Catalina Cabrer, consejera de Trabajo en BalearesC.S.

Derechos laborales pisoteados

«El Gobierno de Sánchez tiene funcionarios sin Seguridad Social, esto es un escándalo descomunal»

La consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Gobierno balear, Catalina Cabrer, habla del caso de los empleados públicos de Justicia que no cotizan, destapado por 'El Debate'

A puertas del 1 de mayo, Día del Trabajador, Baleares puede decir que asiste a un escándalo laboral sin precedentes en la administración pública: funcionarios de Justicia que trabajan -o han estado trabajando- sin estar inscritos en la Seguridad Social. Una infracción muy grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que conllevaría multas, pagos atrasados y recargos -incluso cargas penales- en el caso de la empresa privada. El Govern de la popular Marga Prohens lo ha elevado a Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo. ¿Yolanda Díaz contra Bolaños?

—Usted es la máxima autoridad laboral en las islas. ¿Cómo llega este asunto a la Conselleria de Trabajo?

—Lo leí en El Debate, precisamente. Y, sinceramente, me parecía tan grave, tan tremendo, que me resultaba imposible de creer. No daba crédito. Hablé con el CSIF (el sindicato denunciante) y les cité para reunirnos inmediatamente. El lunes ya estábamos hablando y nos explicaron pormenorizadamente esta irregularidad -la más grave y más llamativa- y otras muchas, muy preocupantes también.

—Les muestran las pruebas de que hay empleados públicos de Justicia trabajando sin estar inscritos en la Seguridad. En total, unos 70 entre estabilizados e interinos.

—Efectivamente, y me trasladan un desánimo inmenso y muchísima preocupación de la plantilla. La Justicia atraviesa una situación caótica en Baleares. Los trabajadores no saben muy bien dónde tienen que trabajar, no saben muy bien cuál es su puesto. Por no tener, no tienen ni un ordenador. Necesitan que un funcionario se vaya a merendar para que les pase las claves y ellos puedan avanzar, lo cual me parece inaudito.

«Imagine que alguno de ellos tiene un accidente laboral. Eso ya es delito penal»

—Hay un problema muy grave en Gerencia.

—Sí. Pero es que sólo tienen a una persona, y me dicen que está a punto de reventar. Piense que la Administración de Justicia tiene miles de tareas de Personal y sólo hay dos manos.

Yo me pregunto: ¿cómo se van a regularizar sus nóminas?, ¿Qué va a pasar con sus salarios si están trabajando sin estar de alta? Ya no digamos qué pasaría si hubiera un accidente de trabajo, porque esto ya son responsabilidades penales. En cualquier empresa privada, evidentemente, tomaríamos medidas pero es verdad que siendo la Administración Pública del Estado y Justicia, para más inri, clama al cielo. Es un escándalo del Gobierno de Sánchez.

—Su consejería ha dado traslado a Inspección de Trabajo.

—Sí, yo como autoridad laboral no podía leerlo, decir «ay qué pena» y cruzarme de brazos. Mi deber era (es) actuar ante cualquier tipo de denuncia de este estilo. Lo hemos hecho con un oficio, trasladando todo, y poniendo los datos de las personas que nos han venido a ver para cualquier aclaración. Y además la directora general de Trabajo ha hecho una llamada telefónica al director territorial de Baleares para expresar nuestra preocupación.

—¿Qué les ha dicho él?

—La preocupación es compartida, evidentemente. Nos ha dicho que se ponían inmediatamente a ello.

«La Justicia atraviesa una situación caótica en Baleares»

—Hablamos de casos flagrantes como, por ejemplo, el de una trabajadora que tiene un mes y medio de limbo porque el carácter retroactivo no cubre la totalidad…

—El CSIF me explicó que, fruto de vuestra noticia en prensa -en eso estaban agradecidos, dentro del desastre-, estaba empezando a haber altas. Pero claro, yo les expliqué -me he dedicado muchos años a esto- que no es lo mismo la fecha real del acta del alta que la fecha de efectos.

—Ha dicho que gracias a la noticia de 'El Debate', hubo altas en bloque. Qué casualidad.

—Sí, y no estaba todo el mundo de alta todavía. Es un escándalo mayúsculo. Imagine que alguno de ellos tiene un accidente laboral, un accidente in itinere: eso ya es delito penal. Habría una responsabilidad penal. Esto es una desprotección a los trabajadores gravísima.

Por otro lado, el CSIF también me ha advertido de graves problemas de seguridad y salud en el trabajo: estrés, falta de medios, descoordinación. Por eso tienen un índice importante de absentismo y de bajas. Y así está funcionando también la administración de Justicia que recibe el ciudadano.

La izquierda nos recriminaba nuestras reticencias con los trabajadores inmigrantes y resulta que ellos tienen a funcionarios sin Seguridad Social

—Y todo esto, de parte de un Gobierno de izquierdas. Vaya 1 de mayo.

—Esto demuestra que no son lo que predican. El otro día, en el Parlament balear, la izquierda nos recriminaba que pusiéramos reticencias a dar de alta a los trabajadores inmigrantes que se están regularizando y resulta que ellos, el PSOE, tienen a sus funcionarios del Estado -que son personas con oposiciones- con un nivel de vulnerabilidad máxima.