Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional
El mordisco que activó el protocolo VIH llevará a juicio a una mujer detenida por malos tratos
El SUP se personará contra la arrestada, de origen colombiano, que mordió a un policía en Palma durante su traslado a los calabozos
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se personará como acusación en el procedimiento judicial contra la mujer detenida en Palma que mordió a un agente de la Policía Nacional durante su traslado a los calabozos, un ataque que obligó a activar el protocolo sanitario por riesgo de VIH. La organización sindical ha calificado los hechos de «extremadamente graves e intolerables» y ha anunciado que asumirá la defensa jurídica del caso.
La agresión se produjo el pasado lunes en la Jefatura Superior de Policía de Palma, después de que la mujer, de 29 años y nacionalidad colombiana, fuera detenida por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Durante su custodia, la arrestada mordió a un agente en la pierna, provocándole una herida susceptible de infección.
Reacción violenta
Los hechos se iniciaron sobre las 6.30 horas en el barrio de sa Gerreria, cuando la mujer acudió al domicilio de su pareja. Según fuentes policiales, la detenida intentó mantener relaciones sexuales, pero ante la negativa del hombre reaccionó de forma violenta, lanzando tres maquinillas de afeitar y una Play Station 5 al suelo y empuñando varios cuchillos de cocina con los que intentó agredirlo. Posteriormente abandonó el domicilio con la videoconsola y continuó golpeándola en la vía pública.
Tras la llegada de los agentes de la Policía Nacional, la mujer ofreció una versión distinta de lo ocurrido y aseguró que había acudido al domicilio para fumar un cigarro y que su pareja le había agredido. A pesar de ello, fue detenida y trasladada a las dependencias policiales.
Una vez en la Jefatura Superior, la arrestada se negó a ser identificada, dio un puñetazo a un agente y lo arañó antes de ser reducida. Durante el traslado a los calabozos, mordió a otro policía, lo que motivó que ambos funcionarios heridos fueran trasladados a una clínica para la activación del protocolo de enfermedades infectocontagiosas, como medida preventiva.
Tras conocerse los hechos, el SUP manifestó su «condena absoluta y rotunda» por la agresión sufrida por el agente y subrayó que ningún policía debe ver comprometida su integridad física ni su salud por el ejercicio de su labor. El sindicato anunció que se personará como acusación particular para que «estos hechos no queden impunes» y se depuren todas las responsabilidades penales, con la defensa jurídica a cargo del abogado Eduardo Luna.
El SUP reclamó el máximo respaldo institucional para los agentes que sufren agresiones en acto de servicio, e insistió en la necesidad de reforzar las medidas de protección y endurecer las consecuencias penales ante ataques que, según señaló, suponen no solo una agresión física, sino también un grave riesgo para la salud y la estabilidad emocional de los funcionarios.
La detenida permanece bajo custodia policial y podría enfrentarse a cargos adicionales por la agresión a los agentes, además del delito de malos tratos en el ámbito familiar.
