Agentes israelíes quisieron filtrar «datos selectivos» de Pegasus contra Sánchez pero Netanyahu lo impidió

El sofisticado «caso Pegasus», que afecta al presidente Pedro Sánchez, se ha transformado con el tiempo en un tema de tensión política entre España, Marruecos e Israel. Analizar Pegasus exige descartar toda ingenuidad. No se trata sólo de un programa informático, sino de una pieza de poder geopolítico que se desliza entre Estados, empresas privadas y zonas grises del derecho internacional.

Desarrollado por la empresa israelí NSO, es un software espía capaz de infiltrarse en teléfonos móviles sin que el usuario lo perciba, acceder a mensajes, micrófono, cámara, ubicación y prácticamente toda la vida digital del sujeto. Su sofisticación técnica –incluyendo ataques «zero-click»–, que no requieren interacción del usuario, lo ha convertido en una herramienta sin precedentes en la historia del espionaje. E Israel –nos dice un conocedor del tema– «ha perfeccionado aún más el sistema».

En principio, su comercialización está restringida a gobiernos para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. En la práctica, varias investigaciones han revelado su utilización contra opositores políticos, abogados y activistas en decenas de países autoritarios, que incumplen las condiciones del contrato. Este deslizamiento entre el uso legítimo y el abuso es el núcleo del escándalo: Pegasus no es sólo tecnología, es una herramienta que aumenta la opacidad del poder.

Los teléfonos del presidente Sánchez y de varios ministros fueron afectados entre 2020-21

El caso que involucra a Madrid, Rabat y Jerusalén constituye uno de los episodios más reveladores de este desafío. Los teléfonos del presidente Sánchez y varios ministros fueron afectados entre 2020-21, con extracción masiva de datos. Las investigaciones judiciales españolas, sin embargo, han tropezado con un obstáculo decisivo: la falta de cooperación de Israel, país bajo cuya jurisdicción opera NSO. La Audiencia Nacional ha archivado la causa en dos ocasiones ante la imposibilidad de avanzar. El argumento es simple: si se permite a partes interesadas acceder a contenidos obtenidos por compradores, la fe de los clientes se desmorona y nadie querrá adquirir el sistema. Y así no funciona el espionaje, ni ahora ni nunca.

El silencio no es anecdótico, sino estructural. Pegasus es considerado material sensible de exportación, sujeto a autorización del Ministerio de Defensa israelí. Es decir, cada contrato implica –directa o indirectamente– una intervención estatal. Aquí se revela un punto muy delicado: la separación entre empresa privada y Estado se diluye en la práctica. NSO actúa como compañía, pero sus productos forman parte del poder estratégico de Israel, lo que convierte cualquier investigación internacional en un asunto diplomático antes que judicial.

En paralelo, Marruecos aparece reiteradamente en las investigaciones como uno de los usuarios del sistema en operaciones de espionaje político, incluyendo objetivos en España y Francia. Diversos trabajos periodísticos han señalado a servicios de inteligencia marroquíes como usuarios del software, en un contexto de tensiones geopolíticas frecuentes con Madrid.

Pegasus está diseñado precisamente para no dejar huella concluyente

Sin embargo, la atribución técnica es extremadamente compleja: Pegasus está diseñado precisamente para no dejar huella concluyente, lo que permite a los Estados operar en una zona de negación creíble. Lo que se sabe, por lo tanto, es fragmentario pero inquietante: infecciones confirmadas, capacidades técnicas extraordinarias, contratos gubernamentales y un patrón global de uso discutible. Lo que necesariamente se oculta es relevante: quién ordenó cada operación concreta, qué condiciones exactas imponen los contratos, qué límites tienen los clientes y, sobre todo, si funcionan mecanismos reales de supervisión.

El desafío de la coalición PSOE-Sumar-Bildu

Nuestro consultado nos explica que en Israel, dada la visión del presidente Sánchez como «un aliado del terrorismo e Irán», varios profesionales han elevado al poder político la sugerencia de «filtrar ciertos datos sobre su conducta». Pero el primer ministro, Benjamín Netanyahu, puso por encima «el total respeto del silencio... la ausencia de información es un activo estratégico, por más que exista la tentación –y en este caso cientos de pedidos de ciudadanos españoles– de «quemar a un gobierno hostil». Pero esto «afectaría la credibilidad en la total discreción israelí frente a sus clientes». Además «Israel no puede dar –suponiendo que los tenga– datos sobre este tema, pues afectaría la confianza de futuros interesados».

Los contratos de Pegasus, según distintas investigaciones, incluyen cláusulas de confidencialidad estrictas y restricciones formales sobre el uso del software. NSO sostiene que puede cortar el acceso si detecta abusos, pero la opacidad del sistema hace difícil verificar esta afirmación. En la práctica, la asimetría es evidente: los Estados adquieren una herramienta de intrusión total, mientras que el control externo es débil.

En este terreno fértil proliferan las teorías. Algunas apuntan a Marruecos como responsable del espionaje a Sánchez, en el marco de disputas diplomáticas (Sáhara Occidental, migraciones masivas). Otras sugieren que múltiples actores podrían haber tenido acceso al sistema, dado que Pegasus se vende a distintos gobiernos. Pero conviene ser rigurosos: no existe evidencia concluyente que pruebe una conspiración coordinada para «hundir» al presidente español mediante Pegasus. Sí existe, en cambio, un ecosistema donde inteligencia, política y medios se entrecruzan, y donde la información –o su ausencia– puede ser utilizada políticamente.

En ese contexto, la opinión del escritor y analista Eric Frattini aporta una lectura incisiva. El sostiene que Pegasus no puede entenderse sin el aval del Estado israelí y que su exportación responde a intereses geopolíticos. Afirma, en esencia, que «Israel sabe a quién vende» y que el control sobre el software no desaparece tras la venta, insinuando una continuidad de influencia. También plantea que el caso español no es aislado, sino parte de una dinámica global donde los Estados utilizan herramientas privadas para operaciones que prefieren no asumir públicamente.

Frattini insiste en un punto clave: el espionaje entre aliados no es una anomalía, sino una constante histórica, ahora amplificada por la tecnología. Subraya que Pegasus no creó el espionaje político, sino que lo perfeccionó hasta niveles desconocidos.

La prensa estadounidense, como The Wall Street Journal, ha subrayado el carácter estructural del fenómeno: Pegasus como síntoma de una industria global de ciber–armas en expansión, donde empresas privadas desarrollan capacidades que antes eran exclusivas de los Estados, y donde la regulación internacional va siempre detrás de la tecnología.

En definitiva, Pegasus muestra una paradoja contemporánea. Se presenta como herramienta para proteger la seguridad, pero su uso puede afectar la confianza entre Estados y dentro de las propias naciones. Se comercializa bajo marcos legales, pero opera en zonas donde la ley no siempre llega. Y, sobre todo, revela una verdad incómoda: en la era digital, el poder no sólo observa, sino que puede habitar silenciosamente en los dispositivos más íntimos de la vida cotidiana. Lo preocupante no es sólo lo ya descubierto, sino la magnitud de lo que se seguirá averiguando sin control.