Pasajeros esperan en una parada de autobús en Palma
Piden 5 años y medio de cárcel o la expulsión de España para un senegalés por tocar los glúteos a una mujer y a una menor en un autobús
El fiscal le imputa dos delitos de agresión sexual y reclama además cinco años de libertad vigilada y la prohibición de volver a usar los autobuses de la EMT
La Fiscalía de Baleares solicita una pena de cinco años de prisión para un hombre de 56 años acusado de agredir sexualmente a una mujer y a una menor de edad en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma.
Los hechos, según el escrito de acusación del Ministerio, ocurrieron sobre las 20.49 horas del pasado 17 de mayo de 2025. El procesado, de nacionalidad senegalesa, se acercó por la espalda a una pasajera adulta a la que «sin conocerla de nada» tocó los glúteos «con ánimo libidinoso y sin su consentimiento».
A continuación, y con el mismo propósito, se dirigió al asiento ocupado por una menor de 14 años y «restregó su pene sobre la parte superior del muslo de la menor, cerca de la ingle derecha, en repetidas ocasiones», según detalla el fiscal. La actuación del acusado provocó en ambas víctimas una situación de «intranquilidad, preocupación y desasosiego».
Tras su arresto, el juzgado instructor decretó de forma cautelar la prohibición de que el procesado utilizara los autobuses de la EMT.
De cara al juicio oral que se celebrará este martes ante la Audiencia Provincial, la Fiscalía le imputa un delito de agresión sexual y un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Para el primer delito, el fiscal solicita un año y seis meses de prisión, además de tres años de inhabilitación especial para profesiones que conlleven contacto con menores. Para el segundo, referido a la menor, pide tres años y seis meses de cárcel, cinco años de libertad vigilada y otros cinco años de inhabilitación para actividades con menores.
Asimismo, la acusación pública reclama la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la menor y de comunicarse con ella, un veto de cinco años para utilizar los autobuses de Palma, el pago de una indemnización de 1.000 euros a cada una de las víctimas por los perjuicios causados y, como medida accesoria en caso de condena, la sustitución de parte de la pena por la expulsión de España.
