Casa de menores no acompañados en Formentera

Casa de menores no acompañados en FormenteraEl Debate

Hasta el PSOE de Formentera pide ayuda al Gobierno de Sánchez por la avalancha de menores inmigrantes tutelados

El Consell aprueba por unanimidad exigir al Govern una financiación estable para atender a los menores extranjeros no acompañados

El pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado por unanimidad reclamar un sistema de financiación estable para hacer frente al coste de la tutela de los menores extranjeros no acompañados que llegan de forma constante a la isla. La iniciativa, impulsada por el expresidente y conseller no adscrito Llorenç Córdoba, ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos, incluido el PSOE, que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad ante una crisis migratoria que considera ya insostenible.

Durante el debate, Córdoba recordó que el número de menores tutelados ha pasado de 24 en 2024 a 218 en la actualidad, una situación que obliga al Consell a destinar una parte creciente de su presupuesto a atender una competencia que, según denunció, se ha convertido en un problema estructural.

El expresidente explicó que los tres millones de euros transferidos recientemente por el Govern balear únicamente sirvieron para pagar facturas ya emitidas. «La financiación llega cuando el gasto ya se ha producido», lamentó, defendiendo que la institución insular necesita un mecanismo de financiación periódico y estable que no dependa de negociaciones extraordinarias.

La moción también reclama que se active definitivamente el reparto de menores entre las cuatro islas. Según los cálculos expuestos durante el pleno, si ese reparto estuviera en marcha, Formentera solo tendría que hacerse cargo de 12 menores, frente a los 218 actuales.

Córdoba advirtió además de que el Consell gastó 1,5 millones de euros únicamente entre enero y febrero de este año para atender a estos menores y alertó de que el coste podría alcanzar 16 millones de euros al finalizar 2026.

La consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, explicó que el Consell ya negocia con el Govern de Marga Prohens la creación de un sistema de financiación permanente que garantice la cobertura de estos gastos con independencia del color político del Ejecutivo autonómico.

El PSOE apunta al Gobierno de Sánchez

Uno de los momentos más destacados del debate llegó con la intervención del portavoz socialista, Rafael Ramírez, quien reconoció que la financiación actual resulta claramente insuficiente y defendió que el Govern balear reclame al Ejecutivo central los recursos necesarios para afrontar la situación.

Ramírez aseguró que Formentera vive una situación de «abandono» y recordó que cuando el Govern transfirió al Consell la competencia sobre menores no existía la actual ruta migratoria desde Argelia.

«Ha de venir la CAIB y que la CAIB reclame a quien sea. Y que el Estado reclame a la Unión Europea porque somos la frontera sur de Europa», afirmó el conseller socialista.

El representante del PSOE calificó además la situación de «horrible» y denunció que el único centro de acogida existente en la isla no reúne las condiciones adecuadas para atender a los menores, al no cumplir —según afirmó— los estándares mínimos de calidad exigibles ni siquiera para estancias temporales.

Colapso del único centro de acogida

La portavoz de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, respaldó igualmente la necesidad de que la isla reciba financiación extraordinaria y describió las difíciles condiciones en las que viven actualmente los menores acogidos.

Según explicó, algunos adolescentes deben compartir literas, la rotación de educadores es constante, el comedor ha tenido que trasladarse al exterior para habilitar nuevas habitaciones y el centro carece de espacios de ocio, una situación que está generando tensiones entre los propios menores.

Con la aprobación unánime de la moción, el Consell de Formentera refuerza ahora su presión tanto sobre el Govern balear como sobre el Ejecutivo central para obtener una solución estable a una crisis migratoria cuyo coste económico y asistencial, coinciden todos los grupos políticos, ya ha desbordado la capacidad de la institución insular.

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