Los estafadores prometían grandes beneficios con criptomonedas
Cae un trío que regalaba criptomonedas para ganarse la confianza de sus víctimas y después les impedía retirar el dinero
La Guardia Civil investiga a tres personas, una de ellas en Baleares, por una estafa de unos 12.000 euros
Primero les daban dinero para que confiaran. Después les mostraban supuestas ganancias y les dejaban retirar pequeñas cantidades para demostrar que todo funcionaba correctamente pero cuando llegaba el momento de recuperar el grueso de la inversión empezaban los problemas. Así funcionaba una presunta estafa con criptomonedas que ha dejado pérdidas de unos 12.000 euros a una víctima y por la que la Guardia Civil investiga a tres personas, una de ellas residente en Baleares. Los otros dos implicados tienen sus domicilios en Valencia y Granada. La investigación ha permitido, además, bloquear unos 6.000 euros relacionados con el fraude, según ha informado el Instituto Armado.
Todo comenzó en un grupo de WhatsApp en el que se hablaba de inversiones y de cómo conseguir una alta rentabilidad. Allí, la víctima recibía información sobre los mercados financieros y recomendaciones para invertir su dinero. Con el tiempo, le propusieron entrar en una plataforma llamada 'DUTT', que prometía importantes beneficios mediante la compraventa de criptomonedas. Para convencer a los nuevos usuarios, sus responsables les regalaban inicialmente 100 USDC, una moneda digital cuyo valor equivale aproximadamente al de un dólar. Era una forma de ganarse su confianza antes de que empezaran a invertir cantidades mayores. Además, las operaciones que aparecían en la plataforma reflejaban ganancias muy elevadas y durante varios meses era posible ingresar dinero y retirar parte de lo invertido sin que surgiera ningún problema.
Las dificultades llegaron cuando la plataforma comenzó a ofrecer nuevas inversiones relacionadas con el lanzamiento de tokens, otro tipo de activos digitales. Entre las opciones que presentaba estaba la posibilidad de solicitar préstamos para participar en esas operaciones. La víctima pidió uno de 12.000 USDC, pero después descubrió que no podía retirar el dinero de su cuenta si antes no devolvía el préstamo. En un intento de recuperar lo que había invertido, abrió una segunda cuenta e hizo dos nuevos ingresos, uno de 2.000 USDC y otro de 3.000. Tras este último movimiento, los responsables dejaron de contestar a sus mensajes y las retiradas de dinero quedaron bloqueadas en las dos cuentas. Fue entonces cuando la afectada se encontró sin acceso a sus fondos y sin posibilidad de contactar con quienes gestionaban la plataforma.
Agente especializado en ciberdelincuencia
La víctima acabó denunciando lo ocurrido a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. A partir de ahí, la CiberComandancia, una unidad especializada en delitos cometidos por internet y con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), comenzó a seguir el rastro del dinero. Los investigadores revisaron las transferencias de criptomonedas para averiguar a qué cuentas habían ido a parar los fondos y quién podía estar detrás de los movimientos. Durante ese seguimiento detectaron que los activos habían pasado por distintas direcciones digitales y servicios de intercambio, en operaciones que presuntamente buscaban complicar su localización y evitar que se pudiera conocer su procedencia.
De este modo, los agentes llegaron a tres personas, entre ellas una en las islas. Las otras dos fueron localizadas en Valencia y Granada. En el caso de Baleares, en las actuaciones ha participado el Equipo de Policía Judicial de Algaida, que ha colaborado con los equipos de Llíria, en Valencia, y Granada. La Guardia Civil considera esclarecidos tanto el presunto fraude como las operaciones de blanqueo de capitales que se habrían realizado para ocultar el origen del dinero.
Uno de los resultados de la investigación ha sido el bloqueo de unos 6.000 euros vinculados a la estafa. Con esta medida se ha evitado que esa cantidad pueda ser retirada o enviada a otras cuentas por los presuntos responsables. Las actuaciones y la información recabada sobre los tres investigados han quedado a disposición de la autoridad judicial de Llíria, en Valencia, que se encargará de continuar con el caso.