Fachada del Tribunal de Instancia de Palma.
Un juez frena el desahucio de una anciana con cáncer a la que querían echar de su casa por 150 euros
Dos fondos de inversión pretendían expulsar a Margalida del piso de Palma en el que vive desde 1963 y por el que paga poco más de 12 euros al mes
Un juzgado de Palma ha rechazado desahuciar a Margalida, una paciente oncológica de 87 años de edad, de la vivienda del barrio de Pere Garau en la que lleva residiendo más de seis décadas. El juez ha desestimado la demanda interpuesta por dos fondos de inversión a través de la cual pretendían extinguir el contrato de renta antigua de la anciana.
«El Juzgado desestima íntegramente la demanda contra Margalida. Y condena en costas a los fondos que han pretendido resolver el contrato de renta antigua y desahuciar a una mujer de 87 años, paciente oncológica», ha publicado su abogada, Aina Díaz, en su cuenta de la red social X.
También ha adjuntado el fallo de la sentencia y un extracto en el que el juez argumenta que en el caso concurren circunstancias excepcionales de carácter personal y asistencial, ausencia de perjucio relevante para la propiedad, larga duración de la relación arrendaticia sin antecedentes significativos de incumplimiento y satisfacción íntegra de las cantidades adeudadas antes de la resolución judicial del litigio.
En consecuencia, incide, el retraso producido no puede ser entendido como un incumplimiento suficiente como para frustrar la finalidad económica del contrato ni justificar la extinción de una relación arrendaticia de prolongada duración.
Así, en base a la doctrina más reciente del Tribunal Supremo, el juzgado concluye que los hechos ocurridos fueron una situación «excepcional» y que no es suficiente como para extinguir el contrato.
Un contrato de 1963 por 12 euros al mes
El juicio contra Margalida se celebró el pasado martes, aunque el caso se remonta a hace casi una década. Según explicó Díaz, fue en 2007 cuando murió el marido de Margalida y al año siguiente se le subrogó el contrato, que firmaron en 1963.
Durante los años siguientes no se encontró problema alguno, ya que la mujer, «una mallorquina de toda la vida», mantenía una buena relación con los entonces propietarios de la finca, a los que pagaba, en virtud de su contrato de renta antigua, poco más de 12 euros al mes. Los dueños, según la abogada, nunca quisieron subirle el precio conforme al IPC.
Llegó 2021 y la finca en la que vive Margalida fue adquirida casi en su totalidad por una empresa dedicada a las inversiones. Díaz, por protección de datos, ha preferido no detallar el nombre de la mercantil.
Según la tesis de la defensa, los nuevos dueños no informaron a los inquilinos del cambio de propiedad hasta un año después y lo hicieron de una manera que, para una mujer que entonces tenía 83 años y padecía un cáncer de mama, era «muy difícil de entender».
En 2023 la operaron del cáncer y, tras un tiempo hospitalizada para recuperarse de la mastectomía, pasó unos meses viviendo en casa de su único hijo. Cuando regresó a su piso, se encontró un burofax en el que se le notificaba que llevaban un año sin pagar el alquiler, es decir, que adeudaba unos 150 euros.
El banco no domicilió los recibos
Sin llegar a entender por qué había sucedido eso, que al cambiar la propiedad también cambió la cuenta a la que debía enviar la renta, fue a una sucursal bancaria para que le ayudaran con el trámite. Consiguió pagar lo que debía, pero no que le domiciliaran el pago para que no tuviese el mismo problema en el futuro.
Unos meses después, siempre según el relato de la abogada, Margalida sufrió una caída y se rompió tres vértebras. Tras un nuevo paso por el hospital, volvió a estar un tiempo viviendo en casa de su hijo, quien además contactó con los propietarios para informarles de que a partir de entonces él se encargaría de las gestiones relacionadas con la vivienda de su madre.
Las empresas «aprovecharon» el contacto con el hijo para pedirle las llaves del piso bajo el pretexto de realizar algunas reformas. Cuando dieron por hecho que la mujer no volvería al domicilio, el hijo les corrigió: «Les dijo que no, que su madre quería volver porque quería morir en su casa, en su barrio, donde se siente segura y conoce a todo el mundo».
Entonces, ha proseguido la letrada, los propietarios «empezaron a hacer cosas raras, como quitarle el telefonillo y el nombre de su buzón» pese a que habían «colaborado» con ellos. Además, alguien «suplantó su identidad» para dar de baja el contador de agua.
Cuando el hijo preguntó si había algún problema, le contestaron que su madre llevaba, de nuevo, un año sin pagar el alquiler. Él les reprochó que no le hubiesen avisado pese a que habían tenido contacto durante meses y los dueños le mandaron un documento con todas las cantidades que adeudaba la anciana. La letrada ha asegurado que, pese a que lo pidió, no le facilitaron la cuenta bancaria en la que debía abonar esa «cantidad irrisoria».
A principios de 2025 Margalida recibió una solicitud de mediación extrajudicial en la que se le advertía que, si no pagaba lo que debía, en un mes sería demandada. La demanda para el desahucio, en la que alegaban que el contrato había extinguido por retrasos en los pagos, llegó ese mes de mayo.
«La empresa, que era conocedora de la enfermedad que padecía, fue dejando que se acumulara la deuda mes a mes para después ponerle la denuncia», ha sostenido Díaz.