El comodín del arraigo no funcionó: expulsión para un uruguayo que alegó vínculos con España desde 2002 pero sólo cotizó 131 días

El arraigo fue su principal baza para intentar evitar la expulsión de España, pero las pruebas no convencieron a la Justicia. Un ciudadano uruguayo alegó tener una empresa constituida en Mallorca, disponer de un seguro médico privado y contar con una titulación náutica para demostrar que había construido una vida en el país y que obligarle a abandonarlo le ocasionaría graves perjuicios. Sin embargo, no consiguió acreditar que su sociedad estuviera siquiera en funcionamiento, ni que mantuviera vínculos familiares en territorio español. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), a la que ha tenido acceso El Debate, que desmonta los argumentos utilizados por el extranjero para tratar de paralizar su expulsión y confirma la negativa judicial a suspender la medida, acordada por la Delegación del Gobierno y acompañada de una prohibición de entrada en España durante cinco años.

La resolución, dictada el pasado 21 de octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, examina el recurso presentado por el ciudadano uruguayo contra un auto del Tribunal de Instancia de Palma que había rechazado suspender cautelarmente su expulsión. La orden administrativa se había dictado el 31 de marzo de 2026 por una infracción grave de la Ley de Extranjería, consistente en «encontrarse irregularmente en territorio español» por carecer de la autorización correspondiente. Frente a esta decisión, el afectado sostuvo que su salida del país supondría la «desaparición de la actividad empresarial y del entorno social» que había construido en España. También invocó la «apariencia de buen derecho» y una supuesta vulneración del «principio de proporcionalidad», al considerar que la Administración no había tenido suficientemente en cuenta sus circunstancias personales y económicas.

El principal argumento de su defensa giraba alrededor de una sociedad constituida en España mediante escritura pública el 12 de septiembre de 2018. La empresa estaba dedicada al «alquiler y arrendamiento de bienes recreativos y de artículos de ocio y deportivos», con actividades relacionadas con el sector náutico. El recurrente pretendía que esta vinculación empresarial fuera considerada una prueba de arraigo laboral y económico suficiente para impedir su salida inmediata del territorio nacional. Sin embargo, el tribunal se fija principalmente en la existencia formal de una sociedad que no demuestra que desarrolle una actividad económica real. Los magistrados señalan que el extranjero «no acredita que dicha sociedad esté activa ni que haya desarrollado actividad alguna», puesto que «no se acompañan declaraciones de impuestos ni presentación de cuentas». Es decir, aportó la constitución de la empresa, pero no documentación que permitiera comprobar que el negocio estuviera funcionando.

La defensa también trató de reforzar su posición con otros elementos que, a su juicio, demostraban una vinculación prolongada con España. Entre ellos figuraban su identificación mediante un NIE desde al menos 2018, la contratación de un seguro médico privado y una titulación como patrón de embarcaciones de recreo. Tampoco estos documentos resultaron determinantes para la Sala. La sentencia recuerda que el título náutico había caducado el 26 de septiembre de 2023 y sostiene que «el mero hecho de disponer de un seguro médico privado en España o la aportación de copia de una titulación caducada» no demuestra el arraigo alegado. Los magistrados insisten en que la vinculación exigible para justificar una suspensión cautelar debe tener una entidad suficiente y estar respaldada por circunstancias concretas, no únicamente por documentos que acrediten una relación administrativa o personal con el país.

Apenas 131 días cotizados y ningún vínculo familiar acreditado

El historial del ciudadano uruguayo en España tampoco terminó de respaldar sus argumentos. Según recoge la sentencia, el extranjero había dispuesto de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena entre el 8 de marzo de 2002 y el 28 de febrero de 2005. No obstante, durante aquel periodo únicamente constaban «131 días» de cotización, «equivalentes a 4 meses y 11 días», correspondientes al año 2003. A ello se añade que «no consta arraigo familiar en el expediente ni tampoco que el recurrente haya desarrollado vínculos familiares en España». De esta manera, la Sala descarta que la documentación aportada permita apreciar una vinculación familiar o económica suficientemente acreditada como para justificar que la expulsión quede suspendida mientras se resuelve el procedimiento judicial principal.

La sentencia dedica buena parte de sus fundamentos jurídicos a explicar por qué el arraigo constituye un elemento decisivo a la hora de valorar la suspensión de una expulsión. Recuerda que la jurisprudencia admite esta medida cuando el extranjero acredita vínculos familiares o intereses económicos cuya ruptura inmediata pueda ocasionarle perjuicios de difícil reparación. Sin embargo, también advierte de que la simple permanencia en España no resulta suficiente. Citando doctrina del Tribunal Supremo, los magistrados señalan que el arraigo «no puede desprenderse de la simple permanencia ilegal en España» y precisan que debe tratarse de un «arraigo específico y cualificado». En el caso examinado, consideran que las circunstancias expuestas por la defensa no alcanzan ese nivel de acreditación.

El tribunal también rechaza que la necesidad de continuar el procedimiento judicial desde el extranjero sea, por sí sola, motivo suficiente para suspender la expulsión. La resolución recuerda que aceptar ese argumento supondría que «el mero ejercicio de la acción impugnatoria» de una decisión administrativa que obliga a abandonar España provocaría su suspensión automática, algo que no encaja con el régimen legal de medidas cautelares. Por ello, los magistrados centran su análisis en determinar si el afectado ha demostrado un perjuicio grave o irreparable derivado de su salida inmediata, especialmente a través de sus vínculos familiares, laborales o económicos. En este supuesto, la falta de pruebas sobre la actividad de la empresa y la ausencia de arraigo familiar acreditado resultan decisivas.

La Sala concluye que «el arraigo demostrado por el recurrente no es suficiente para justificar un perjuicio grave o irreparable» que pudiera privar de finalidad al recurso judicial. Frente a los intereses particulares invocados por el ciudadano uruguayo, considera prioritarios «los públicos defendidos por la Administración consistentes en que todo extranjero resida legalmente en España y respete el orden público y la paz social». Con esta argumentación, la sentencia desestima íntegramente la apelación y confirma el auto dictado el 16 de junio de 2026 por el Tribunal de Instancia de Palma, que había denegado la suspensión de la orden de expulsión.