Vox confirma el 'efecto llamada' del proceso de regularización tras 6.500 peticiones en dos semanas

Vox asegura que el «efecto llamada» de la regularización masiva del Gobierno de Sánchez, ya se ha consumado en Baleares. Según los datos conocidos este viernes por Delegación, las islas han registrado cerca de 6.500 solicitudes durante las dos primeras semanas de aplicación, lo que a ojos del partido de Abascal en Baleares es la confirmación del polo de atracción de la medida.

La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) ha contabilizado en 14 días un total de 6.485 expedientes, de los cuales 5.575 corresponden a solicitudes de arraigo extraordinario y otros 910 a peticiones de protección internacional incluidas en el mismo marco normativo.

Paralelamente, la Oficina de Extranjería de Palma ha gestionado el 21 % de los cerca de 9.000 expedientes de arraigo que permanecían pendientes en el archipiélago antes de la entrada en vigor de la regularización, mientras que otro 31 % continúa en fase de tramitación.

«Fracaso e irresponsabilidad»

En un comunicado, Vox afirma que estas cifras «demuestran el fracaso de las políticas de fronteras abiertas y regularizaciones masivas» impulsadas por el Ejecutivo central y ha advertido de que el proceso está generando un «efecto llamada irresponsable».

El presidente del Parlament balear y líder de Vox en las islas, Gabriel Le Senne, ha afirmado que «entrar ilegalmente en España no puede tener premio» y ha acusado al Gobierno de «lanzar un mensaje peligrosísimo que multiplica el efecto llamada y agrava todavía más la presión migratoria que sufren nuestras islas».

La formación sostiene además que Baleares soporta una presión inmigratoria «insostenible» que, a su juicio, afecta «a la convivencia, la seguridad ciudadana, el acceso a ayudas sociales y la capacidad de los servicios públicos».

Vox también critica que, «mientras miles de españoles y residentes legales no pueden acceder a una vivienda, sufren listas de espera interminables en la sanidad pública y soportan una pérdida constante de poder adquisitivo», el Ejecutivo central «dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales».

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha defendido que la puesta en marcha de un plan especial de refuerzo administrativo ha permitido «acelerar notablemente la gestión de los trámites» y ha señalado que «más de una quinta parte de las solicitudes pendientes ya han sido resueltas desde el pasado 15 de abril».

Asimismo, fuentes gubernamentales han indicado que el objetivo es que todos los expedientes pendientes puedan quedar resueltos antes del próximo 15 de junio para «evitar el colapso administrativo» y dar salida a las solicitudes vinculadas tanto al arraigo como a la protección internacional.

Le Senne concluye que «lo que llaman justicia es premiar la inmigración ilegal frente a quienes cumplen la ley» y que «lo que llaman normalidad es, en realidad, un efecto llamada irresponsable que agravará todavía más la situación migratoria en Baleares».