Pleno del Ayuntamiento de Palma
Palma podrá crear su propia empresa de vivienda para construir pisos protegidos y gestionar el parque público
La reforma de la Ley de Capitalidad duplicará hasta los 60 millones la financiación anual de la ciudad
Palma contará con una Empresa Municipal de Vivienda que se encargará de promover, construir, rehabilitar y gestionar viviendas protegidas, además de administrar el parque público municipal. Es una de las principales novedades de la modificación de la Ley de Capitalidad, aprobada este martes por el Parlament balear, que dota al Ayuntamiento de nuevas herramientas para afrontar la crisis habitacional y mejorar la gestión de los servicios públicos.
La reforma abre también la puerta a la puesta en marcha de programas destinados a incorporar viviendas de titularidad privada al mercado del alquiler asequible, una medida con la que el Consistorio podrá ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda sin limitarse exclusivamente a la construcción de nuevos inmuebles públicos.
La nueva empresa municipal, cuya creación queda habilitada por la reforma, podrá asumir tanto la promoción de nuevas viviendas protegidas como la rehabilitación de inmuebles y la gestión de las viviendas dotacionales. Su puesta en funcionamiento requerirá los correspondientes trámites municipales.
Otra de las novedades en materia de vivienda es la creación de una Oficina de Defensa de las Personas Arrendatarias, que ofrecerá información, asesoramiento jurídico y acompañamiento a los inquilinos en cuestiones relacionadas con el alquiler de su vivienda habitual y en situaciones de riesgo de pérdida de su hogar.
60 millones anuales
La modificación de la Ley de Capitalidad, impulsada a partir de una propuesta aprobada por el pleno municipal en noviembre de 2025, también introduce cambios importantes en la financiación del Ayuntamiento. La aportación mínima anual que recibe Palma por su condición de capital se duplicará hasta alcanzar los 60 millones de euros. Además, la nueva regulación establece mecanismos para actualizar esta cantidad en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) y de la población.
La norma garantiza que, si la aplicación de estos criterios diera como resultado una cantidad inferior a la del ejercicio anterior, se mantendrá la cuantía más elevada.
La reforma también pretende evitar que el Ayuntamiento tenga que asumir en solitario el coste de servicios que corresponden a otras administraciones o cuya prestación requiere la colaboración de varias instituciones.
Vicealcaldes y nuevas gerencias
En el ámbito organizativo, la nueva regulación contempla la posibilidad de incorporar la figura de los vicealcaldes, existente en otras grandes ciudades españolas, y crear una Gerencia del Ayuntamiento para coordinar las diferentes áreas municipales, supervisar los organismos públicos y realizar el seguimiento de los proyectos estratégicos.
Los distritos también podrán disponer de sus propias gerencias, con personal técnico, competencias ejecutivas delegadas y partidas presupuestarias de gestión directa.
Se crearán también Consejos de Distrito como órganos de participación vecinal, con capacidad para emitir informes preceptivos sobre determinadas inversiones municipales, modificaciones urbanísticas y planes de movilidad que afecten a sus respectivos territorios.
En materia urbanística, la reforma contempla la transformación de la Gerencia de Urbanismo en un organismo autónomo local, con personalidad jurídica y presupuesto propios, para agilizar la gestión y la contratación.
El Ayuntamiento también podrá proponer proyectos privados de infraestructuras y equipamientos de especial relevancia para la ciudad para su tramitación como Proyectos de Especial Interés Estratégico.
Seguridad ciudadana
La modificación refuerza igualmente los mecanismos de cooperación entre administraciones en materia de servicios sociales, conciliación familiar y atención a colectivos vulnerables. Entre otras medidas, establece que el Govern balear y el Consell de Mallorca deberán garantizar alojamientos suficientes para las víctimas de violencia contra las mujeres, mediante su aportación directa o la financiación de los gastos correspondientes.
En materia de seguridad, la reforma reconoce expresamente las funciones de la Policía Comunitaria dentro de la Policía Local de Palma y contempla la utilización de nuevas tecnologías y sistemas de videovigilancia para mejorar la prevención en los espacios públicos. También incorpora la figura de los agentes cívicos, que podrán desarrollar labores de información y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales de convivencia.
Por último, la nueva ley establece un procedimiento para avanzar hacia la creación del área metropolitana de Palma, que permitiría coordinar servicios y actuaciones con los municipios de Calvià, Marratxí y Llucmajor.
La iniciativa podrá partir de cualquiera de estos ayuntamientos y, una vez cumplidos los trámites previstos, el Govern dispondrá de un plazo de dos años para tramitar el correspondiente proyecto de ley.