¿Qué fue de las mascarillas de Armengol? Un millón y medio del 'lote Koldo' se pudren en un almacén

En una nave industrial en Marratxí, municipio limítrofe a Palma, descansa el monumento más incómodo a la gestión de Francina Armengol en Baleares. Un millón y medio de mascarillas compradas a la trama Koldo que, seis años después, son un amasijo de cajas precintadas, cubiertas por una capa de polvo y condenadas a la basura.

El almacén del Servicio balear de Salud (IB-Salut), al que ha accedido El Debate, guarda unos 85 palés de madera con el peso de una estafa que le costó 4 millones de euros al erario público.

Las estanterías de cuatro alturas están ocupadas a rebosar. Cada caja tiene el mismo rótulo: «KN95 protective masks». En su interior, paquetes de 10 unidades que nadie usó. Según el recuento, llegaron 1.530.228 protectores repartidos en siete lotes distintos. Un pasillo entero de material sanitario que nació bajo sospecha y ha muerto caducado.

El 27 de abril de 2020 se recibió este cargamento con urgencia, en lo peor de la pandemia del Covid-19. Seguidamente, se aplicó una celeridad llamativa en el pago. Mientras el plazo medio de la Administración era de 43 días, el Gobierno de Armengol abonó la factura de 3,7 millones (que rozó los 4 millones incluyendo la logística) en apenas cinco días hábiles, el 5 de mayo. Se pagó a ciegas, o peor aún, con los ojos cerrados ante la evidencia.

Material «satisfactorio»

Apenas un mes después, el 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Protección de Material ya emitió un veredicto letal. Las mascarillas eran inservibles para proteger a los sanitarios en primera línea. El material que vendió la empresa Soluciones de Gestión S.L. no cumplía con los estándares FFP2.

A pesar de este informe, el Ejecutivo de Armengol no sólo no reclamó, sino que dos meses más tarde, el 12 de agosto de 2020, el subdirector de Compras, Antonio Mascaró, certificó por escrito que la empresa había cumplido de «manera satisfactoria». Una conformidad en toda regla. Y luego las mascarillas fueron escondidas en Marratxí, donde el tiempo empezó a correr en su contra.

Hoy, salpicado por la investigación judicial a la trama de Koldo, el PSOE de Armengol se aferra a la tesis fabricada a última hora de que el material se compró para «uso doméstico» o «extra-hospitalario». Pero la realidad documental desmiente el relato.

La resolución de emergencia firmada el 4 de mayo de 2020 por Juli Fuster, entonces director del IB-Salut, dice que la contratación era para atender las necesidades de profesionales sanitarios. Y a ese precio de FFP2 se pagaron, para más inri.

El olvido en los almacenes duró casi tres años. Ni siquiera la visita de la UCO al servicio de Salud en julio de 2022, requiriendo los detalles de esta compra fallida -en una investigación embrionaria-, hizo que movieran un papel de reclamación.

Tres años olvidadas

Ya con los motores preelectorales de 2023, el 20 de marzo, Manuel Palomino, director general del IB-Salut —quien mantuvo contacto directo con la trama corrupta a través de su correo personal—, admitió por correo electrónico a la empresa de la trama que el material «no cumplía con los requerimientos». Pero aunque avanzó que tomaría las medidas oportunas «con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situación que ha ocasionado este hecho», no hizo ninguna reclamación.

Para entonces, el desastre era absoluto. Sólo quedaban 2.288 mascarillas en buen estado, apenas el 0,15 % del lote. El resto había caducado el 9 de marzo de 2023.

El inicio de propuesta de reclamación llegó el último día de la legislatura tras el batacazo electoral de Armengol en mayo de 2023, en lo que parece una maniobra para cubrirse las espaldas. Pero en lugar de exigir la devolución íntegra de los cuatro millones perdidos por un producto defectuoso y caducado, el Govern saliente de Armengol sólo planteaba pedir 2,6 millones a la trama, que era la diferencia de precio entre una mascarilla FFP2 (la que se pidió) y una quirúrgica (la que llegó). Se movió la propuesta de reclamación el último día de legislatura, cuando la popular Marga Prohens tomaba posesión de su cargo como presidenta.

Durante el traspaso de poderes, los gestores socialistas no informaron de este lote al gobierno entrante. Entregaron un libro sanitario de Baleares, con más de 600 páginas donde se detallaba la gestión de la legislatura, pero omitieron cualquier rastro del contrato vinculado al caso Koldo.

Prohens pide la nulidad del contrato

Un año más tarde, enterado por la prensa tras estallar el caso Koldo, el ejecutivo de Prohens descubrió el polémico lote de cubrebocas e inició la declaración de nulidad de pleno derecho del contrato de esta compra.

Este proceso se prolongó durante un año y se fundamentó principalmente en el dictamen favorable del Consell Consultiu, que validó la falta de solvencia técnica de la empresa adjudicataria Soluciones de Gestión SL.

Resulta determinante que la mercantil carecía de la experiencia previa y la capacidad legal necesaria para contratar con una administración pública, lo que viciaba de origen toda la operación.

La declaración de nulidad que exige ahora el Servicio de Salud balear conllevaría la restitución de las partes, es decir, que la empresa retire las mascarillas inservibles y la administración recupere el dinero invertido.

El actual equipo del IB-Salut, encabezado por Javier Ureña, no sólo reclama los 3,7 millones de euros del coste inicial, sino 4.250.000 euros, lo que incluye los 3,7 millones correspondientes a las mascarillas, 600.000 euros en concepto de intereses de demora y 175.000 euros por costes derivados del almacenaje, traslado y manipulación del material.

Ante la falta de pago voluntario, y dado que el IB-Salut carece de capacidad recaudatoria directa, el expediente se derivó a la Agencia Tributaria de Baleares. Al entrar en vía ejecutiva, se aplicó a la empresa de la trama un recargo del 20 %, elevando la deuda total a 5.366.825,50 euros.

La trama ofrece garantías de 3,7 millones

El conflicto se encuentra en el ámbito contencioso-administrativo actualmente. La empresa ha recurrido tanto la nulidad del acto como la ejecución de la liquidación, solicitando la suspensión del pago de la deuda.

En el caso de que se acuerde la suspensión de la deuda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, en representación del IB-Salut, solicita avales por valor de cinco millones de euros, que servirían para recuperar el importe total de la compra en el caso de que la justicia diese la razón al Servicio balear de Salud.

Por su parte, la empresa de la trama ofrece garantías por valor de 3,7 millones, cuya validez parece que por ahora no satisface al juzgado que está instruyendo el caso, según ha podido saber este diario.

A la espera de la decisión definitiva del juzgado sobre estos avales, el avance del expediente supondría una victoria moral y política frente a lo que se considera una estafa al erario público. Reafirmaría también que el polémico contrato carecía de cualquier base legal sólida.

Los palés de Marratxí siguen mudos, caducados y esperando que la justicia determine quién debe pagar la cuenta de una factura que ya supera los cinco millones de euros.