El Gobierno ve ahora «evidente» apartar a los acosadores de las aulas tras un curso alargando el 'caso Roldán'

Durante todo el curso un profesor condenado por acosar a un ex alumno podía entrar cada mañana a un aula de primaria para impartir clase en Baleares. Lo hacía amparado por la ley, con su plaza garantizada y ante el terror de unos padres que se veían obligados a entregar a sus hijos a quien la Justicia había sentenciado como un acosador.

Este martes, el Consejo de Ministros puso fin a esa situación jurídica. La reforma de la Lopivi (Ley de protección a la infancia) amplía el artículo 57 para que, a partir de ahora, cualquier profesional condenado por delitos relacionados con la infancia —no sólo los sexuales— sea apartado de la docencia de forma definitiva. Es la cláusula Roldán, el mecanismo legal que el Gobierno de Sánchez ha tenido que improvisar para corregir un sistema que, hasta hoy, protegía más el derecho al trabajo de un acosador que la integridad de los alumnos.

«Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias y las adolescencias. Algo que quizá pueda parecer evidente, pero no siempre ha sido así», defendió la ministra de Infancia, Sira Rego, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconociendo que el «caso Roldán» ha sido el motor de esta reforma tras estar todo un curso posponiendo los ruegos de padres y alumnos.

Tres colegios en pie de guerra

La historia de Miquel Roldán es la crónica de un asedio que el sistema judicial no supo interpretar en clave educativa. En 2024 se incorporó en el colegio Gabriel Janer Manila de Marratxí, y los padres inician una protesta. Fue el primer foco de rebelión. Entonces el docente se dio de baja y sólo impartió un mes de clases, de mayo a fin de curso.

En 2025, fue destinado en el colegio público Maria Antònia Salvà de Son Sardina, en Palma. Los padres, al conocer el historial del nuevo docente —condenado a un año de prisión por acosar a un exalumno pero sin inhabilitación—, vaciaron las aulas e iniciaron una huelga de familias. Él volvió a darse de baja y recurrió la decisión del Govern balear de pautar una medida de vigilancia como medida preventiva. Meses más tarde, la propia administración la retiró por posible vulneración de derechos fundamentales.

La sentencia contra el docente era, a ojos de cualquier padre, una sentencia de inhabilitación moral. El juez lo condenó a un año de cárcel y una multa de 6.000 euros. En su sentencia relató mensajes constantes, persecuciones en pistas de pádel y una obsesión que obligó a un menor a vivir bajo vigilancia policial. Roldán llegó a quebrantar una orden de alejamiento y a protagonizar una inquietante desaparición navideña para promocionar un videoclip sobre un suicidio ficticio dedicado, presuntamente, a su víctima.

Sin embargo, el tribunal no le inhabilitó. Argumentó que los hechos ocurrieron fuera del horario escolar y años después de la relación profesor-alumno. Existía, decía el fallo, una «desconexión» con el sistema educativo. Una desconexión que ayer, la ministra de Infancia, Sira Rego, calificó de insostenible: «Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias».

Hasta hoy, la Conselleria de Educación de Baleares se encontraba maniatada. Sin una inhabilitación penal expresa, apartar a Roldán suponía incurrir en prevaricación. El Govern llegó a ensayar medidas desesperadas, como proponer obligarle a pasar exámenes de salud mental para evaluar su idoneidad, una vía debatida por los sindicatos y que no llegó a consumarse. En el colegio Son Pisà, donde estaba trabajado

El caso de Palma, sumado a episodios similares en Zaragoza, generó una alarma social que saltó del Parlamento balear, que el pasado mes de marzo lanzó un SOS al Congreso de los Diputados. Todos los grupos parlamentarios apoyaron la medida propuesta por el PP balear para reformar la normativa, con tres abstenciones de Vox, para garantizar la protección de los niños y subsanar las «grietas del sistema» evidenciadas por este caso.

Acaba la huelga pero todo sigue igual

Ahora se elimina la distinción entre delitos sexuales y otros delitos graves contra la infancia. El acoso, el maltrato o los delitos de odio entran en la lista negra de la docencia, y cualquier condena firme por estos motivos relacionados con la infancia y la adolescencia supondrá la expulsión inmediata del entorno educativo.

Mientras la reforma inicia su trámite parlamentario, en el colegio Son Pisà de Palma la atmósfera sigue siendo de tensa espera. Roldán sigue acudiendo a su puesto de trabajo en la sustitución que ocupa actualmente en un aula de cuarto de primaria. Las familias han desconvocado la huelga pero de momento los estudiantes de cuarto año seguirán sin asistir a clase mientras buscan alternativas para reubicar a aquellos alumnos cuyas familias no puedan conciliar. Una vez que la modificación se publique en el BOE, la Conselleria dejará de estar de manos atadas. Mientras tanto, la modificación de la ley todavía tardará un tiempo. Las familias piden medidas cautelares para que personas como Roldán no puedan trabajar con menores y realicen otros trabajos docentes.