El Gobierno deja sin ordenador a una treintena de funcionarios baleares: «Están de brazos cruzados»

Funcionarios con los brazos cruzados. No por desidia, no por falta de voluntad, sino porque no tienen un ordenador delante. No hay teclado que pulsar, no hay pantalla en la que tramitar, notificar o ejecutar resoluciones. Expedientes detenidos por una razón tan elemental como inaceptable: el ministerio de Justicia no ha proporcionado equipos informáticos. La Justicia, ya de por sí lenta, avanza ahora a un ritmo aún más exasperante.

La escena se repite por todos los juzgados: Vía Alemania, Sa Gerreria, Manacor... Una treintena de funcionarios lleva un mes paralizados porque carecen de medios para trabajar, afirma a El Debate Pablo Rodríguez, portavoz del CSIF Justicia en Baleares. La gerencia territorial lo ha elevado al ministerio y la respuesta ha sido silencio. «Estamos hablando de equipos informáticos con aplicaciones sensibles, uno no puede llevarse su ordenador y descargarse una aplicación». La naturaleza del trabajo exige sistemas seguros, homologados y conectados a plataformas oficiales.

Pero la falta de medios es solo la punta del iceberg. La implantación de la nueva ley ha coincidido con un cambio en el sistema informático que ha agravado la situación. El programa tradicional, Minerva, presentaba carencias, pero permitía trabajar. Su sustituto, Atenea, debía ser el pilar de la digitalización. El problema es que ha llegado incompleto. «Hay algunos trámites que no se pueden hacer», señala Rodríguez. La consecuencia es una operativa híbrida, confusa e ineficiente, en la que los funcionarios se ven obligados a alternar entre sistemas. «Y cuando lo quiten, toda esa información no estará en el programa nuevo», advierte.

Una peor Justicia para el ciudadano

La promesa de modernización choca así con una realidad desordenada. «La sensación es que a día de hoy se está dando un peor servicio público porque la puesta en práctica ha sido nefasta», resume Rodríguez. Lejos de agilizar los tiempos, la reforma está generando cuellos de botella adicionales en todos los órdenes jurisdiccionales: Penal, Social, Contencioso-Administrativo y Civil.

Uno de los elementos más controvertidos es la reorganización del trabajo. La ley introduce un modelo basado en servicios comunes: un servicio general, uno de tramitación y otro ejecución. Sobre el papel, el objetivo es racionalizar recursos. En la práctica, la carga de trabajo se ha disparado, especialmente el de tramitación.

«La principal queja es la falta de estudio de cargas de trabajo», insiste Rodríguez. El servicio de tramitación, ya saturado antes de la reforma, no ha sido reforzado. La situación se agrava por el agotamiento de la bolsa de interinos, lo que obliga a recurrir a personal sin cualificación específica. «Se está echando mano del SOIB, personal cero cualificado en tareas judiciales», denuncia Rodríguez.

Personal perdido y sobrepasado

El nuevo modelo también ha diluido la especialización. La creación del Tribunal de Instancia y la redistribución de funciones han dado lugar a un sistema en el que «todos hacen de todo», pero sin control claro sobre los expedientes. «Antes estabas en un procedimiento de principio a fin; ahora estás un poco en muchos», explica Rodríguez. Toca ponerse al día en tiempo récord. «Hay compañeros trabajando por las noches o en vacaciones».

A ello se suma un clima laboral cada vez más deteriorado. «Trabajas para tres o cuatro letrados con directrices contradictorias», señala. La presión ha llevado a situaciones límite: «Con más de 30 años de experiencia he visto a gente llorando, de baja por ansiedad o jubilándose cuando no pensaban hacerlo». La rotación constante de expedientes añade un factor de descontrol: «Ahora no sé lo que tengo. Heredas los expedientes de otros cinco y tú le pasas cinco a otro».

Desde el CSIF denuncian además la falta de escucha por parte del Ministerio. Las primeras incidencias se detectaron ya en julio de 2025, durante la fase inicial de implantación. «Deberían haberlo valorado y darle solución», sostiene Rodríguez. Sin embargo, lejos de corregir errores, el proceso continuó en las siguientes fases sin ajustes significativos. «Podrían haber extendido los plazos, por ejemplo, no haber metido la implantación con calzador».

El contraste entre el discurso oficial y la realidad es evidente. Mientras el ministro Bolaños defiende que la reforma transforma miles de juzgados unipersonales en tribunales de instancia más eficientes, centraliza la gestión y digitaliza los procesos, las manos de la Justicia -aquellos que la ponen en marcha cada día- describen un sistema más lento, más confuso y peor dotado.