Detenida por controlar con cámaras a inmigrantes que ejercían la prostitución y quedarse con todo su dinero

Una oferta de trabajo publicada en una plataforma digital era el primer paso de un negocio que, según la Policía Nacional, escondía una trama de explotación sexual en Manacor, Mallorca. Una mujer ha sido detenida por captar a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que ejercieran la prostitución en una casa de la isla y quedarse después de todo el dinero que obtenían por los servicios sexuales. Para mantener el control sobre ellas, la sospechosa se hacía pasar por abogada, las sometía a una vigilancia constante y llegaba a mostrarles justificantes bancarios falsos para hacerles creer que les había pagado.

La detenida había establecido un sistema con el que buscaba obtener el máximo beneficio económico sin levantar sospechas. Las mujeres llegaban al piso atraídas por las ofertas que publicaba en internet, pero una vez comenzaban a trabajar se encontraban con una realidad muy distinta a la que esperaban. Según ha informado este lunes la Policía Nacional, la responsable del negocio dejaba de entregarles el dinero que habían ganado y se apropiaba de la totalidad de los ingresos.

El control comenzaba desde el momento en que las jóvenes entraban en la vivienda. La mujer había instalado un sistema de videovigilancia con el que podía supervisarlas de forma permanente. Además, les imponía unas normas especialmente estrictas para garantizar la discreción y evitar que los vecinos o cualquier persona ajena al inmueble descubrieran que allí se ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero.

Uno de los aspectos más llamativos del funcionamiento de este negocio era la rotación de las mujeres. La detenida procuraba que sólo hubiera una joven cada mes en la vivienda. De esta forma, según los investigadores, impedía que coincidieran varias mujeres y pudieran establecer vínculos de confianza, compartir lo que les estaba ocurriendo o buscar ayuda para salir de aquella situación.

Pagos falsos para evitar que se marcharan

Los problemas comenzaban cuando las jóvenes reclamaban el dinero que les correspondía. Pese a haber realizado los servicios sexuales, no recibían las cantidades que habían generado. La sospechosa se quedaba con los ingresos y recurría a diferentes engaños para prolongar su estancia en el inmueble.

Cuando alguna de ellas se cansaba de esperar y manifestaba su intención de irse, la mujer aseguraba que ya había realizado la transferencia bancaria y les enseñaba una captura de pantalla que supuestamente acreditaba el ingreso. Sin embargo, el justificante era falso y el dinero nunca llegaba a sus cuentas. Con esta maniobra conseguía ganar tiempo y trataba de convencer a las jóvenes de que permanecieran en la vivienda, donde podían seguir generando ingresos de los que ella se apropiaba.

La detenida también utilizaba otra estrategia para reforzar su posición frente a las mujeres: aseguraba que era abogada. No tenía esa titulación, pero se presentaba como profesional del derecho para aparentar conocimientos legales y disuadirlas de acudir a la Policía. Según los investigadores, su objetivo era evitar que las jóvenes denunciaran lo que estaba sucediendo.

La elección de las víctimas tampoco era casual, de acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional. La mujer se aprovechaba de jóvenes que atravesaban situaciones económicas especialmente difíciles y que, además, carecían de permiso de trabajo en España. Esta combinación de necesidad económica y falta de alternativas laborales legales las colocaba en una posición de especial vulnerabilidad. La detenida se valía de esas circunstancias para atraerlas a la vivienda y mantener un negocio en el que ellas asumían la actividad mientras ella se quedaba con los beneficios.