El plan de Sánchez para prolongar el sanchismo en las instituciones hasta 2030 se le está torciendo

Por una cuestión biológica, o al menos lógica, es evidente que Pedro Sánchez tiene más pasado que futuro en el Gobierno. Aunque el presidente sostiene que gobernará hasta 2027 y, después, hasta 2031. «En 2031, España será un país mucho mejor gracias a otros cuatro años más de Gobierno progresista», pronosticó la semana pasada ante los miembros del entregado Comité Federal del PSOE.

Esta semana termina con una nueva vuelta de tuerca en la degradación democrática e institucional. Termina con tres nuevos retratos en la galería de ilustres imputados del sanchismo. Son los de la directora general de la Guardia Civil, su director adjunto operativo y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Pero los tres seguirán en sus puestos porque Sánchez cree estar en una guerra en la que no puede hacer prisioneros. Ya lo decía John Rambo (permítanme el sarcasmo): «Si quieres sobrevivir a una guerra, conviértete en guerra». Y en esas está el presidente, que ve enemigos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, la Policía Nacional, algunos infiltrados en la Fiscalía General del Estado...

Sánchez está especialmente contrariado porque, durante esta legislatura, ha intentado crear un Estado sanchista que se prolongue hasta la década de los 30. Para que, si fuera necesario, les sobreviviera a él mismo y al PSOE. Ese era el plan, pero se está torciendo. Lo que parecía atado y bien atado no lo está tanto.

En el caso del Tribunal Constitucional, compuesto por 12 magistrados, el PSOE ha pinchado en hueso en su intención de prolongar al menos hasta 2029 la proporción actual de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. Este 2026 tocaba renovar a los cuatro magistrados que elige el Senado por mayoría de tres quintos. Entre ellos, al propio Cándido Conde-Pumpido (cada tres años se renuevan cuatro magistrados). Sin embargo, el PP mantiene bloqueada esa renovación parcial porque, de producirse con la aritmética actual en el Senado, el PP y el PSOE se repartirían dos magistrados cada uno, de manera que la mayoría de izquierdas se mantendría. Los populares quieren esperar hasta después de las elecciones: si la próxima legislatura suman esos tres quintos de la Cámara Alta con Vox, los cuatro magistrados los designaría la derecha. Y ahí sí cambiaría la mayoría.

El Gobierno entró a machete en el Consejo de Administración de RTVE en octubre de 2024, por la vía del real decreto ley. Cambió el número de consejeros, las mayorías necesarias para su elección y hasta su mandato. Pretendía, y aún pretende, controlarlo con una mayoría de izquierdas e independentista hasta finales de 2030. Porque los 15 consejeros fueron elegidos en noviembre de 2024 para un mandato de seis años, con posibilidad de renovar para un segundo. Pero, creado el precedente, lo que un real decreto ley asaltó, otro real decreto ley del siguiente Gobierno puede modificarlo.

La renovación del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también se le ha atragantado al Gobierno. El pasado 16 de junio venció el mandato de su presidenta, Cani Fernández, y de dos vocales. Su mandato también es de seis años. Aunque corresponde al Ejecutivo proponer los nombramientos, estos deben ser aprobados por la Comisión de Economía del Congreso. Los socialistas necesitan a Junts, y Junts ni está ni se le espera.

En el Consejo General del Poder Judicial, su composición actual se extenderá hasta julio de 2029, ahí sí. En julio de 2024, el PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para desbloquear el nombramiento de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces y reformar la Ley orgánica del Poder Judicial (esto último quedó en papel mojado). Los vocales fueron elegidos para un mandato de cinco años. Y también su presidenta, Isabel Perelló, que a su vez es presidenta del Tribunal Supremo.

En la Fiscalía General del Estado y el CIS, los relevos son inmediatos si así lo quiere el Gobierno entrante. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, fue elegida en noviembre de 2025 para un mandato de cuatro años, pero el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la posibilidad de su cese «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto». El presidente del CIS, cargo que desde junio de 2018 ocupa José Félix Tezanos, es «nombrado y separado» por real decreto del Consejo de Ministros, según la ley.

En septiembre de 2024, el entonces ministro José Luis Escrivá fue designado gobernador del Banco de España. Se suponía que el PSOE quería pactar el nombramiento con el PP y luego le dijo que eran lentejas. Su mandato tiene una duración de seis años, hasta septiembre de 2030, sin posible renovación. Antes que él, el último gobernador del Banco de España nombrado por un Gobierno socialista fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de infausto recuerdo por su actuación en la quiebra del sistema financiero.

La renovación en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, se ha producido hace escasos meses. En concreto, en marzo, cuando fue designada Inés Olóndriz, que hasta entonces era un alto cargo del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Su mandato durará seis años, hasta marzo de 2032. Llegada esa fecha, no puede renovar para un segundo mandato, pero hasta entonces está blindada: un nuevo Gobierno no podría cesarla. La anterior presidenta, Cristina Herrero, acabó a malas con el PSOE porque se le ocurrió criticar que su sucesora fuera a ser un cargo destacado del Ejecutivo, cuando se supone que la AIRef es, como su propio nombre indica, independiente.

En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Gobierno reformó la ley que la regula en marzo de 2023, para alargar el mandato de su presidente, vicepresidente y consejeros de cuatro a seis años. Aunque sin posibilidad de reelección. En diciembre de 2024 fue designado presidente Carlos San Basilio, que había sido secretario general del Tesoro con Nadia Calviño. Y Paloma Marín como vicepresidenta. Estarán hasta finales de 2030.

El Tribunal de Cuentas merece una mención especial. Su actual composición es fruto de un pacto entre socialistas y populares en octubre de 2021, cuando el líder de la oposición era Pablo Casado. Ambos partidos se repartieron seis consejeros cada uno. Los 12 consejeros fueron nombrados para un periodo de nueve años, que por tanto no vence hasta finales de 2030. Al frente, el Gobierno socialista situó como presidenta a Enriqueta Chicano, para un periodo de tres años que renovó a finales de 2024 para otros tres, hasta finales de 2027. Chicano fue llamada a declarar a la comisión de investigación del Senado por la presunta caja B del PSOE, que desde diciembre investiga la Audiencia Nacional en una pieza separada. Allí sostuvo que el Tribunal de Cuentas audita lo que los partidos le mandan y no audita lo que no le mandan.

La alargada sombra del sanchismo no es ya tan larga.