Prohens exige que las devoluciones de inmigrantes que se aplican en Ceuta también se hagan en Baleares

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha exigido este martes al Gobierno de España que aplique en Baleares los mecanismos de devolución de inmigrantes irregulares que, según ha afirmado, han comenzado a utilizarse en Ceuta, y ha denunciado la falta de actuación del Ejecutivo central ante las llegadas de pateras al archipiélago, donde ha cifrado en 25.000 los inmigrantes que han alcanzado las costas de las islas durante los últimos cinco años. Durante su intervención en el Debate de Política General del Parlament, Prohens ha acusado al Gobierno central de abandonar a Baleares durante los últimos ocho años ante el incremento de la inmigración irregular y ha utilizado la situación de Ceuta para reclamar un cambio en la política migratoria. «No olvidemos que mientras celebramos este debate tenemos una ciudad invadida», ha afirmado en referencia a Ceuta, antes de señalar que las devoluciones de inmigrantes irregulares que durante tanto tiempo se habían presentado como imposibles ahora han comenzado a realizarse en esa ciudad autónoma. «Si se puede hacer en Ceuta, también se tiene que poder hacer en nuestras islas», ha reclamado.

La presidenta ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no haya reforzado los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni los recursos destinados a combatir las mafias que operan en las rutas migratorias, además de no haber solicitado la activación permanente de Frontex en la ruta con Argelia. También ha criticado que el Gobierno no esté aplicando los mecanismos de devolución y ha asegurado que España actúa a contracorriente de la Unión Europea al ser, según ha sostenido, el único país que ha votado contra el Reglamento de Retornos.

Prohens ha advertido de que la presión migratoria ha provocado una situación de sobreocupación en los recursos de acogida de menores extranjeros no acompañados, que actualmente atienden a más de 900 menores en Baleares, más del doble de la capacidad ordinaria fijada por el Ministerio de Infancia. Ha señalado especialmente la situación de Formentera, donde, según las cifras que ha ofrecido, han llegado este año 3.266 inmigrantes irregulares a una isla que no alcanza los 12.000 habitantes y que acoge a más de 250 menores migrantes, lo que representa una proporción de un menor acogido por cada 46 habitantes.

La jefa del Ejecutivo autonómico también ha rechazado el procedimiento de regularización masiva de inmigrantes irregulares aprobado por el Gobierno central, al considerar que fomenta un efecto llamada que, según ha asegurado, confirman informes del Centro Nacional de Inteligencia. En este contexto, ha defendido las medidas adoptadas por su administración para exigir períodos mínimos de residencia en el acceso a determinadas prestaciones sociales, como la renta social y la renta de emancipación, así como a la vivienda pública, con el objetivo declarado de evitar que estas ayudas contribuyan a atraer más población al archipiélago.

«No podemos seguir creciendo»

La presidenta ha situado la inmigración dentro del debate sobre el crecimiento demográfico de Baleares, cuya población ha aumentado un 47 % en los últimos 25 años, con cerca de 400.000 habitantes más y una población que se aproxima a los 1,3 millones de personas. A su juicio, este incremento ejerce una presión creciente sobre los servicios públicos, las infraestructuras y el mercado de la vivienda, por lo que ha defendido la necesidad de transformar el modelo económico para reducir la dependencia de la captación continua de trabajadores de fuera y frenar las llegadas de inmigrantes irregulares. «Siempre hemos sido tierra de acogida, pero si no podemos seguir creciendo, no podemos seguir creciendo», ha manifestado Prohens, quien ha insistido en que Baleares no puede continuar aumentando indefinidamente ni su población residente ni el número de turistas. «Aquí no cabe todo el mundo», ha afirmado, antes de rechazar especialmente la inmigración irregular y a quienes, según sus palabras, no llegan para contribuir, integrarse o respetar las leyes y los valores de la comunidad.

Prohens ha concluido este apartado de su intervención defendiendo que la protección de las fronteras y una inmigración legal y ordenada forman parte de la defensa de los intereses de Baleares, al tiempo que ha insistido en reclamar al Gobierno de España una respuesta ante las llegadas irregulares y la presión que soportan los recursos de acogida de las islas.