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Francina Armengol durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Francina Armengol durante su comparecencia en el Senado por el caso KoldoEP

Investigación

La Guardia Civil identifica a Armengol como el canal que permitió a la trama obtener 3,7 millones en contratos en Baleares

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que sitúa a Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados y entonces presidenta de las Islas Baleares, en el origen de los contactos que facilitaron la entrada de la trama Koldo en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Tal y como ha podido saber este periódico, los investigadores sostienen que ese primer acceso institucional permitió articular adjudicaciones que acabaron alcanzando los 3,7 millones de euros en contratos públicos en Baleares.

Este periódico ha tenido acceso al documento policial, en el que se detalla el momento exacto en el que se activa ese canal. El informe recoge un mensaje enviado por Koldo García Izaguirre el 25 de abril de 2020 dirigido a Armengol, en pleno contexto de emergencia sanitaria. En ese mensaje, incorporado a la causa, Koldo se presenta como interlocutor en la operación de suministro de material y señala que se encuentra con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Minutos después de ese contacto, según la UCO, se produjo una llamada del director de gestión del Servicio de Salud de Baleares se pone en contacto con Koldo, iniciando así la interlocución técnica que desembocaría en la contratación.

Los agentes consideran relevante esa secuencia temporal, no tanto por el contenido aislado de los mensajes, sino por la concatenación inmediata de los hechos. La comunicación con la entonces presidenta autonómica precede de forma directa al contacto desde el órgano gestor competente en materia sanitaria, lo que, a juicio de los investigadores, evidencia la activación de un canal institucional de alto nivel en un momento clave de la pandemia, cuando la urgencia en la adquisición de material flexibilizaba los procedimientos administrativos.

El informe analiza varias adjudicaciones realizadas por el Servicio de Salud balear a la empresa Soluciones de Gestión, una de las sociedades bajo el foco en el denominado caso Koldo. Estas contrataciones, que suman 3,7 millones de euros, se formalizaron en un contexto de contratación de emergencia, un mecanismo excepcional que permite a la Administración adjudicar directamente sin los procedimientos ordinarios de concurrencia pública. Este tipo de contratación, aunque legal en situaciones extraordinarias, reduce los controles previos y desplaza la fiscalización a un momento posterior, lo que incrementa el riesgo de irregularidades si no existe una trazabilidad clara de las decisiones.

La UCO no atribuye en este punto responsabilidades penales directas a Armengol, pero sí subraya su posición en el inicio de la cadena de contactos que permitió la entrada de la trama en Baleares. Los investigadores reconstruyen cómo, a partir de ese primer intercambio, se articula una relación entre los intermediarios de la red y los responsables técnicos de la administración autonómica, que acaba materializándose en la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas.

Fuentes de la investigación consultadas por este periódico apuntan a que ese primer contacto resultó determinante para generar confianza en el interlocutor y abrir la vía de comunicación con el Servicio de Salud. En operaciones de este tipo, explican, la validación inicial desde un nivel político facilita que los órganos administrativos activen con mayor rapidez los procedimientos, especialmente en un contexto de presión como el que se vivía en abril de 2020.

El informe de la Guardia Civil, incorporado ya al procedimiento que instruye la Audiencia Nacional, forma parte de una batería de análisis sobre distintas administraciones autonómicas y su relación con la trama. La documentación ha sido puesta a disposición de la Fiscalía y de las partes personadas, que podrán ahora examinar en detalle las comunicaciones, contratos y decisiones que rodearon estas adjudicaciones. La evolución de la causa dependerá en buena medida de cómo se interprete el papel de los distintos actores en esa fase inicial de los contactos.

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