Samantha Romero, la «jueza de hierro» que juzgó a Urdangarin y a la Infanta en el banquillo llama a la puerta del Supremo

A la juez Samantha Romero (Palma, 1972) le bastaron seis meses de paciencia bajo los focos para soportar la presión asfixiante del caso Nóos y sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina sin que le temblara el pulso. Hoy, la magistrada mallorquina, templada en los sumarios más incómodos de la historia judicial española, está dispuesta a cruzar el Rubicón y se presenta como candidata a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La magistrada de Baleares es una de las 27 candidaturas que compiten por las tres plazas vacantes, dos corresponden al turno general y una al turno de especialistas. Las vacantes se han producido tras las jubilaciones de Ángel Luis Hurtado Adrián, Andrés Palomo del Arco y Juan Ramón Berdugo de la Torre.

Para el gran público, el nombre de Samantha Romero quedó indisolublemente unido a la intrahistoria judicial del país cuando asumió la presidencia y la ponencia del histórico procedimiento abreviado del caso Nóos en 2017. Ella lideró el tribunal junto a Rocío Martín y Eleonor Moya, en lo que fue una prueba de resistencia para todos los que participaron en él durante seis meses de juicio y una repercusión institucional y mediática extraordinaria. Y ella fue quien redactó la sentencia.

El banquillo de la Familia Real

En el banquillo se sentaron Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin -marido de la entonces Infanta- junto a su socio Diego Torres, el ex presidente de Baleares Jaume Matas y otros 13 acusados. La investigación había puesto bajo la lupa en el funcionamiento del Instituto Nóos y el supuesto desvío de fondos públicos mediante contratos y convenios con las Administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El procedimiento había arrancado años antes y acabó convirtiendo a Palma en el hormiguero de la crónica judicial por uno de los procesos por corrupción más relevantes de la España reciente. Había dinero público, cargos políticos, empresarios y, por primera vez en la historia reciente, un miembro de la Familia Real sentado en el banquillo.

La Infanta Cristina llegó al juicio acusada por la acusación popular de Manos Limpias como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido. La Fiscalía, sin embargo, no la acusaba. Finalmente, el tribunal la absolvió penalmente.

Urdangarin corrió una suerte muy distinta. La Audiencia Provincial de Baleares lo condenó a seis años y tres meses de prisión por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública, además de otros pronunciamientos. El Tribunal Supremo revisó posteriormente aquella sentencia y redujo la pena a cinco años y diez meses, al absolverle del delito de falsedad documental, pero manteniendo las condenas por malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y los dos delitos fiscales.

Dictó la primera prisión permanente revisable de Baleares

Desde entonces, en los ambientes judiciales de Baleares se ha ido consolidando alrededor de ella una imagen de magistrada rigurosa y firme. Una «jueza de hierro», en definitiva, poco dada a que el ruido exterior determine el trabajo que se hace dentro de la sala. Pero limitarla a la jueza que redactó la sentencia del caso Nóos sería injusto.

Romero dictó la primera sentencia de Baleares en la que se aplicó la prisión permanente revisable. A principios de 2026 volvió a presidir y a ser ponente de una causa especialmente estremecedora: el asesinato de un bebé abandonado en un contenedor de basura. La sentencia concluyó con dos condenas a prisión permanente revisable, posteriormente confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Su solvencia técnica ha merecido incluso el aplauso expreso del Alto Tribunal. Fue la impulsora de la modificación doctrinal en materia de usurpación en las islas, y su argumentación jurídica recibió los parabienes explícitos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en una sentencia ponenciada por la magistrada Ana María Ferrer (STS 432/2024), donde se destacaba su «detallado esfuerzo argumentativo» y su «extensa y detallada motivación fáctica».

Vinculada a la APM

Nacida en Palma el 19 de noviembre de 1972 —de padre mallorquín y madre madrileña—, Romero creció entre los pupitres del colegio Santa Teresa de Pont d’Inca y el instituto Pío XII, antes de licenciarse en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares (UIB).

Tenía 27 años cuando ingresó en las carreras judicial y fiscal, en junio de 2000, tras superar por turno libre los dos procesos selectivos. Hoy permanece en excedencia en la carrera fiscal. En junio de 2005 ascendió de juez a magistrada. Desde entonces, prácticamente todo su recorrido ha transcurrido entre expedientes penales.

Tras una etapa de cuatro años en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vilanova i la Geltrú y su paso en comisión de servicios por la Audiencia Provincial de Tarragona, recaló definitivamente en Palma.

Vinculada al sector conservador a través de su adscripción a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Romero ya acarició en el pasado la presidencia de la Audiencia Provincial —puesto que recayó en Gabriel Oliver—, sin que ello mermara su vocación de servicio público.

Poner orden en el caos

En marzo de 2024 asumió la presidencia de su actual sección, un órgano especializado también en Violencia sobre la Mujer que se encontraba en una situación límite, con juicios señalados a cuatro años vista. Romero no normalizó el colapso y elevó una alerta formal al Servicio de Inspección del CGPJ para propiciar unas directrices de intervención que han logrado enderezar el rumbo de la oficina judicial.

La intervención de este servicio desembocó en una serie de recomendaciones cuya ejecución está permitiendo, según el balance de su candidatura, recuperar una sección que había llegado a una situación «caótica y alarmante».

El pasado 9 de septiembre defendió su currículo ante la Comisión de Calificación del CGPJ. La jueza de hierro del caso Nóos busca ahora un sitio en la Sala donde terminan los grandes asuntos penales del país. El juicio que la hizo conocida ocurrió hace casi diez años. La siguiente decisión importante sobre su carrera ya no estará en sus manos.