la isla. La crisis de vivienda que azota a Baleares desde hace años está provocando una acuciante falta de trabajadores que afecta especialmente a las administraciones estatales. Los funcionarios se niegan a trabajar en la isla porque el precio medio del alquiler se come sus salarios. Y muchos de los que se ven obligados a desplazarse a la isla acaban viviendo en pisos compartidos como si fueran estudiantes o, en el peor de los casos, en caravanas en asentamientos ilegales. A pesar de ello, el Ministerio de Interior sigue sin dar solución al problema. Ni se aprueba un plus de insularidad como el que tienen los mismos funcionarios en Canarias ni se dan pasos para construir viviendas públicas para ellos.

El caso más llamativo es el del solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional, ubicado en la ciudad de Ibiza y en el que se acordó en 2019 construir vivienda pública para personal de este cuerpo y para residentes en la isla. Un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Interior dirigido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, el anterior Govern balear de la socialista Francina Armengol y el Consell Insular, gobernado entonces también por el PSOE. Poco después se adhirió el Ayuntamiento de la ciudad, en aquellos momentos en manos del socialista Rafa Ruiz. Siete años después sólo una cosa se mantiene: Grande-Marlaska sigue en su cargo y el solar continúa siendo un páramo. El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular de Ibiza, gobernados hoy por el PP, han pedido al Ministerio de Interior la cesión del suelo para levantar viviendas públicas pero sin obtener respuesta.

El protocolo firmado en 2019 nunca llegó a convertirse en convenio. Interior responsabilizó del fracaso al socialista Josep Marí Ribas, entonces titular de la Conselleria balear de Vivienda, y explicó que nadie había respondido a sus requerimientos para activar el proyecto entre 2019 y 2021. Con el protocolo ya caducado en febrero de 2023, Interior se dirigió al Consell con el fin de firmar un nuevo acuerdo similar al rubricado cuatro años antes: el ministerio aportaba el solar, el IBAVI construía con fondos autonómicos y el Consell se comprometía a adquirir un número indeterminado de viviendas.

Pero todo volvió a cambiar cuando Interior decidió que el solar serviría para levantar una residencia para funcionarios. Ya en 2025 la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso dio luz verde a una Proposición no de ley en este sentido de la diputada socialista Milena Herrera. Una proposición que parece haber quedado también en un cajón. Grande-Marlaska explicó aquel mismo año en el Senado que la residencia estaba contemplada como proyecto en el II Plan de Infraestructuras del ministerio. Este plan no ha salido adelante debido a que el Gobierno de Sánchez no ha logrado aprobar ningún prepuesto desde 2023.

Parálisis

Ante la parálisis, el Ayuntamiento de Ibiza solicitó al Gobierno la cesión del terreno para asumir la construcción de estas viviendas tanto para funcionarios como para residentes. Nunca hubo respuesta. Ahora el Consell de Alcaldes de la isla ha aprobado una petición similar en relación con todos los solares de titularidad estatal de Ibiza. El presidente insular, el popular Vicent Marí, ha asegurado que en el de la antigua comisaría podrían levantarse hoy unos 200 pisos, gracias a los cambios normativos aprobados por el Govern balear de Prohens en materia de vivienda. «Tener un solar de esas características sin desarrollar es un lujo que no podemos permitirnos», ha dicho.

Las instituciones isleñas están dispuestas a asumir el proyecto mediante la fórmula de colaboración público-privada conocida como Construir para Alquilar. «Si son incapaces de llevarlo a cabo», ha concluido Vicent Marí, «seremos nosotros los que nos encarguemos de ello». Mientras tanto, la parcela sigue vacía y la falta de vivienda sigue expulsando de Ibiza a quienes deberían sostener sus servicios públicos.