Vox exige a la soberanista OCB que revele cuánto dinero público recibe para financiar su «chiringuito»: «Mallorca no pertenece al pancatalanismo»

Al entrar en la página web de la Obra Cultural Balear (OCB), lo primero que salta a la vista es una apelación directa al bolsillo: «hazte socio», reza la pestaña principal. La entidad justifica su llamada argumentando que, gracias a las aportaciones anuales de sus inscritos, puede sostener proyectos culturales y campañas de sensibilización.

Sin embargo, la realidad económica de la principal entidad soberanista de Baleares dista mucho de depender exclusivamente de la generosidad de sus algo más de 5.000 socios. El auténtico motor financiero de la OCB reside en el maná de las subvenciones públicas, especialmente suculentas y recurrentes durante las etapas de gobierno de la izquierda.

Es ese flujo constante de dinero institucional, recibido durante más de una década, el que le ha otorgado el músculo necesario para actuar como el principal ariete del independentismo en las islas. Le ha servido también para hacer oposición al Gobierno del PP de Marga Prohens, desde impugnar en los tribunales las políticas lingüísticas de bilingüismo, hasta jalear la calle en la Diada por la Lengua (catalana) flanqueada por dirigentes progresistas como Francina Armengol, habitual de estas movilizaciones.

Vox pidió cerrar el grifo

Aunque nació como una entidad cultural en los estertores del franquismo, la «hermana» balear de la catalana Òmnium Cultural hace tiempo que dejó atrás ese perfil. En la última década, la OCB se ha convertido en uno de los principales brazos movilizadores del nacionalismo lingüístico en Baleares, impulsando campañas para arrinconar el castellano en las aulas y en la sanidad pública y reclamando la implantación plena del catalán. Su deriva quedó retratada en 2018, cuando concedió su máximo galardón a los independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez por «abrir el catalanismo a todas las luchas sociales».

Desde que Vox entró en el gobierno del Consell de Mallorca en 2023, ha insistido en cerrar el grifo a estas entidades y sus «chiringuitos». El pasado mes de noviembre, el Consell de Mallorca, formado por PP y Vox, puso fin a las subvenciones a dedo que durante años recibieron entidades catalanistas como la Obra Cultural Balear (OCB), Joves per la Llengua o la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Estas organizaciones afines al anterior gobierno de izquierdas de Armengol, que percibían ayudas directas sin concurso, deben competir ahora en convocatorias de libre concurrencia como cualquier otra organización.

Hasta 2025 la OCB recibía 35.000 euros anuales. Por su parte, Joves per la Llengua, 45.000, y la AELC, 36.000. Estas eran subvenciones directas. Su aprobación dependía del apoyo de los partidos de izquierda y el grupo independentista Més, lo que obligaba al PP a pactar con ellos para sacarlas adelante. Con esta nueva medida, se corrigió un modelo que otorgaba privilegios a entidades vinculadas al activismo lingüístico catalanista, a pesar de que otras asociaciones culturales quedaban fuera de estos fondos.

Ya encarando el final de la legislatura, Vox insiste en la rendición de cuentas y ha pedido por carta a la OCB que detalle el dinero público recibido, tanto subvenciones, ayudas, convenios y demás aportaciones públicas que ha recibido en los últimos ocho años. Además, reclama que se detalle la cuantía y finalidad.

«Queremos saber cuánto dinero de todos los ciudadanos ha recibido la OCB, para qué se ha concedido y en qué se ha utilizado», explica a El Debate el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil.

Vox se pregunta si: «¿es la Obra Cultural Balear una asociación cultural o un actor político?» y se queja de que «durante demasiado tiempo ha disfrutado de una interlocución privilegiada con las administraciones mientras promovía una determinada concepción identitaria de Mallorca", en alusión al separatismo.

«La OCB tiene todo el derecho a defender las ideas que considere oportunas», aunque nosotros las combatamos políticamente«, expone Vox, que argumenta que una entidad que recibe recursos públicos y que interviene de manera permanente en debates políticos, lingüísticos, turísticos, educativos e identitarios debe rendir «una transparencia absoluta».

Asimismo, Vox reclama conocer qué actuaciones de naturaleza política o reivindicativa desarrolla la entidad y cómo se financian, diferenciándose de aquellas actividades que puedan considerarse estrictamente culturales.

«No cuestionamos el derecho de la OCB a existir, asociarse o defender su proyecto ideológico. Cuestionamos que una entidad privada que mantiene una intervención constante en la vida política pueda pretender presentarse como representante de la cultura o de la identidad del conjunto de Mallorca», explica Gil.

Vox también pide a Antoni Llabrés que aclare si los posicionamientos de la OCB sobre lengua, educación, identidad y modelo territorial representan exclusivamente las convicciones de su asociación o si la entidad considera que está legitimada para hablar en nombre del conjunto de la sociedad mallorquina. «La OCB no representa a Mallorca. Representa a sus socios y defiende una determinada visión ideológica, legítima como cualquier otra, pero que nosotros rechazamos frontalmente cuando pretende diluir la personalidad mallorquina dentro del proyecto pancatalanista», ha señalado Gil.

Para VOX, la defensa de la cultura, la historia y las modalidades lingüísticas propias de Baleares resulta perfectamente compatible con su pertenencia a España y no puede quedar monopolizada por ninguna organización.

«Es tan mallorquín quien habla mallorquín como quien habla castellano o utiliza ambas lenguas. Nadie tiene derecho a repartir certificados de mallorquinidad ni a apropiarse políticamente de nuestra cultura», ha manifestado el portavoz adjunto, que reclama una respuesta pública de Antoni Llabrés.

«Nuestra petición es muy sencilla: transparencia sobre el dinero público recibido, claridad sobre su destino y una delimitación inequívoca entre actividad cultural y activismo político. Si la OCB quiere hacer política, que la haga, pero que no pretenda hacerlo en nombre de todos los mallorquines». «Mallorca no pertenece al nacionalismo ni al pancatalanismo. Mallorca pertenece a los mallorquines», concluye David Gil. Aún no ha habido respuesta.