Hospital Can Misses de Ibiza donde fue atendida la víctima ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA 01/1/1970
El marroquí acusado de violar a una paciente en un hospital de Ibiza se enfrenta a 14 años de cárcel
El procesado, que estaba ingresado en la misma unidad que la víctima, se coló en la habitación de la víctima y aprovechó que estaba sedada para penetrarla
Un hombre de 26 años y de origen marroquí se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma los días 1 y 2 de octubre acusado de agredir sexualmente a una paciente en el Hospital Can Misses de Ibiza que se encontraba ingresada en la misma planta que él.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2025 en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental del hospital público ibicenco, cuando el acusado aprovechó que la víctima, de 59 años, se encontraba profundamente sedada para penetrarla en su habitación.
La Fiscalía pide un pena de 14 años de cárcel y exige además una indemnización de 30.200 euros para la víctima. También responsabiliza de forma subsidiaria al Servicio balear de Salud (IB-Salut) por no haber evitado el ataque pese a los antecedentes de conducta alterada del agresor y las cámaras de vigilancia del recinto.
Entraba en habitaciones y se duchó en una
Los hechos ocurrieron los días 18 y 19 de marzo de 2025. La víctima, de 59 años, se encontraba ingresada por un cuadro de desorientación temporoespacial compatible con abstinencia alcohólica y presentaba mejoría.
En la tarde del 18 de marzo el procesado mostró una «conducta alterada e invasiva con otros pacientes, llegando a entrar en habitaciones que no eran la suya, e incluso duchándose en una de ellas».
Sobre las 18.29 horas, el acusado invadió el espacio personal de la víctima diciéndole cosas al oído. El personal del centro lo recondujo a su habitación y advirtió que «presentaba una erección». La paciente avisó al personal de que se sintió «molesta e invadida», por lo que pidió un cambio de habitación para no dormir sola; una petición que no fue atendida.
Antes de la medianoche, el procesado entró en la estancia donde la víctima dormía profundamente bajo los efectos de un refuerzo de una medicación. Aprovechando su estado y con «ánimo de satisfacer su deseo sexual», se tumbó encima de ella y presuntamente la penetró vaginalmente. La víctima se despertó y comenzó a decir «que no quería», momento en el que el encausado «la giró y la penetró analmente», según el relato de la acusación pública.
Tras lavarse, la víctima presentaba cuatro excoriaciones en la región vulvar que requirieron una asistencia y causaron un perjuicio personal básico de 30 días, además de afectación negativa en su estado de ánimo.
La Fiscalía subraya que, «a pesar del sistema de vigilancia por cámaras situadas en la Unidad de Hospitalización breve, y por el personal sanitario, nadie advirtió la entrada del procesado en la habitación». Tampoco se había adoptado ninguna medida de seguridad a pesar de sus comportamientos previos en el área.
Los informes determinan que el procesado, nacido en Marruecos en 1999, está diagnosticado de esquizofrenia, pero en el momento de los hechos «presentaba sintomatología psicótica crónica, ésta no afectaba a su capacidad de discernir y de comprender la ilicitud de los hechos». El acusado tiene diagnosticada una esquizofrenia pero la acusación y la defensa difieren sobre su gravedad. El procesado alegó que era inimputable por su enfermedad mental.
El ministerio fiscal califica los hechos como un delito de agresión sexual agravada por la especial vulnerabilidad de la víctima, en concurso real con un delito leve de lesiones.
30.000 euros por daño moral
Además de los 14 años de cárcel y la inhabilitación absoluta, se solicita la medida de libertad vigilada por tiempo de 10 años, la inhabilitación especial para actividades con menores durante 20 años, la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 15 años, y la expulsión de territorio español una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, con prohibición de entrada durante 10 años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la víctima con 200 euros por las lesiones físicas y 30.000 euros por daño moral. El ministerio público interesa asimismo la responsabilidad civil subsidiaria del IB-Salut, por «el funcionamiento anormal de su servicio».