Funcionarios de Justicia en Baleares trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social

Tener a un trabajador sin dar de alta en la Seguridad Social en España es una infracción muy grave, con consecuencias relevantes en tres planos: administrativo (multa), económico (pagos retroactivos y recargos) y, en determinados casos, penal. La Administración lo persigue con dureza a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las autoridades laborales. ¿Pero qué pasa cuando quien incumple es la propia Justicia? En Baleares está ocurriendo.

El sindicato CSIF denuncia en El Debate que hay funcionarios de la Administración de Justicia que están trabajando sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social. Se trata de empleados que han tomado posesión de su plaza dentro de los procesos de estabilización, pero cuya incorporación no ha sido comunicada correctamente a los órganos centrales ni regularizada administrativamente.

«Hay compañeros que han tomado posesión y no están dados de alta en la Seguridad Social», advierte Pablo Rodríguez, portavoz de CSIF Justicia en Baleares. Según explica, la gerencia territorial no ha podido tramitar estas altas por falta de medios humanos, lo que ha derivado en una situación que califica de «absolutamente anómala».

La Justicia incumple lo que ella misma persigue

El problema no es solo formal. Al no constar esas incorporaciones, en el Ministerio de Justicia esas plazas siguen apareciendo como vacantes, lo que ha llevado incluso a que se vuelvan a ofertar como si no estuvieran ocupadas. Un desajuste que añade más desorden a un sistema hipertensionado.

La paradoja es evidente. La propia Administración que sanciona a empresas por incumplimientos laborales estaría incurriendo en una práctica que, en el ámbito privado, conlleva multas de miles de euros, el pago de cotizaciones atrasadas y, en los casos más graves, responsabilidades penales. «La Administración debería ser ejemplar», subraya Rodríguez.

Esta denuncia se produce en un contexto de deterioro generalizado de la Administración de Justicia en Baleares, marcado por la falta de personal, medios y organización. A la irregularidad en las altas se suma una situación igualmente insólita: funcionarios que no pueden trabajar porque no tienen ordenador.

Una treintena de empleados públicos lleva semanas sin actividad efectiva por la ausencia de equipos informáticos adecuados. En sedes como Vía Alemania, Sa Gerreria o Manacor, la escena se repite: trabajadores en sus puestos, pero sin herramientas para desempeñar sus funciones. «No hay teclado que pulsar, no hay pantalla en la que tramitar», resume Rodríguez. La naturaleza del trabajo judicial impide la utilización de ordenadores personales. El Ministerio lo sabe, y no hace nada.

A esta falta de medios se añade la implantación de nuevos sistemas informáticos y organizativos que no han terminado de funcionar. La transición del programa Minerva al nuevo Atenea, todavía incompleto, ha generado una operativa híbrida que ralentiza aún más la tramitación.

Retrasos insoportables para el ciudadano

El resultado es una Justicia más lenta y menos eficaz. «Se está dando un peor servicio público», reconoce el portavoz de CSIF. Los retrasos afectan a todas las jurisdicciones, desde la civil hasta la social, con consecuencias directas para los ciudadanos.

Además, la falta de personal cualificado agrava la situación. La bolsa de interinos está prácticamente agotada, lo que ha obligado a recurrir a servicios de empleo con personal sin formación específica. A ello se suma la pérdida de especialización tras la reorganización de funciones, que ha dejado a muchos funcionarios trabajando en materias que desconocen.

El clima laboral también se resiente. Sobrecarga, desorganización y falta de recursos están provocando situaciones límite entre los trabajadores, con bajas por ansiedad y una creciente frustración.