Terminal del aeropuerto de Palma
El separatismo exige ahora borrar el castellano del aeropuerto de Palma tras lograr que Puente quite «de Mallorca»
Las entidades separatistas no se conforman con la cesión del Ministerio de Transportes, mantienen la vía judicial y exigen imponer la denominación exclusiva en catalán
La política de concesiones del Ministerio de Transportes a las exigencias del soberanismo balear no ha surtido el efecto apaciguador esperado; muy al contrario, ha envalentonado a los sectores más radicales. Tras conocerse la decisión del ministro Óscar Puente de iniciar los trámites para suprimir la denominación tradicional de «Aeropuerto de Palma de Mallorca» y sustituirla por «Aeropuerto de Palma-Mallorca», las plataformas separatistas han redoblado la presión y exigen ya eliminar por completo el español del rótulo del aeródromo.
La Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha confirmado que mantendrá el recurso contencioso-administrativo presentado en los tribunales contra el Ministerio de Transportes. Para este colectivo, el guiño del Gobierno central se queda corto al no imponerse de manera exclusiva la forma catalana, tal y como demandan en sus postulados ideológicos.
La ASM mantendrá la vía judicial iniciada en noviembre de 2024 tras el silencio administrativo de Aena. La entidad insiste en judicializar la nomenclatura institucional hasta lograr que se imponga el término exclusivo «Aeroport».
Con la causa pendiente en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) para dirimir competencias, organizaciones afines —como la Obra Cultural Balear (OCB)— han cerrado filas para exigir que el periodo de alegaciones, abierto hasta el 15 de septiembre, sirva para culminar la catalanización total de la infraestructura.
Comunicado de la Assemblea Sobiranista de Mallorca
La Assemblea Sobiranista ha vuelto a poner sobre la mesa viejas pretensiones catalanistas, como la iniciativa intentada en 2017 para rebautizar Son Sant Joan como «Ramon Llull»; un cambio que en su día fue frenado por el elevado coste económico que implicaba para las arcas públicas, superior al medio millón de euros.
La escalada de exigencias
La semana pasada, plataforma Fem-ho en català —dedicada a fiscalizar a las instituciones para imponer el uso exclusivo del catalán en la toponimia— anunció que el departamento de Óscar Puente le había confirmado por carta el inicio de los trámites para suprimir el «de Mallorca» del nombre oficial. Ya entonces, la entidad advirtió de que la medida resultaba insuficiente y exigía la erradicación total del castellano.
El borrador de la orden ministerial impulsada por Transportes pretende adaptar el nombre a la Ley de Capitalidad aprobada por la izquierda en 2016. Sin embargo, la cesión del Ejecutivo ha vuelto a demostrar que el apaciguamiento solo sirve como gasolina para el activismo lingüístico.
En la última década, la izquierda —con el PSOE avalando la supresión de la fórmula tradicional— y los grupos de presión soberanistas han convertido la toponimia en su principal batalla ideológica.