Armengol, la presidenta del Congreso con amnesia: sus ocho años de 'Aquí no hay quien viva' en Baleares

Como una ciudadana más, asfixiada por el pago de su alquiler o la hipoteca e incapaz de llegar a final de mes, Francina Armengol se echó este sábado a las calles de Palma para protestar por el problema de la vivienda. La presidenta del Congreso que no conoce la neutralidad institucional caminó junto a unas 3.000 personas —según la Policía Nacional— convocadas por el Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d’Habitatge de Palma y la PAH, y lo hizo acompañada por buena parte de la cúpula socialista de las islas, como ordena Moncloa y Ferraz. El problema para el partido es que ellos pueden simular amnesia pero la hemeroteca demuestra más bien cinismo. Sus ocho años de gestión al frente de Baleares - de 2015 a 2023, de la mano de los ecosoberanistas y podemitas- son sinónimo de precios esquizofrénicos de la vivienda, saturación turística e hipocresía medioambiental.

Antes de salir a la calle había pasado por el Consejo Político del PSIB-PSOE, donde señaló a los culpables de la situación actual. Cargó contra PP, Vox, UPN y Junts por haber tumbado en el Congreso las medidas de vivienda planteadas por el Gobierno y acusó a estas formaciones de «traicionar» a la ciudadanía y colocarse del lado de los fondos buitre, los especuladores y el «gran capital». «Ayer ejecutaron la traición pública a muchas cosas, la derecha catalana, la derecha navarra y la derecha española, fue muy claro», proclamó ante los suyos.

En su repaso faltaron, sin embargo, ocho años. Los suyos.

La locura de la vivienda

Armengol llegó al Consolat de Mar en 2015 y salió en 2023. Entre una fecha y otra, la vivienda en Baleares subió un 63 % mientras que en el conjunto de España lo hizo un 47 %. No fue, desde luego, un fenómeno exclusivamente balear ni atribuible a una sola administración, pero en las islas la escalada fue sensiblemente mayor y atravesó de principio a fin los dos mandatos de la socialista.

Fue también durante aquellos años cuando se abrió la veda de las plazas turísticas (las oficiales) y las islas sumaron 115.000 en ocho años. Luego, por supuesto, está la oferta ilegal que no aparece en los registros y no se le metió mano.

Más turismo que nunca

Y ahí aparece otra de las curiosidades de la actual hemeroteca socialista. El PSIB lleva desde el inicio de esta legislatura reclamando decrecimiento, límites a la llegada de visitantes, estudios de carga y un techo turístico. Sus dirigentes han acusado repetidamente al Govern de Marga Prohens de no actuar con suficiente contundencia frente a la saturación. En febrero plantearon incluso fijar como máximo los 17,8 millones de turistas registrados en 2023.

Hasta que faltaron turistas. En Menorca, el PSOE denunció este año que la reducción de frecuencias aéreas durante el invierno había provocado la llegada de unos 10.000 visitantes menos y calculó en 16 millones de euros las pérdidas derivadas de esa caída. El secretario general de los socialistas menorquines, Pepe Mercadal, responsabilizó al Consell de la «mala gestión» de la conectividad y reclamó soluciones. El partido que pide contener el número de visitantes en Baleares protestaba así porque a una de sus islas habían llegado demasiado pocos.

La relación del antiguo Pacte con el territorio ofrece episodios parecidos. Durante los ocho años de Armengol, PSOE, Més y Podemos hicieron de la protección medioambiental una de sus banderas. La legislatura estuvo plagada de debates sobre el suelo rústico, los límites al crecimiento, el consumo de recursos y la necesidad de proteger unas islas sometidas a una presión creciente.

Este verano, la organización ecologista 'Terraferida' puso algunos números sobre la mesa: 10.680 piscinas nuevas construidas en Mallorca entre 2015 y 2024: unas 1.166 al año, 23 cada semana. El 30 % estaban en suelo rústico.

La era de las piscinas.

La organización ecologista también habló de la construcción residencial en suelo rústico. Según sus cálculos, durante los años del Pacte se edificaron o autorizaron miles de chalés fuera de los núcleos urbanos. Buena parte del fenómeno se concentró precisamente en municipios costeros y zonas sometidas a una intensa presión inmobiliaria y turística. El paisaje que dejó aquella década resulta bastante más complicado que el eslogan de la «protección del territorio».

La hipocresía medioambiental

Hasta los trenes terminaron protagonizando su hipocresía climática. La electrificación de la red ferroviaria mallorquina dejó sin trabajo a los antiguos automotores diésel de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Las unidades, que habían comenzado a circular en la isla en 1994, fueron retirándose a medida que avanzaba la electrificación hasta abandonar definitivamente el servicio comercial en 2019. Un año después, con Armengol presidiendo el Consolat, el Govern encontró comprador: Kenya Railways. Once unidades dobles, 9,6 millones de euros. El acuerdo incluía repuestos, perfilado de ruedas y formación del personal keniano por trabajadores de SFM. Los trenes que Baleares había jubilado tras electrificar su red emprendieron así una segunda vida en África y terminaron circulando por las cercanías de Nairobi. Porque ya se sabe que hay que luchar contra el cambio climático en las islas, en España y en Europa, pero África puede esperar.

Armengol acusa ahora a la derecha de «traición pública» y de ponerse al servicio del gran capital. Amnesia y agitación.