Formentera soporta un 19 % más de presión por menores inmigrantes que Ceuta: «Para el Estado somos invisibles»

Formentera soporta proporcionalmente más presión por la tutela de menores extranjeros no acompañados que Ceuta. En concreto, un 19 % más. La isla cuenta actualmente con cerca de 250 expedientes bajo tutela del Consell para una población de apenas 11.690 habitantes. Esto supone una ratio de 213,9 menores por cada 10.000 residentes.

La comparación con Ceuta permite hacerse una idea de la magnitud de la situación. La ciudad autónoma atiende aproximadamente a 1.500 menores para una población de unos 83.600 habitantes. Es decir, alrededor de 179 por cada 10.000 residentes.

La diferencia entre ambos territorios es la que ha puesto sobre la mesa el diputado por Formentera en el Parlament balear y conseller no adscrito del Consell, Llorenç Córdoba, expresidente de la institución insular. «Cuando la crisis afecta a Ceuta, el Estado reconoce la emergencia y activa recursos extraordinarios», ha explicado, «los datos demuestran que la presión proporcional de Formentera es incluso superior, pero nuestra situación queda oculta porque el Estado solo observa las Islas Baleares en su conjunto».

Cambios legales y económicos

Córdoba ha registrado este miércoles una proposición para su debate y votación en el pleno del Consell que se celebrará la próxima semana y con la que pretende precisamente sacar a Formentera de esa «invisibilidad». La iniciativa contiene 17 puntos de acuerdo y plantea cambios legales y económicos dirigidos al Gobierno de España, el Govern balear, los consejos insulares y el propio Consell.

El problema, según Córdoba, está en buena medida en la forma en la que el Estado calcula la capacidad de acogida. El Real Decreto 556/2026 establece para el conjunto de Baleares una capacidad ordinaria de 434 menores extranjeros no acompañados, pero no distribuye esta cifra entre los cuatro consejos insulares, a pesar de que son estas instituciones las que ejercen directamente la tutela, la guarda y el acogimiento.

Los cerca de 250 expedientes que gestiona actualmente Formentera equivalen al 57,6 % de toda la capacidad ordinaria asignada a Baleares. La isla ha llegado, además, a alcanzar un máximo simultáneo de 305 expedientes, según ha denunciado Córdoba.

El expresidente insular considera que el sistema provoca que la saturación de Formentera quede diluida dentro del conjunto de la comunidad autónoma y utiliza otra comparación para mostrar hasta qué punto sucede esto. Si se aplicara a la isla la proporción poblacional utilizada por el Estado, a Formentera le correspondería una capacidad ordinaria de 4,1 menores y un umbral triple de contingencia de unos 12,2. Con cerca de 250 expedientes, la isla se encuentra ahora mismo 20,5 veces por encima de ese umbral equivalente.

Sistema de contingencia

El diputado autonómico puntualiza que los 12,2 menores no constituyen actualmente un umbral jurídico propio para Formentera ni permiten activar automáticamente el sistema estatal de contingencia. Y precisamente considera que ahí está el problema que debe solucionarse: «La norma mide la presión sobre toda la comunidad autónoma, mientras que la responsabilidad real está repartida entre los consejos insulares. Formentera puede superar veinte veces el umbral estadístico equivalente y continuar siendo invisible porque su situación queda diluida dentro de la cifra global de Baleares».

Llorenç Córdoba contrapone esta situación con la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante la presión que soporta Ceuta en estos momentos. Según los datos recogidos en su propuesta, el Ejecutivo central ha aprobado 25 millones de euros extraordinarios para la atención de los menores extranjeros en la ciudad autónoma. Y ha añadido posteriormente otros 63,6 millones para reforzar la capacidad de acogida y los recursos disponibles.

El diputado formenterés ha dejado claro que no cuestiona estas ayudas y, de hecho, las considera necesarias. Lo que reclama es que Formentera reciba una respuesta acorde con la presión que soporta.

«Valoramos positivamente que el Estado ayude a Ceuta. Una crisis humanitaria de esta magnitud exige recursos, profesionales y capacidad de reacción», ha subrayado, «lo que pedimos es que muestre el mismo interés y aplique la misma intensidad de respuesta cuando la presión que soporta Formentera es proporcionalmente similar o incluso superior», afirma.

Para conseguirlo, Córdoba propone modificar la Ley Orgánica 4/2000 y adaptar los reales decretos que regulan la contingencia migratoria y la capacidad ordinaria. El objetivo es que, cuando la tutela esté territorialmente descentralizada, se tengan en cuenta los datos concretos de la administración que realmente ejerce esa competencia.

Esto permitiría que el número de menores, la ocupación de las plazas, los profesionales disponibles, los costes y el esfuerzo asistencial que soporta Formentera tengan consecuencias reales sobre la planificación, la financiación y la activación de los mecanismos de solidaridad.

Cooperación estable con el Govern

En el ámbito autonómico, la proposición reclama crear una mesa técnica permanente entre el Govern y los cuatro consejos insulares, elaborar un mapa actualizado de plazas y recursos y establecer indicadores objetivos de saturación para cada isla.

Además, plantea también la aprobación de un plan plurianual de contingencia y solidaridad interinsular. Este plan permitiría sustituir progresivamente las subvenciones extraordinarias por un sistema estructural de financiación calculado sobre el coste real. El sistema debería tener en cuenta factores como las llegadas directas, el número de expedientes, la falta de infraestructuras, la dimensión administrativa de la isla y la triple insularidad.

Córdoba pide además crear una comisión jurídica y técnica bilateral entre el Govern y el Consell de Formentera para estudiar las posibilidades de cooperación, gestión compartida, delegación del ejercicio de la competencia o incluso renuncia en los términos contemplados por la Ley de consejos insulares.

El diputado ha recordado que el problema no es nuevo. El secretario general del Consell ya advirtió en el pleno del 18 de diciembre de 2025 que el cálculo estatal no reflejaba adecuadamente la distribución de competencias en Baleares. Posteriormente, el pasado 19 de junio, el pleno aprobó por unanimidad reclamar una distribución equilibrada y solidaria entre las cuatro islas atendiendo a la capacidad real de cada consejo.

«No puedo decidir por mí solo que el Estado o el Govern cambien las normas», ha concluido Llorenç Córdoba, «pero sí puedo trabajar para que Formentera disponga de una propuesta completa, viable y difícil de ignorar. Ya no pueden decir que no hay alternativas: hemos puesto los datos, la base legal y las soluciones sobre la mesa».