Palma alerta que las ratas de la antigua prisión okupada podrían transmitir hantavirus

El Ayuntamiento de Palma ha dado un plazo máximo de cinco días hábiles a los cerca de 200 okupas de la antigua cárcel de Palma, situada en la calle Alfons el Magnànim, para que abandonen voluntariamente los módulos ocupados, después de que un informe municipal alertase de un grave riesgo sanitario por la proliferación de ratas y la posible transmisión de enfermedades como hantavirus, leptospirosis, salmonelosis, tifus murino, tularemia o incluso peste. La decisión llega después de que 45 de los ocupantes presentaran alegaciones al expediente de recuperación posesoria abierto por el Consistorio, todas ellas desestimadas.

La resolución se apoya en un informe jurídico de 25 páginas, al que ha tenido acceso El Debate, firmado por los servicios jurídicos municipales y por la regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio. El documento acuerda recuperar la posesión de los módulos de la antigua prisión y requerir a los ocupantes su desalojo en el plazo citado.

Uno de los puntos centrales del informe es el estado de insalubridad del recinto, con especial atención a la presencia de ratas y al riesgo de transmisión de enfermedades. El documento incorpora un informe de Sanidad que describe una situación crítica: «La circulación continua de personas en muchas estancias» y el estado higiénico del inmueble «dificulta aún más el control de los roedores». También advierte de que el recinto «no dispone de canalización útil básica de saneamiento ni posibilidad de una mínima higiene personal».

El texto detalla, además, la existencia de «garrafas de agua llenas de orines» acumuladas en los patios interiores, hasta superar «el metro de altura» en toda la extensión de tres patios. A ello se suman «latas, botellas y conservas vacías de todo tipo», lo que, según el informe, dificulta de forma extrema la colocación de portacebos con rodenticida.

El informe sanitario alerta de que la convivencia estrecha entre las personas que habitan el recinto, los residuos generados diariamente y la alta presencia de roedores constituyen «un serio problema epidemiológico» que podría afectar incluso a personas que no viven en la antigua cárcel. El documento advierte de posibles vías de transmisión zoonótica por «mordida, arañazo o ectoparásitos de las ratas», así como por contacto con heces u orines.

Entre los agentes zoonóticos citados figura expresamente el hantavirus, junto a la leptospirosis, salmonelosis, fiebres por mordedura de rata, tularemia, tifus murino y peste. El informe sostiene que las ratas «entran y salen del perímetro de la cárcel sin problema alguno» y que las condiciones actuales favorecen el ciclo epidemiológico de estas enfermedades: alta densidad de roedores, acumulación crítica de residuos, acceso de los animales a comida, falta de higiene personal, ausencia de eliminación adecuada de residuos fisiológicos humanos y falta de agua corriente.

Además del riesgo sanitario, el Ayuntamiento fundamenta el desalojo en motivos de seguridad. Policía Local y Bomberos coinciden en que la permanencia en las instalaciones supone un peligro para los ocupantes y para los servicios de emergencia. El informe recuerda que los módulos fueron diseñados para la contención de presos, lo que dificulta una evacuación rápida y segura en caso de incendio. También menciona la acumulación de materiales inflamables, la existencia de hogueras y conflictos entre grupos, algunos de los cuales han derivado en incendios intencionados.

El expediente se inició el 27 de febrero de 2026, tras un control de accesos realizado por la Policía Local los días 25 y 26 de ese mes. Posteriormente, se rectificaron errores de identificación y se amplió el censo. Tras las notificaciones, se presentaron 45 alegaciones idénticas, que el informe considera genéricas y no individualizadas.

El Ayuntamiento rechaza que el derecho a la vivienda pueda impedir la recuperación del inmueble. Sostiene que la vivienda es un principio rector, no un derecho subjetivo directamente exigible, y que la falta de alternativa habitacional no legitima la ocupación ilegal de un bien público. También señala que Palma cuenta con 393 viviendas sociales, ninguna disponible, y que no consta que los interesados hayan solicitado vivienda social o ayudas habitacionales.

El Consistorio subraya asimismo el coste público de la situación: el control policial de accesos habría supuesto 259.757 euros entre el 22 de febrero y el 26 de abril, mientras que las intervenciones de Bomberos desde enero de 2025 hasta abril de 2026 ascienden a 77.990 euros.