Multa de 2.500 euros a una cofradía de Palma por sacar en procesión una Virgen sin permiso

La guerra de la Piedad ya tiene castigo. El Obispado de Mallorca ha impuesto una 'obra penitencial' -es decir, una sanción- de 2.500 euros a la Cofradía de Santo Tomás de Aquino por desafiar las órdenes de la diócesis y sacar en procesión una imagen que carecía de autorización eclesiástica. El decreto, firmado tras semanas de tensión entre la hermandad y las autoridades religiosas, advierte además de posibles medidas más severas, incluida la inhabilitación de su junta directiva si vuelve a incumplir las directrices diocesanas.

La resolución pone punto y seguido a una de las mayores controversias vividas en los últimos años en la Semana Santa de Palma, un conflicto que enfrentó públicamente a la cofradía con la Asociación de Cofradías y con el Obispado a cuenta de una nueva imagen de La Piedad que la hermandad pretendía incorporar a sus desfiles procesionales.

El origen de la disputa se remonta a las semanas previas a la Semana Santa, cuando la Asociación de Cofradías de Palma comunicó a Santo Tomás de Aquino que no podría participar en la procesión del Sant Crist de la Sang con el nuevo paso. Según explicó entonces el presidente de la entidad, Bernat Riera, la cofradía no había presentado toda la documentación exigida para autorizar una nueva imagen ni había obtenido el visto bueno del Secretariado de Patrimonio del Obispado.

La decisión provocó un profundo malestar en la hermandad, que defendió que el rechazo respondía a criterios estéticos más que administrativos. Desde la cofradía se llegó a denunciar que la nueva imagen era considerada «demasiado sevillana» para los cánones de la Semana Santa mallorquina. Una interpretación que fue rechazada por la Asociación de Cofradías. «Quien sea el escultor no marca si una imagen sale o no, sino que reúna las condiciones de las directrices del Obispado de Mallorca», respondió entonces Riera.

Pese a la prohibición, la polémica se trasladó a las calles durante la Semana Santa. La Cofradía de Santo Tomás de Aquino había advertido que haría visible su desacuerdo si se le impedía procesionar con la nueva imagen. Finalmente, los cofrades que participaron en la procesión del Sant Crist de la Sang lo hicieron sin banda de música, con los cirios apagados y manteniendo un silencio absoluto, en una protesta que no pasó desapercibida entre los asistentes.

Sin embargo, el conflicto no terminó aquella noche. El Obispado comenzó a estudiar la apertura de un expediente sancionador al considerar que la hermandad había desobedecido las instrucciones recibidas. Ahora, en una nota difundida este jueves, la diócesis sostiene que «tot i les advertències prèvies i les indicacions facilitades sobre el procediment a seguir, la confraria va decidir treure a la processó de Dilluns Sant un pas no autoritzat». El comunicado recuerda además que, tras las amonestaciones realizadas posteriormente, «aquest pas ja no participà a la processó de Dijous Sant».

La versión oficial del Obispado insiste en que la controversia no gira en torno al estilo de la imagen, sino al cumplimiento de la normativa diocesana. Según la diócesis, el decreto recoge «els antecedents i les advertències realitzades tant per part del Bisbat com de l'Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma respecte a la necessitat de comptar amb les autoritzacions corresponents per a la incorporació de noves imatges processionals».

Como consecuencia, la diócesis impone a la hermandad una «obra penitencial» consistente en una donación de 2.500 euros a entidades de carácter social vinculadas a la Iglesia. El propio Obispado destaca que entre las medidas adoptadas figura «un donatiu de 2.500 euros destinat a una entitat social catòlica», además de la obligación de regularizar la situación de la nueva imagen ante los organismos competentes en materia de patrimonio.

Pero la sanción económica no es la única consecuencia. El decreto advierte expresamente de que un nuevo incumplimiento de la normativa diocesana o de las instrucciones del Secretariado de Cofradías podría desembocar en la inhabilitación de la junta directiva de la hermandad. Además, exige a la cofradía que entregue al Obispado la relación completa de los miembros de su dirección, junto con documentación relativa a las últimas elecciones internas.

La diócesis concluye apelando «a la bona fe i a la voluntat d'entesa de totes les parts implicades» para preservar «la comunió eclesial i la unitat de les confraries de la Diòcesi de Mallorca». Un llamamiento que llega después de meses de enfrentamiento y que difícilmente cerrará un conflicto que todavía puede acabar en recurso ante el obispo de Mallorca.