Un agente de Policía, de espaldas
Indemnizan con 15.000 euros al policía pinchado con una jeringuilla con VIH
La agresora, portadora del virus, obligó al agente a someterse a un tratamiento antirretroviral de choque y a meses de angustia antes de descartar la infección
Fueron meses de vivir con el corazón en un puño. El calvario para un policía nacional de Palma comenzó con el pinchazo de una jeringuilla durante una intervención rutinaria y se convirtió en una pesadilla al confirmarse que la agresora era portadora de VIH. Tras un tratamiento preventivo de choque y meses de angustiosa incertidumbre, la Justicia ha condenado a la mujer a indemnizar al agente con 15.000 euros por las lesiones y el grave daño moral sufrido antes de descartarse el contagio.
La Sección de lo Penal de la Plaza número 1 de Palma ha condenado a una mujer a abonar 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil a un agente de la Policía Nacional al que pinchó con una jeringuilla que resultó estar infectada con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La indemnización cubre tanto las lesiones físicas como, de forma muy especial, el profundo daño moral causado al funcionario.
Los hechos se produjeron durante una intervención policial rutinaria. En el transcurso de la actuación, la acusada portaba una jeringuilla con la que, por causas que la sentencia considera plenamente imputables a ella, acabó pinchando al agente en acto de servicio. Más tarde, los análisis confirmaron que la mujer era portadora de VIH.
A partir de ese instante, la vida del policía se detuvo. El protocolo médico obligó al agente a iniciar de forma inmediata la profilaxis postexposición (PPE), un tratamiento antirretroviral de choque, diseñado para impedir que el virus se asentara en su cuerpo.
A ello se sumó un calendario de controles médicos, analíticas periódicas y el seguimiento especializado durante meses.
Perjuicio moral
El funcionario tuvo que convivir con el impacto psicológico y la ansiedad diaria de no saber si terminaría desarrollando una enfermedad crónica. Un proceso que, según reconoce la propia sentencia, afectó de forma directa y severa a su vida personal, familiar y profesional. Finalmente, y tras el largo calvario de la espera, las pruebas descartaron el contagio.
La defensa del agente ha sido coordinada por los servicios jurídicos del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a través del letrado Eduardo Luna, quien ejerció la acusación particular y ha logrado que la justicia asuma en su totalidad la gravedad del perjuicio moral y ordene el resarcimiento íntegro solicitado.
Tras conocer el fallo, desde la organización policial han incidido en la precariedad y el peligro invisible al que se exponen sus funcionarios en la calle. «Afrontamos intervenciones de alto riesgo que, en muchas ocasiones, implican una exposición directa a enfermedades infectocontagiosas y otros peligros para nuestra integridad física y psicológica», ha explicado el SUP.
El sindicato ha advertido de que mantendrá su personación activa en los tribunales ante cualquier agresión a las Fuerzas de Seguridad, y que batallará «hasta las últimas consecuencias para que ninguna agresión quede sin respuesta y ninguna víctima quede sin la adecuada reparación».