Baleares protege sus señas de identidad marítima: la primera Ley de Costas blinda las casetas tradiciones de pescadores

La imagen que ilustra la noticia son los 'escars' de Es Caló, en Formentera, uno de los rincones más fotografiados e instagrameados de las Baleares pero que, sobre todo, explican deun vistazo la histórica relación de los formenterenses, ibicencos, mallorquines y menorquines con el mar. Que no todo va a ser turismo: el sector pesquero y el ADN marinero viene de serie.

Otro ejemplo de esa tradición pesquera: las casetes de vorera, pequeñas construcciones tradicionales levantadas junto al mar que originalmente utilizaban los pescadores para guardar aparejos y proteger sus embarcaciones de los temporales. Con el paso del tiempo, estos modestos refugios se han convertido también en espacios familiares ligados al verano, a la gastronomía y a la forma de vivir el litoral propia de Baleares.

Pues bien , la protección de estos dos elementos patrimoniales de las islas es una de las novedades que incorpora la futura Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral aprobada por el Govern de Marga Prohens. El Consell de Govern ha dado luz verde al proyecto normativo que ahora iniciará su tramitación parlamentaria. La norma nace con una vocación ambiciosa: dotar a Baleares de un marco legal propio para gestionar su costa después del traspaso de competencias de Costas por parte del Estado, formalizado en 2023.

Se trata de la primera ley autonómica que aborda de manera global la gestión del litoral balear. El objetivo es ordenar los usos de la costa, reforzar su protección ambiental y establecer criterios claros para gestionar playas, servidumbres y aguas costeras en un contexto marcado por la presión turística y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.

El mar, su ser

Uno de los aspectos que el Govern destaca especialmente es la defensa del patrimonio litoral tradicional. La futura ley reconoce el valor cultural e identitario de los elementos anteriormente citados. El propósito es garantizar su conservación como parte inseparable del paisaje y de la memoria de las islas. Pero más allá de este componente patrimonial, la norma apuesta por un modelo de gestión más próximo al territorio. Un dominó hacia abajo. El Govern mantendrá las funciones de coordinación y marcará las directrices generales, mientras que los consells insulars asumirán la elaboración de los instrumentos de ordenación del litoral y de los planes de servicios de temporada. Los ayuntamientos, por su parte, tendrán un papel más relevante en la gestión directa de las playas y en la concesión de determinadas autorizaciones.

La ley también introduce medidas para mejorar la seguridad en el mar. Entre ellas figura la limitación de velocidad para las embarcaciones en la franja de una milla desde la costa. Las restricciones serán más exigentes en los espacios naturales protegidos, con el objetivo de reducir riesgos para los bañistas, favorecer la convivencia entre los distintos usos de la costa y minimizar el impacto ambiental. La normativa contempla excepciones para determinadas embarcaciones profesionales sujetas a regulación marítima internacional.

Otro de los cambios previstos es la diferenciación entre playas urbanas, naturales y de especial protección. Cada categoría contará con criterios específicos de ordenación adaptados a sus características. Además, se regularán aspectos como los accesos, los aparcamientos o los servicios de temporada, que deberán ajustarse a parámetros de sostenibilidad y calidad.

La futura ley también refuerza los mecanismos de control. Se actualiza el régimen de inspección y sanciones, incorporando nuevas infracciones relacionadas con el incumplimiento de las limitaciones de uso y otorgando una mayor capacidad de actuación frente a ocupaciones ilegales o prácticas irregulares en el dominio litoral.

Según el Ejecutivo autonómico, el texto busca encontrar un equilibrio entre la protección ambiental, el aprovechamiento responsable de los recursos costeros y la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones. Todo ello bajo principios de transparencia, eficiencia y participación ciudadana.