El secretario general de la AUGC Baleares

El secretario general de la AUGC Baleares

LUIS FERNÁNDEZ DEL BLANCO, AUGC BALEARES

«La Guardia Civil está bordeando el colapso en Baleares, hay 400 agentes a punto de irse y 2.400 bajas médicas al año»

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alerta en El Debate de que la falta de efectivos, el precio de la vivienda y la presión migratoria están llevando al límite a las plantillas del archipiélago

España celebra hoy su Fiesta Nacional y la Guardia Civil, a la Virgen del Pilar, su Patrona y guía. Miles de beneméritos festejan su gran día acompañados por una sociedad civil agradecida a su labor y a su entrega. Sin embargo, un día como hoy es también un buen momento para destacar las carencias que algunas zonas presentan, como es el caso de Baleares.

PREGUNTA. Llevan años denunciando la falta de guardias civiles en Baleares. ¿Hasta qué punto es preocupante la situación actual?

RESPUESTA. Es muy preocupante, porque ya no estamos hablando de un problema puntual ni de una situación que se produzca únicamente en verano. Estamos hablando de una falta de personal que se ha convertido en algo estructural. Llevamos años advirtiéndolo y, lejos de solucionarse, la situación se está agravando.

Para que se haga una idea, en el último movimiento nacional de vacantes hemos perdido entre 70 y 100 agentes en Baleares y las previsiones que manejamos apuntan a que podrían marcharse hasta 400 efectivos más antes de que termine el año si no se toman medidas. Son cifras que deberían hacer reflexionar al Ministerio del Interio. El problema es que cada vez resulta más difícil encontrar guardias civiles que quieran venir destinados a las islas y, sobre todo, conseguir que quienes ya están aquí se queden.

P. Se ha hablado de alrededor de un millar de vacantes entre la Guardia Civil y la Policía Nacional en Baleares. ¿Les cuadran esas cifras?

R. Nosotros no podemos confirmar una cifra exacta porque los catálogos de personal y las vacantes reales no son información pública. Es algo que venimos reclamando desde hace tiempo, porque creemos que debería existir una mayor transparencia. Dicho esto, la estimación de unas mil vacantes entre ambos cuerpos que han trasladado algunas formaciones políticas nos parece razonable. Encaja bastante con la realidad que estamos viendo en las distintas unidades. Desde las asociaciones profesionales se ha situado el déficit de la Guardia Civil en torno al 22 % de la plantilla prevista, y eso, evidentemente, tiene consecuencias. Hay lugares donde prácticamente hemos perdido la capacidad de hacer una labor preventiva porque los agentes están ocupados atendiendo las incidencias que van surgiendo.

P. ¿Qué unidades están sufriendo especialmente esa falta de efectivos?

R. El problema está bastante extendido, aunque hay situaciones especialmente delicadas. Por ejemplo, en la Unidad de Seguridad de la Comandancia de Palma tenemos turnos que están por debajo de los mínimos necesarios. Eso supone más carga de trabajo para los compañeros y también un riesgo desde el punto de vista de la seguridad. En Formentera hablamos de una plantilla de unos 26 o 27 agentes que tiene que afrontar una presión turística y migratoria enorme. Es evidente que no es suficiente. Y en Cabrera hemos llegado a tener un destacamento de vigilancia marítima funcionando con solo dos agentes, precisamente en un momento en el que las llegadas de pateras han aumentado considerablemente. También tenemos problemas en Seguridad Ciudadana en distintos puestos de Mallorca, Menorca e Ibiza. Incluso se han dado situaciones en Menorca en las que una sola patrulla ha tenido que atender todas las incidencias durante la noche. Imagínese lo que supone eso cuando se producen dos avisos al mismo tiempo. Los compañeros hacen todo lo que pueden, pero no pueden estar en dos sitios a la vez.

Baleares es un destino de castigo y es una pena, porque no debería ser así; es una tierra maravillosa

P. ¿Se está resintiendo la seguridad de los ciudadanos?

R. Lo que se está resintiendo, sin ninguna duda, es nuestra capacidad de respuesta y, sobre todo, de prevención. Una cosa es atender una llamada cuando ya ha ocurrido algo y otra muy distinta es poder tener patrullas en la calle, vigilar determinadas zonas y anticiparse a los problemas. Cuando tiene una plantilla tan ajustada, cualquier baja, permiso o ausencia le descuadra el servicio. Y eso se nota especialmente en los puestos pequeños. Los ciudadanos deben saber que los guardias civiles están haciendo un esfuerzo enorme para mantener el servicio, pero hay un límite. No podemos pretender ofrecer cada vez más seguridad con menos personal.

P. ¿Por qué cuesta tanto que los agentes quieran venir a Baleares?

R. Fundamentalmente, por el coste de la vida y por la vivienda. Es así de sencillo. Un guardia civil que llega destinado a Ibiza, Mallorca o Formentera se encuentra con unos precios que en muchos casos no puede asumir con su sueldo, y no estamos hablando de vivir con grandes comodidades. Estamos hablando de poder alquilar una vivienda digna, pagar los gastos y llegar a final de mes. En Ibiza hemos denunciado situaciones de compañeros que se han visto obligados a vivir en sus vehículos porque no encontraban un alojamiento que pudieran pagar. Eso es absolutamente indigno. Al final, muchos agentes vienen porque les toca, pero en cuanto tienen la posibilidad de pedir otro destino, se marchan. Baleares es un destino de castigo y es una pena, porque no debería ser así. Es una tierra maravillosa.

P. Pero se ha aprobado una subida del plus de insularidad. ¿No ha servido para aliviar el problema?

R. Cualquier mejora económica es bienvenida, faltaría más. Pero una cosa es reconocer que se ha producido una subida y otra muy distinta es decir que con eso se ha solucionado el problema. Se han aprobado incrementos de entre 105 y 697 euros mensuales, dependiendo del grupo funcionarial y de la isla. Pero nosotros seguimos considerando que las cantidades son insuficientes para compensar el coste real de vivir aquí. Además, creemos que hay que estudiar la situación de cada isla de manera individualizada. No cuesta lo mismo encontrar una vivienda en determinados municipios de Mallorca que en Ibiza o Formentera. Lo que pedimos es un complemento de residencia digno, que responda a la realidad económica de Baleares y que no genere diferencias injustificadas entre funcionarios. Si queremos que los agentes se queden, tenemos que darles unas condiciones que les permitan vivir aquí.

P. ¿La vivienda es entonces el principal problema de la Guardia Civil en las islas?

R. Yo diría que es uno de los principales problemas y, seguramente, el que más influye en la decisión de marcharse porque usted puede tener vocación, puede estar a gusto con su trabajo y con sus compañeros, pero si no puede pagar una vivienda o mantener a su familia, al final se tiene que ir, y eso está ocurriendo. Tenemos plazas que quedan sin cubrir en los concursos de traslados. En Tráfico, en Ibiza, por ejemplo, se han producido situaciones de este tipo en sucesivas convocatorias. ¿Qué se hace entonces? Se recurre a comisiones de servicio, se trae temporalmente a otros compañeros y se intenta salir del paso. Pero eso no soluciona nada a largo plazo. Nosotros insistimos mucho en una cuestión: no basta con conseguir que vengan guardias civiles. Hay que conseguir que quieran quedarse.

P. Cada verano llegan refuerzos de agentes a Baleares. ¿No son suficientes?

R. El problema es que muchas veces se anuncian esos refuerzos como si fueran un incremento real de la plantilla, y no es así. En verano también tienen que disfrutar sus vacaciones los guardias civiles que están destinados aquí. Es un derecho que tienen, como cualquier trabajador. Por tanto, buena parte de los agentes que vienen de refuerzo lo que hacen es cubrir esas ausencias. Al final, la capacidad operativa no aumenta tanto como se transmite públicamente, precisamente en los meses en los que tenemos muchísima más población y más trabajo; y hay otra cuestión que tampoco podemos olvidar: el coste económico. Desplazar agentes desde la Península supone pagar dietas y otros gastos que son muy elevados. Nosotros creemos que sería mucho más eficaz invertir esos recursos en medidas que permitan mantener plantillas estables en Baleares. No podemos estar todos los veranos poniendo parches al mismo problema.

La presión migratoria ha aumentado, eso es evidente, pero la falta de plantilla ya existía antes; lo que necesitamos son efectivos estables

P. ¿Qué consecuencias está teniendo esta situación para los propios guardias civiles?

R. Muchísimas. Estamos hablando de compañeros que llevan años soportando una carga de trabajo muy importante, con servicios muy ajustados y con una presión que termina pasando factura. Hay un dato que nos parece especialmente significativo: entre 2018 y 2025 se ha registrado una media de unas 2.400 bajas médicas anuales en una plantilla que no llega a los 2.000 efectivos. Hay que tener en cuenta que hablamos de episodios de baja, no de 2.400 agentes distintos, pero aun así es una cifra que debería preocuparnos. No podemos atribuir todas esas bajas exclusivamente al trabajo, pero desde luego creemos que la sobrecarga y el estrés operativo son factores que deben tenerse muy en cuenta y en una unidad pequeña, como puede ser Formentera, la ausencia de un solo compañero ya tiene consecuencias directas. Puede significar menos personal para atender al público o una patrulla menos en la calle.

P. A esa falta de personal se suma el aumento de la inmigración irregular. ¿Cómo está afectando a la Guardia Civil?

R. Está suponiendo una presión añadida enorme, especialmente en lugares como Formentera, Cabrera e Ibiza. Cuando llega una patera, el trabajo no termina con localizarla o interceptarla. Después vienen los traslados, las custodias, las diligencias, los atestados... Todo eso requiere personal y muchas horas de trabajo; y buena parte de esas tareas recaen sobre los mismos agentes que tienen que seguir atendiendo el resto de los servicios habituales. Para que se haga una idea de la magnitud del fenómeno, en todo 2025 se contabilizaron 7.321 llegadas por mar a Baleares y hasta el 30 de septiembre de este año ya se habían registrado 350 pateras con 6.408 migrantes. Son cifras muy importantes para un territorio como el nuestro, especialmente cuando las unidades que tienen que responder a esas situaciones ya arrastran una falta de efectivos.

P. ¿La declaración de emergencia migratoria ha mejorado algo la situación?

R. Lo que no podemos aceptar es que se piense que una declaración de emergencia va a solucionar por sí sola una carencia que llevamos años denunciando. La presión migratoria ha aumentado, eso es evidente, pero la falta de plantilla ya existía antes. Lo que necesitamos son efectivos estables, medios adecuados y una planificación que tenga en cuenta la realidad de las islas. No podemos depender continuamente de refuerzos extraordinarios cada vez que se produce una situación complicada. Además, se está planteando crear un Puesto Fiscal en Formentera. Sobre el papel puede parecer una buena medida, pero nosotros nos preguntamos algo muy sencillo: ¿quién va a ocupar esas plazas si no se soluciona antes el problema de la vivienda? Crear puestos que después nadie quiere o puede ocupar no resuelve el problema.

P. También han denunciado deficiencias en los cuarteles. ¿En qué situación se encuentran las infraestructuras?

R. Tenemos carencias importantes y proyectos que llevan demasiado tiempo pendientes. En Ibiza, por ejemplo, hace unos diez años que se anunció el cuartel de Sant Josep y seguimos sin ver que el proyecto avance como debería. También está el caso de Santa Gertrudis, donde los plazos continúan sin estar claros o se habla de actuaciones que tardarán años.Y el problema es que las necesidades las tenemos ahora, no dentro de cinco o diez años. Además, cuando se habla de construir nuevos cuarteles, hay que pensar también en el alojamiento de los agentes. Si la mayoría de las plazas residenciales que se proyectan son individuales, ¿qué ocurre con un guardia civil que quiere venir con su pareja y sus hijos? No podemos pretender que los compañeros se establezcan en Baleares si no les damos la posibilidad de desarrollar aquí una vida familiar.

No podemos exigir a los mismos guardias civiles que hagan cada vez más cosas con menos recursos

P. ¿Y en cuanto a vehículos, embarcaciones y otros medios materiales?

R. También hay necesidades que llevamos tiempo trasladando. No basta con tener personal si después no dispone de los medios adecuados para trabajar. En el Servicio Marítimo, por ejemplo, hemos reclamado mejoras en los equipos de protección, como chalecos de alta flotabilidad, ropa apropiada y botas adaptadas al trabajo que realizan los compañeros. También venimos denunciando a nivel nacional el desgaste de vehículos, embarcaciones y aeronaves, y la necesidad de renovar ese material. Son cuestiones que afectan tanto a la eficacia del servicio como a la seguridad de los propios agentes; y no es únicamente una denuncia nuestra. El Tribunal de Cuentas también ha fiscalizado las inversiones del Ministerio del Interior y ha puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con las infraestructuras y los medios materiales de la Guardia Civil.

P. ¿Qué ocurre con la atención sanitaria y la prevención de riesgos laborales de los agentes?

R. Es otro asunto que nos preocupa. Hemos tenido carencias en la realización de reconocimientos médicos en las islas y tampoco contamos con una estructura sanitaria propia suficiente. Se ha tenido que recurrir a personal médico desplazado desde otras provincias y, aunque se ha alcanzado un acuerdo con el grupo Quirón para determinados servicios, creemos que todavía hay margen de mejora. Estamos hablando de profesionales que desempeñan funciones que en ocasiones implican riesgos físicos y una carga importante de estrés. La vigilancia de la salud laboral debería ser una prioridad, no algo que haya que estar reclamando continuamente.

P. Concrete qué le piden concretamente al Ministerio del Interio.

R. Lo primero es que reconozca la dimensión real del problema y deje de tratar Baleares como si fuera un destino más, porque no lo es. Necesitamos cubrir las plantillas, pero también adoptar medidas para que los agentes que ya están destinados aquí no se marchen. Eso pasa necesariamente por mejorar el complemento de residencia y abordar el problema de la vivienda. También reclamamos que se desbloqueen los proyectos de nuevos cuarteles, que se renueven los vehículos y los equipos que lo necesitan y que se garantice una atención adecuada en materia de salud laboral; y, por supuesto, que la respuesta al aumento de la inmigración irregular se haga con recursos estables y no únicamente con medidas temporales.

P. ¿Cree que la situación puede empeorar si no se adoptan medidas urgentes?

R. Es de sentido común. Si siguen marchándose agentes y no conseguimos atraer a otros nuevos, llegará un momento en el que será cada vez más difícil sostener determinados servicios en condiciones adecuadas, y no debemos olvidar que estamos hablando de Baleares, un territorio que durante varios meses al año multiplica su población por la llegada de turistas y que, además, está afrontando una presión migratoria muy importante. No podemos exigir a los mismos guardias civiles que hagan cada vez más cosas con menos recursos. Los compañeros están demostrando un compromiso enorme, pero ese esfuerzo no puede servir de excusa para que la Administración no haga su trabajo.

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