Felio Bauzá, doctor en Derecho: «La preocupación del Estado es hacer felices a los ciudadanos hasta el punto de infantilizarnos» ​ ​

La Real Academia Europea de Doctores (RAED) se desplaza este jueves a Palma para la solemne sesión de ingreso del doctor en Derecho Administrativo Felio Bauzá Martorell. Bauzá entra en la academia con una tesis demoledora: «La infantilización de las relaciones Estado-sociedad. Cuando el poder impone a toda costa la felicidad a los ciudadanos». En su discurso, contestado por la constitucionalista Teresa Freixes, el jurista advertirá sobre las consecuencias de un Estado cada vez más 'paternalista'.

Pregunta. Hoy ingresa como académico de número en la Real Academia Europea de Doctores, una institución que destaca por su carácter multidisciplinar y por contar con 18 premios Nobel entre sus filas. ¿Qué supone este reconocimiento para su carrera?

Respuesta. Supone una enorme ilusión. Es ver valorado y reconocido el esfuerzo de toda una trayectoria profesional. Que una corporación de este nivel considere tus años de trabajo como un mérito para integrarte en un núcleo intelectual de personas tan solventes produce una satisfacción enorme. Además, la gran particularidad y riqueza de esta Real Academia es su carácter multidisciplinar: no se limita al derecho, la historia o la medicina, sino que reúne a doctores de todas las áreas del conocimiento, lo que enriquece enormemente el debate.

P. Su discurso de ingreso critica que el poder no está imponiendo la felicidad a toda costa los ciudadanos. ¿A qué se refiere?

R. Las relaciones entre el Estado y la ciudadanía siempre han oscilado en función del grado de intervencionismo público. Lo que detecto en las últimas dos o tres décadas es que el Estado parece que se ha erigido en el responsable directo de procurar la felicidad a los ciudadanos. Se ha llegado a un punto en que la propia sociedad le exige esa felicidad al poder. Esto cala en la conciencia social mediante dinámicas como asumir que ciertos servicios o prestaciones deben ser absolutamente gratuitos simplemente porque ya se pagan impuestos, sin reflexionar sobre su sostenibilidad o naturaleza.

P. En el título también denuncia la «infantilización» de las relaciones Estado-sociedad. ¿En qué momento empezamos a ser tratados como niños por las instituciones?

R. No hay un punto de inflexión único ni una fecha concreta; es un proceso progresivo que se ha ido consolidando en las últimas dos o tres décadas de manera progresiva. La discusión filosófica sobre esto no es nueva: Immanuel Kant ya advirtió de que si el Estado intentaba procurar la felicidad de sus súbditos, terminaría infantilizando a la sociedad. Ahora parece que las relaciones se construyen en clave de cierta infantilización. Hoy vemos cómo todo se construye bajo una premisa de inmadurez: es imposible abordar reformas serias o grandes consensos institucionales —como una reforma constitucional— porque todo es objeto de una discusión, parece que la desobediencia al derecho es un grado.

P- Últimamente todo se aprueba «por nuestro bien», por la sostenibilidad, por la salud pública. ¿Nos están vendiendo la moto desde la política para que aceptemos que nos quiten parcelas de libertad sin que nos quejemos ni un poco?

R. Sin duda. El poder en general, no identifico un gobierno en concreto, nos ofrece esa felicidad y para tenerla, lógicamente, se resta en intelectualidad de la sociedad. Y por eso la ignorancia es el gran peligro de la sociedad del siglo XXI, porque el poder la podrá manipular a su antojo.

P. ¿Entonces nos estamos volviendo más tontos?

R. Sin duda. El ciudadano no se da cuenta de que, para comprar esa felicidad está pagando en ignorancia. Y una sociedad ignorante es una bomba de relojería.

P. Como experto en Derecho Administrativo, ¿dónde percibe de forma más clara este exceso de celo proteccionista?

R. No sabría identificar una concreta, pero hay muchas. Por ejemplo, tras la pandemia con la imposición de la cita previa obligatoria para relacionarse con la Administración, una medida merma por completo el principio de información y transparencia. Tenemos una administración tremendamente invasiva en la esfera privada de los ciudadanos. Bajo la justificación constante de velar por su propio bien —como ocurre con las normativas de tráfico, los elementos de seguridad obligatorios para motoristas o la regulación del uso de patinetes—, se imponen cautelas y garantías excesivas. Bajo la premisa de evitar que el ciudadano sufra un accidente, se infantiliza su toma de decisiones; al fin y al cabo, ya procurará cada uno cuidar de sí mismo. Es una amalgama de situaciones difícil de acotar en un solo ejemplo.

P. Bonos de consumo cultural, de ocio, de transporte, ayudas... ¿Hasta qué punto están creando una ciudadanía clientelar y dependiente del gobierno de turno?

R. Crean una ciudadanía dependiente y que es incapaz de procurarse sus medios por sí misma. Y esto a largo plazo es letal para una sociedad porque se atrofia la personalidad, el espíritu emprendedor y la capacidad crítica del individuo. Es un germen de envenenamiento de las relaciones Estado y la sociedad. La actividad de fomento, que son las subvenciones, tienen que ir dirigidas a aquellas situaciones que realmente lo precisan, lo merecen y que permiten de manera transitoria salir de una situación de falta de medios. Pero no se pueden instalar de manera permanente, porque si no el ciudadano acaba atrofiado en su propia personalidad y en su espíritu emprendedor.

P. Frente a la desinformación, el Gobierno propone articular mecanismos de control sobre qué es información y quién la ejerce. ¿Es esto un ejemplo de la infantilización el asumir que los ciudadanos son incapaces de discernir la verdad por sí mismos y nos tiene que decir el Gobierno, quién es periodista y quién no?

R. Por supuesto. Lo que necesitamos es que el ciudadano tenga una formación de pensamiento crítico basando en el pensamiento crítico, cuando uno deja de pensar por uno mismo y piensa lo que piensan los demás, se entrega y se subordina. El poder tendría que invertir en educación, formación y pensamiento crítico, en lugar de tutelar la opinión pública antes que hacer de la entrega de bienes una cosa permanente.

P. Antes los políticos discutían de presupuestos, de infraestructuras o de leyes, y ahora nos dan consejos, comparten su lista de canciones o nos dicen cómo divertirnos. ¿Se han convertido los políticos en una sesión de autoayuda?

R. (Risas). No sé si en una sesión de autoayuda, pero sí forma parte de ese intervencionismo administrativo que resulta excesivo. Hay que desregular y permitir que el ciudadano, dentro de su esfera de libertad, actúe y pueda distinguir el bien del mal. No hace falta que el poder le esté diciendo continuamente lo que está bien y lo que está mal; eso debe responder a patrones de sentido común, no a imposiciones del poder.

P. ¿Cuál es entonces el principal dique de contención que le queda al ciudadano frente a este intervencionismo?

R. El dique de contención es y debe ser el Derecho, con la Constitución en la cúspide, como norma suprema. Debemos volver al Derecho y que vele por el Estado del bienestar, que es lo que está en peligro cuando caemos en esta infantilización exigir que las normas velen de verdad por el Estado social y democrático de derecho.

P. ¿Está en peligro el Estado del bienestar tal y como lo conocemos?

R. El Estado del bienestar se ha deteriorado mucho en las últimas dos décadas. Hay bolsas de pobreza y de vulnerabilidad que no existían hace 20 años, por lo que veo un deterioro del Estado del bienestar.

P. Enlazando con la actualidad más reciente, ayer hubo convocada una huelga general y desde el Gobierno se ha respaldado la movilización. ¿Es esto intervencionismo gubernamental?

R. Más que intervencionismo del Gobierno, es utilizar una institución para un fin distinto. El artículo 28.2 de la Constitución es muy claro: la huelga está reconocida para la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

P. Hay juristas que sostienen que una huelga convocada con esos fines carece de encaje legal. ¿Cree usted que esta huelga tiene fundamentación jurídica?

R. Yo creo que esta huelga no tiene fundamentación jurídica ni constitucional, porque el derecho de huelga en la Constitución se refiere exclusivamente a los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Es lo mismo que ocurre con la denominada huelga de estudiantes: hemos creado esa nueva institución, pero la huelga no está pensada para los estudiantes, sino para los trabajadores cuando se lesionan sus derechos. Permitir que todo esto se transforme y mute es retorcer el Derecho.

P. ¿Y cómo puede ser que se mantenga y lo toleremos?

R. Porque hoy nadie se cuestiona nada y al final las normas se retuercen.

P. ¿Cuál es el primer paso para plantarse y decirle a la administración: 'deje de tutelarme y déjeme vivir a mi manera'?

R. Tener espíritu crítico y pensar por uno mismo. A partir de ahí, los mecanismos institucionales son los que son. No podemos hacer otra cosa que seguir el régimen institucional, considerado por la Constitución. Cada actor social tiene un papel desde su esfera: la prensa, investigando y ejerciendo el periodismo con rigor, saca a la luz la realidad y contribuye a la verdad jurídica. Se pueden hacer muchas cosas y se están haciendo. El ciudadano, por su parte, puede implicarse en la vida política, ejercer el sentido común y no renunciar a su libertad ni a su capacidad de pensar por sí mismo.