«Lo que leemos del caso Leire es lo más inquietante que ha ocurrido en este país en los últimos años»

Madrileño, de 41 años, Alejandro González Mariscal de Gante ingresó en la carrera judicial en 2014 y ascendió a magistrado en Palma, donde desde noviembre ejerce como decano de los jueces. Portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayor de España, fue ponente de sentencias tan mediáticas como la del derribo del monumento de Sa Faixina. «Ahí me cayó el sambenito del juez facha», recuerda. «Pero ya te digo que no, que ni facha ni rojo; los jueces no somos ni fachas ni rojos, aplicamos la ley tengamos a quien tengamos delante». Lo dice en una época especialmente salvaje para la Justicia, entre las cloacas de Ferraz y la campaña feroz de 'lawfare' que disparan desde la izquierda.

— Magistrado, la lluvia de corrupción es insoportable. Estamos viendo casos por todas partes, pero hay uno especialmente preocupante, el llamado caso Leire. ¿Qué opina?

— Pues que si finalmente se certifica, sería de las situaciones más inquietantes que hemos vivido en los últimos años en este país. Supondría que un poder está intentando socavar a otro para impedir que pueda actuar, eso es gravísimo. La separación de poderes existe precisamente para que no haya un solo poder absoluto y no haya corrupción. Por eso nos preocupa tanto la información que está saliendo. Evidentemente, todo tiene que acreditarse y pasar por un juicio, pero, de confirmarse, sería extremadamente grave.

— Los partidos y medios de izquierdas hablando de un «golpe de Estado judicial».

— Evidentemente no lo comparto. Los jueces aplicamos leyes, punto. Si lo que se certifica es que desde el poder Ejecutivo se ha intentado impedir que los jueces trabajen, lo que habría sería justamente lo contrario: un poder intentando interferir en otro. Eso es lo verdaderamente grave.

— Estarán acostumbrados ya a las críticas a la Justicia...

— Entran dentro de la normalidad democrática y, sí, ya nos hemos acostumbrado a ellas. Pero de esto que hablamos, es otra cosa. Esto sería una especie de guerra soterrada para desacreditar determinadas actuaciones. Lo más preocupante es que puede erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y la confianza en las instituciones es la base de la democracia.

— Los jueces llevan tiempo rechazando las acusaciones de lawfare. ¿Están cansados de tener que hacerlo?

— Es que el lawfare no existe. Me alegra que me lo preguntes porque es algo que me gusta aclarar. Lo que se describe como lawfare tiene un nombre jurídico muy claro: prevaricación.

La prevaricación consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas. Es uno de los comportamientos más graves que puede cometer un juez. De hecho, ha habido miembros de la carrera judicial que han sido expulsados por ello.

Por eso resulta llamativo que se utilice un término moderno como lawfare para referirse, en el fondo, a la misma acusación. Lo que se está diciendo es que los jueces actuamos por motivos políticos, y eso no es cierto.

Nosotros hacemos nuestro trabajo. Investigaremos cuando haya que investigar y, si no existen pruebas, también lo diremos. Todo queda reflejado en resoluciones públicas y, cada vez más, los ciudadanos pueden seguir los procedimientos con total transparencia.

— ¿Cree que socialmente está calando esa idea?

— No. Puede haber una minoría muy predispuesta a aceptar cualquier relato, pero creo que es una minoría. La inmensa mayoría de los ciudadanos es gente sensata, que tiene sus preocupaciones cotidianas y que no vive pendiente de estas cuestiones. Además, la gente ve que las instituciones siguen funcionando. Hemos visto investigar a expresidentes del Gobierno, tomar declaración a otros y también hemos visto ministros entrar en prisión. No es algo de lo que debamos alegrarnos, pero demuestra que el sistema funciona y que la Justicia actúa. Yo creo que el ciudadano percibe eso. No necesitamos que nos den palmadas en la espalda. Lo importante es que se vea que las instituciones funcionan, y creo que la mayoría de la gente sigue convencida de ello.

— Hay quien piensa que las que verdaderamente «cortan el bacalao» en Justicia son las asociaciones judiciales. ¿Qué opina?

— No es así. Nuestro principal objetivo es ayudar a los compañeros que empiezan, especialmente a quienes llegan a destinos complicados y con pocos medios. Los que ocupamos cargos representativos hemos sido elegidos por nuestros compañeros. No estamos ahí porque nos haya colocado nadie. Y nuestra labor no consiste en crear redes clientelares ni en repartir poder, sino en intentar que quienes llegan a la carrera dispongan de apoyo, orientación y recursos. Hay muchos compañeros destinados en lugares especialmente complejos, con asuntos muy difíciles y pocos medios materiales. Nuestro trabajo consiste en denunciar esas carencias y ayudarles en todo lo posible.

— ¿Y qué hacen exactamente las asociaciones en el día a día?

— Muchísimo trabajo que muchas veces no se ve. Por ejemplo, preparando herramientas, modelos y grupos de apoyo para jueces jóvenes. Una parte importante de mi tiempo consiste en responder consultas de compañeros que tienen dudas sobre asuntos especialmente complejos. No se trata de darles la solución, sino de que puedan contrastar opiniones con otros compañeros, porque tengan en cuenta que el trabajo judicial es muy solitario. Te ves solo en un despacho tomando decisiones muy trascendentes para las personas. En ocasiones necesitas compartir una duda, escuchar otros puntos de vista o simplemente hablar con alguien que entiende perfectamente la situación a la que te enfrentas.

— Aun así, las asociaciones suelen identificarse con determinadas ideologías.

— Creo que esa visión está bastante superada. Puede que históricamente algunas asociaciones tuvieran una determinada orientación, pero hoy la realidad es mucho más compleja. En nuestro caso no existe un ideario político. Somos una asociación profesional y nuestro objetivo es defender mejores medios para la Justicia y mejores condiciones para que los jueces puedan desempeñar adecuadamente su trabajo. Es cierto que a mucha gente le resulta cómodo colocar etiquetas. Se suele decir, por ejemplo, que una determinada asociación es conservadora. Pero la realidad no es tan simple.

— A usted lo encasillaron en «el bando facha» con Sa Feixina...

— Es gracioso, porque me encasillaron de 'fascista' por eso, y cuando estaba en Alicante, era un juez «de izquierdas» por investigar asuntos relacionados con corrupción. Eso demuestra precisamente que no perseguimos siglas ni ideologías. Perseguimos hechos.