El presidente de un órgano consultivo del Gobierno dice que lo de Ceuta es «un estrés-test del nuevo marco normativo europeo»

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España, Antón Costas, ha considerado este jueves que la situación migratoria que se está viviendo en Ceuta supone «un estrés-test del nuevo marco normativo europeo» en materia de migración y asilo, que permitirá comprobar hasta qué punto la nueva regulación comunitaria es eficaz ante situaciones de presión migratoria.

Costas se ha referido así a la situación de la ciudad autónoma durante la presentación en Palma del informe La realidad migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas, elaborado por el CES a petición del Gobierno y aprobado por el pleno del organismo en octubre de 2025.

El presidente de este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral ha situado lo ocurrido en Ceuta en el contexto de la entrada en vigor del nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo, compuesto por un conjunto de reglamentos que modifican sustancialmente la regulación comunitaria sobre el control de las fronteras y la gestión de los flujos migratorios. A su juicio, la situación actual permitirá comprobar «en qué medida» ese nuevo marco europeo funciona ante una crisis real. Costas ha enmarcado esta reflexión en una de las tesis centrales del informe: la inmigración debe abordarse fundamentalmente como una cuestión de gestión y no como «un problema ideológico». En este sentido, ha defendido un modelo migratorio «controlado, seguro, humanitario y eficaz», una fórmula que el presidente del CES ha venido vinculando a la necesidad de combinar el control de los flujos con la protección de los derechos de las personas migrantes y la capacidad de los países receptores para integrarlas.

Costas ha sostenido que la experiencia internacional muestra que las sociedades presentan una mayor aceptación de la inmigración cuando existe la percepción de que los flujos están controlados y de que generan efectos positivos tanto para los inmigrantes como para la población de acogida.

España, un caso «singular»

El presidente del CES ha llamado también la atención sobre la velocidad con la que España se ha convertido en un país receptor de inmigración. Según ha explicado, en apenas dos décadas el país ha pasado de contar con una presencia reducida de población inmigrante a alrededor de diez millones de personas de origen extranjero, una transformación que ha calificado de «singular» en el contexto internacional. «No hay ningún otro país en el mundo» que haya experimentado una transformación de esta magnitud en tan poco tiempo, ha afirmado Costas, quien ha contrapuesto el caso español con el de otros grandes países receptores que acumulan décadas de experiencia en la gestión de la inmigración.

Esta circunstancia, ha señalado, debe tenerse en cuenta tanto a la hora de afrontar los problemas asociados a los flujos migratorios como de aprovechar sus oportunidades. El CES considera la inmigración un componente estructural de la sociedad española y plantea que el debate debe centrarse en cómo gestionar adecuadamente esa realidad.

Costas ha destacado además que la población inmigrante no se distribuye homogéneamente por el territorio. Existe una importante concentración en el arco mediterráneo —Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y la zona mediterránea de Andalucía—, además de Madrid y los archipiélagos.

Junto a esta concentración geográfica, ha señalado otra de carácter sectorial, principalmente en actividades vinculadas al turismo, el sector agrario y la construcción. Ambas realidades, ha advertido, están estrechamente relacionadas y obligan a acompasar la necesidad de trabajadores extranjeros que expresan determinados sectores productivos con políticas capaces de preservar la cohesión social en los lugares donde se concentra esa población.

El presidente del CES ha llamado especialmente la atención sobre aquellos municipios o barrios en los que la población de origen inmigrante se aproxima al 30 %, situaciones para las que el informe llega a emplear el concepto de «saturación». Frente a esas concentraciones, Costas ha apuntado también una tendencia que considera relevante: la progresiva extensión de la inmigración hacia zonas rurales. Aunque ha advertido de que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas, ha señalado que puede estar produciéndose «una especie de rejuvenecimiento demográfico» del mundo rural gracias a la llegada de población extranjera.

Para Costas, la necesidad de mano de obra inmigrante que manifiestan sectores como la construcción, la agricultura o el turismo exige asimismo asumir las consecuencias sociales de esa demanda. «Si defendemos que necesitamos inmigrantes para el mantenimiento de nuestro tejido productivo y de nuestra actividad económica, tenemos que ser coherentes» a la hora de afrontar las políticas necesarias para su integración, ha señalado.

La «irregularidad sobrevenida»

Otro de los aspectos en los que Costas ha puesto el foco es la inmigración irregular. El presidente del CES ha subrayado que la mayor parte de la población extranjera que reside en España se encuentra en situación regular y ha pedido diferenciar las entradas irregulares de lo que ha denominado «irregularidad sobrevenida».

Según ha explicado, las entradas irregulares representan una parte menor del fenómeno, mientras que una parte sustancial de las situaciones administrativas irregulares se produce después de que personas que han entrado legalmente en España pierdan o no consigan mantener su autorización de residencia.

Costas ha puesto como ejemplo las entradas como turistas, que permiten permanecer legalmente en España durante un periodo determinado y pueden desembocar posteriormente en una situación irregular, así como las dificultades y retrasos administrativos para tramitar determinadas autorizaciones.

Por ello, ha defendido poner el foco no solo en cómo regularizar determinadas situaciones, sino también en «cómo evitar la irregularidad sobrevenida». El informe del CES distingue precisamente entre la irregularidad derivada de entradas por vías no autorizadas, minoritaria, y la que aparece posteriormente por dificultades para completar procedimientos administrativos.

El presidente del organismo ha valorado en términos generales las modificaciones introducidas en los últimos años en el Reglamento de Extranjería, particularmente las nuevas figuras de arraigo, al considerar que han contribuido a reducir parte de esa irregularidad administrativa.

En cuanto al impacto económico, Costas ha reconocido la aportación de la inmigración al crecimiento español, aunque ha rechazado atribuir exclusivamente a este fenómeno el comportamiento reciente de la economía. España, ha argumentado, está experimentando también una «transformación profunda, aunque silenciosa», relacionada con el creciente peso de servicios de mayor valor añadido.

El informe del CES concluye que los efectos de la inmigración sobre el crecimiento económico, el empleo, la productividad y la demografía están siendo, en términos generales, positivos.

Costas se ha detenido asimismo en las condiciones laborales de los inmigrantes y ha señalado que los datos muestran una brecha salarial importante durante sus primeros años en España, que se va reduciendo a medida que aumenta su permanencia en el país.

Según ha explicado, esa diferencia inicial puede estar relacionada con factores como un menor conocimiento del mercado laboral español o la falta de redes sociales y profesionales, mientras que a partir del cuarto o quinto año los datos apuntan hacia una progresiva convergencia.

El presidente del CES ha advertido, no obstante, de una limitación relevante a la hora de analizar las condiciones de vida de quienes se encuentran en situación irregular: la ausencia de estadísticas suficientemente precisas. Esa carencia dificulta medir fenómenos como la precariedad o los posibles abusos laborales que afectan a este colectivo.