Baleares ataja la gincana burocrática que castiga al ciudadano: menos permisos y más declaración responsable

Menos permisos previos, menos documentos y más trámites que puedan empezar sin esperar el visto bueno de la Administración. El Govern de Marga Prohens quiere extender el uso de la declaración responsable como una nueva pieza de su estrategia para reducir la burocracia en Baleares, una de las banderas que el Ejecutivo autonómico ha tratado de hacer propias esta legislatura.

La idea es que el ciudadano no tenga que superar una gincana administrativa cada vez que necesita poner en marcha una actividad o completar un trámite y para ello, el Govern ha iniciado la tramitación de una orden con la que revisará los procedimientos de la Administración autonómica y de su sector público instrumental para determinar en cuáles puede sustituirse una autorización previa por una declaración responsable o una comunicación previa.

La diferencia no es menor. Con una declaración responsable, el interesado manifiesta que cumple los requisitos exigidos, dispone de la documentación que lo acredita y asume la responsabilidad sobre lo declarado. Si la normativa permite utilizar esta fórmula, no tiene que esperar a que la Administración compruebe previamente toda esa documentación y dicte una autorización para poder actuar. El control no desaparece: se desplaza a un momento posterior.

Es precisamente ese cambio de lógica el que el Ejecutivo balear pretende llevar ahora a nuevos ámbitos. En lugar de someter cualquier actuación al esquema de solicitud, comprobación y permiso previo, la Administración analizará en qué casos puede confiar inicialmente en lo declarado por el ciudadano o la empresa y reservarse las facultades de comprobación, inspección y, en su caso, sanción.

La iniciativa forma parte del desarrollo de la Ley 4/2026 y tendrá un segundo frente: reducir la documentación que se exige en determinados expedientes. La futura orden permitirá identificar aquellos procedimientos en los que parte de los documentos acreditativos pueda sustituirse también por una declaración responsable acompañada de la certificación de una entidad colaboradora.

Aceleradora de procesos

El Govern busca trasladar así a otros ámbitos el modelo de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), que intervienen en la tramitación de licencias urbanísticas certificando el cumplimiento de determinados requisitos. Un sistema que permite descargar parte de las comprobaciones previas sin que la Administración pierda sus competencias de supervisión y control y que ya funciona en ayuntamientos gobernados por partidos de distinto signo.

La orden, sin embargo, no supondrá la eliminación automática de autorizaciones ni modificará por sí misma los procedimientos existentes. La revisión se hará caso por caso y con los departamentos competentes. Cada procedimiento tendrá que pasar por el filtro de la normativa estatal y europea y deberá acreditarse que la sustitución del control previo no pone en riesgo el interés general ni reduce las garantías jurídicas.

Ahí reside también el límite de la simplificación que plantea el Ejecutivo. Una declaración responsable no equivale a una ausencia de reglas ya que el que la presenta asegura, bajo su responsabilidad, que cumple las condiciones exigidas y queda sometido a las comprobaciones posteriores de la Administración. La apuesta consiste en reservar la autorización previa para aquellos casos en los que realmente resulte necesaria.

Una de las banderas del Govern

Prohens ha situado la reducción de cargas administrativas entre los argumentos recurrentes de su acción de gobierno. Detrás de las leyes, decretos y órdenes con las que el Ejecutivo pretende avanzar en esa dirección hay una premisa política fácilmente trasladable al ciudadano: que la complejidad interna de la Administración no termine convirtiéndose en un problema añadido para quien se relaciona con ella.

La nueva orden será una prueba de hasta dónde puede llegar ese propósito. Porque el resultado de la simplificación no se medirá tanto por el número de normas aprobadas como por algo bastante más prosaico: cuántos papeles dejan de pedirse, cuántos permisos dejan de ser necesarios y cuánto tiempo deja de perder el ciudadano esperando delante de la Administración.