Vivienda en Baleares: toda solución tiene su problema

Sabemos que el gran problema nacional del acceso a la vivienda presenta agravantes específicos en Baleares, al tratarse de un territorio insular sujeto a una gran presión demográfica y a una potente demanda foránea que, además, no puede ser construido de forma indefinida.

Es cierto que el ejecutivo actual de Marga Prohens no ha tenido tiempo de revertir un problema largamente ignorado por la izquierda que precisa un tratamiento prolongado. Pero, ya desde su toma de posesión, se ha tratado de legislar en esta materia de una forma más pragmática y menos ideologizada. Tanto el Decreto de emergencia habitacional de 2023 como la Ley de 2024 de medidas urgentes en materia de vivienda facultan a los propietarios para realizar una serie de actuaciones en los edificios existentes y en las parcelas no edificables de suelo urbano, fomentando además la legalización de construcciones antiguas en suelo rústico y las Viviendas de Precio Limitado.

Una de las medidas introducidas por la nueva normativa, aunque con ciertas cautelas (en mi opinión, excesivas), fue posibilitar los cambios de uso de locales a viviendas. Dada la evidente situación existente en nuestras ciudades de cientos de locales en desuso por el cierre de oficinas bancarias y muchos otros negocios ya no operativos, la medida permite introducir en el mercado de la vivienda otras nuevas soluciones habitacionales sin edificar ni un solo centímetro cuadrado de territorio más, aprovechando y mejorando al máximo las edificaciones ya existentes. Tal como ya existen viviendas en las plantas bajas de todos nuestros pueblos.

Hemos conocido recientemente por la prensa que el Partido Popular de Menorca ha denunciado que los Ayuntamientos de Ciutadella y Maó, ambos gobernados por el PSOE, han «bloqueado» y «limitado», respectivamente, la aplicación de la reconversión de antiguos locales comerciales en viviendas impulsada por la normativa del Govern de les Illes Balears. Según los datos aportados por los populares, esta medida había permitido -hasta ahora- la transformación de 21 locales en viviendas en distintos municipios de Menorca.

El presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, explicó que «Ciutadella y Maó han limitado de manera clara las posibilidades de aplicar una medida que facilita la creación de vivienda a partir de locales existentes. En Ciutadella directamente bloquearon su aplicación, mientras que en Maó se ha restringido a muy pocas calles. Son decisiones municipales que condicionan directamente el alcance que puede tener esta medida en Menorca».

Según el PP menorquín, el Ayuntamiento de Ciutadella decidió directamente no aplicar dicha medida contemplada en el Decreto habitacional del Govern balear. Y en Maó, el Ayuntamiento solo permite acogerse a esta posibilidad de forma muy restringida, habiendo limitado las calles en las que puede llevarse a cabo, lo que deja fuera una parte importante del municipio y reduce la efectividad y el ámbito de actuación de una medida tan útil y de tan sencilla aplicación y ejecución práctica.

Marqués lamentó que «se haya querido limitar una medida positiva simplemente por ideología o partidismo político. La vivienda debería estar por encima de las siglas y de los intereses partidistas. Si existe una herramienta que permite generar nuevas viviendas y dar una segunda oportunidad a locales vacíos, las Administraciones deberían facilitar que pueda desarrollarse, siempre cumpliendo los requisitos establecidos».

Después del sonoro fracaso de los dos mandatos de Armengol, en los que el Govern fue incapaz de construir un número mínimamente apreciable de viviendas públicas ni de aprobar una normativa facilitadora, no hay como los Ayuntamientos «progresistas» para poner palos en las ruedas cuando la oposición trata de solucionar lo que ellos nunca fueron capaces de hacer.