Separatistas venden en Menorca camisetas con el lema «M*ta un guiri» y denuncian persecución tras ser investigados

La organización juvenil independentista Arran Menorca ha denunciado públicamente una supuesta persecución policial y judicial después de que cuatro de sus militantes fueran citados a declarar por un presunto delito de odio relacionado con unas camisetas que llevaban estampado el lema «M*ta un guiri, libera una casa». El colectivo defiende que se trata de una expresión satírica y acusa al Estado de utilizar la legislación penal para proteger el negocio turístico.

En una publicación difundida en sus redes sociales, Arran Menorca califica la investigación de «delirante» y sostiene que la actuación de la Policía Nacional constituye una ofensiva contra los jóvenes que se organizan para combatir el modelo económico de la isla.

Según explica la propia organización, a finales de agosto cuatro de sus militantes fueron citados a declarar en los juzgados de Mahón tras ser investigados por la Policía Nacional por un presunto delito de odio. Arran asegura que recurrió el auto de incoación de diligencias al considerar que no existían hechos delictivos y que tanto la investigación como el atestado policial resultaban desproporcionados. Sin embargo, según el comunicado del colectivo, la Fiscalía se ha opuesto al recurso de apelación presentado por su defensa.

«M*ata un guiri, libera una casa»

El origen de la investigación se encuentra en unas camisetas con el lema «Mata un guiri, libera una casa», una consigna que Arran Menorca justifica como una forma de denunciar los problemas de acceso a la vivienda que, a su juicio, provoca la presión turística en la isla. Cuatro militantes de esta organización radical separatista llevaron las camisetas a un local de una asociación de vecinos del municipio de Sant Climent. Fue allí donde la Policía Nacional los denunció tras constatar que, además, vendían estas prendas con el mismo lema en sus redes sociales.

La organización sostiene que el mensaje constituye una expresión satírica dirigida contra los turistas extranjeros y rechaza que pueda encajar en un delito de odio. Pero el hecho de que sus autores invoquen la sátira no elimina la gravedad de utilizar una expresión que llama literalmente a matar a personas por su condición de turistas. Fuentes cercanas al caso han explicado a El Debate que «no todo vale» para luchar por cualquier objetivo, por muy loable que este sea. «Si en las camisetas pusiera ‘mata a un moro’ o ‘mata a una mujer’, todo el mundo entendería la denuncia», han añadido, «no se puede pedir matar a nadie porque eso es delito de odio aunque ha de ser el juez quien dicte sentencia».

Precisamente, determinar si esa consigna constituye una infracción penal es el objeto de las diligencias abiertas, sin que corresponda dar por acreditada la comisión de un delito antes de que exista una resolución judicial. Arran, por su parte, sostiene que el atestado policial equipara indebidamente la condición de turista con la de una minoría vulnerable protegida por la legislación sobre delitos de odio.

El colectivo argumenta que el artículo 510 del Código Penal está concebido para proteger a las personas frente a determinadas formas de discriminación y considera que su aplicación a este caso supone una interpretación injustificada de la norma.

Ataques a la Policía Nacional

En lugar de limitar sus críticas a los argumentos jurídicos de la investigación, Arran Menorca carga también contra las instituciones encargadas de esclarecer los hechos. La organización se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como «fuerzas de ocupación» y acusa a la Delegación del Gobierno de perseguir a quienes se oponen al actual modelo turístico. Una forma de expresión calcada a la que emplea esta organización en Cataluña, donde nació en 2012 como una de las ramas más radicales de las CUP. Es allí donde desde entonces han protagonizado numerosos episodios violentos. Es el caso de los constantes conflictos en el campus de la UAB contra organizaciones constitucionalistas como S’ha Acabat, a la que Arran y otras organizaciones separatistas radicales intentan erradicar de la universidad catalana.

Arran Menorca ahora denuncia una supuesta ofensiva del Estado y de su «entramado judicial» contra los movimientos que, según su versión, defienden el territorio y los intereses de los trabajadores menorquines. Estas acusaciones se producen después de que la Policía Nacional investigara unos hechos que podrían tener relevancia penal y los pusiera en conocimiento de la autoridad judicial. La apertura de diligencias permite precisamente esclarecer las circunstancias en las que se difundió el mensaje y determinar si existe alguna responsabilidad.

La investigación policial, por sí misma, no supone una condena ni implica que los hechos investigados constituyan necesariamente un delito. Pero tampoco puede presentarse automáticamente como una persecución política por el mero hecho de afectar a militantes de una organización independentista.

Protesta contra el turismo

En su comunicado, Arran Menorca asegura que una de cada tres viviendas de la isla está condicionada por el modelo turístico, una afirmación que utiliza para justificar el contenido de las camisetas. La organización considera que la investigación responde a la voluntad del Estado de proteger un modelo económico que califica de «depredador» y denuncia que se está intentando criminalizar a quienes se movilizan contra sus consecuencias sociales y territoriales.

Finalmente, hace un llamamiento a la solidaridad con los cuatro militantes investigados pidiendo donaciones para su «caja de resistencia». Además, mantiene a la venta las polémicas camisetas en sus redes sociales por un precio de 15 euros.