Fachada del departamento de Servicios Sociales del Consell de Ibiza.
Vox estalla contra el despilfarro del Consell de Ibiza en menores tutelados: 13 millones de euros para 2027
El conseller Jaime Díaz de Entresotos exige a Vicent Marí que reclame al Estado el coste de los menores extranjeros no acompañados
El anuncio de que el Consell Insular de Ibiza destinará casi 13 millones de euros a la protección de menores en 2027 ha desatado las críticas de VOX, que exige al Gobierno insular presidido por Vicent Marí (PP) que deje de asumir con recursos propios los costes derivados de la llegada de menores extranjeros no acompañados a la isla y reclame formalmente su financiación al Ejecutivo central.
El único conseller de VOX en la institución, Jaime Díaz de Entresotos, considera especialmente grave que esta partida alcance los 12,9 millones de euros mientras que el Consell contempla una aportación de solo 3 millones para políticas municipales de vivienda, pese a tratarse del principal problema que sufren los residentes de la isla.
«El problema ya no es ni siquiera el presupuesto que se destina a estos menores», ha dicho Díaz de Entresotos en declaraciones a El Debate, «el problema es que por parte del Gobierno del Consell no hay ninguna acción para reivindicar ese importe al Estado, que es el verdadero responsable de estos menores. Culpan al Estado, sí, pero no hacen ninguna acción para reivindicar que el Gobierno central asuma su responsabilidad».
Actualmente, la institución insular tiene bajo su tutela a 251 menores, de los cuales 136 son extranjeros no acompañados y 115 pertenecen al circuito habitual de protección. El presupuesto destinado a su atención aumentará en 2,55 millones respecto a 2026, hasta alcanzar los 12,9 millones de euros.
¿16 millones para vivienda?
El representante de VOX contrapone el elevado gasto en protección de menores con los recursos que la institución destinará a intentar aliviar la crisis habitacional que atraviesa Ibiza. «En ese mismo presupuesto se van a destinar solamente 3 millones de euros para vivienda, que es el problema más grave que tienen los ibicencos», ha señalado.
Díaz de Entresotos insiste en que la financiación estatal permitiría liberar recursos insulares para atender las necesidades de los residentes. «Si el principal problema es la vivienda, imagina lo que se podría hacer si en lugar de 3 millones de euros tuvieras 16 millones de euros», ha afirmado.
Los presupuestos del Consell para 2027 ascienden a 206,6 millones de euros, un 14,9 % más que los del presente ejercicio. La institución prevé destinar 3 millones de euros procedentes de remanentes a políticas municipales de vivienda, con lo que la aportación acumulada desde 2025 alcanzará los 9 millones. En los últimos años, la institución insular ha externalizado la atención a los menores extranjeros no acompañados con un coste que ronda los 9.000 euros por plaza y mes.
Para VOX, el origen del problema está en la política migratoria del Ejecutivo central. «El Estado no logra erradicar el problema de la inmigración ni de los menores extranjeros no acompañados», ha lamentado Díaz de Entresotos, «pero eso no significa que no sea su responsabilidad. Es el Gobierno central el que está obligado, como mínimo, a financiar el coste de tutelar a estos menores. Estamos hablando de que Ibiza ha de destinar casi el 8 % de su presupuesto insular a este fin y eso es inaceptable».
Resultado de las tutelas
Pero las críticas de VOX no se limitan al coste económico. Díaz de Entresotos también cuestiona la falta de información sobre los resultados de los recursos públicos destinados a la atención de estos menores. En este sentido, el conseller recuerda que desde el comienzo de la legislatura ha preguntado reiteradamente en los plenos a la responsable insular de Asuntos Sociales, Carolina Escandell, sobre el funcionamiento del sistema de tutela y los resultados de los programas de atención, sin haber obtenido hasta ahora las respuestas que reclama.
Su intención, explica, no es conocer únicamente cuánto dinero se gasta, sino también qué se consigue con esa inversión. En concreto, VOX quiere saber quién se encarga del cuidado de los menores, qué actividades desarrollan durante su estancia en los centros, qué formación reciben y cuáles son sus perspectivas de integración social y laboral.
También reclama información sobre qué sucede cuando cumplen los 18 años: cuántos acceden a los programas de emancipación del Govern balear, cuántos continúan estudiando, cuántos consiguen incorporarse al mercado laboral y cuál es, en definitiva, el resultado de los recursos destinados a su protección.
Díaz de Entresotos considera que estas cuestiones son fundamentales para evaluar la eficacia del sistema y sostiene que la institución insular debería ofrecer explicaciones sobre el destino y los resultados del dinero público: «No se trata solo de destinar recursos para las tutelas sino de analizar si esos recursos de los ibicencos están teniendo resultados. Y, si no tienen esos resultados, cambiar lo que se está haciendo. Nuestra postura, de todos modos, es muy clara: estos menores han de regresar con sus familias a sus países de origen».
De las palabras a los hechos
El representante de VOX recuerda que el propio presidente del Consell, Vicent Marí, reconoció durante la presentación de los presupuestos que la llegada de menores extranjeros no acompañados supone «un esfuerzo económico muy importante» para la institución. Marí exigió entonces al Gobierno central que «asuma su responsabilidad ante la presión que supone la llegada de estos menores».
Sin embargo, Díaz de Entresotos considera insuficientes estas declaraciones y reclama que el Ejecutivo insular emprenda actuaciones formales para exigir al Estado que asuma la financiación que Vox considera que le corresponde.
En este sentido, VOX exige al Gobierno del Consell y a su presidente que «de una vez por todas deje de decir que es responsabilidad del Estado y active los mecanismos necesarios para reivindicar de forma oficial que el Estado cumpla esta obligación». El partido insiste así en que la institución no puede limitarse a denunciar públicamente el problema mientras continúa destinando cantidades crecientes de su presupuesto a afrontar las consecuencias de la llegada de menores extranjeros no acompañados, sin reclamar mediante los procedimientos correspondientes que el Ejecutivo central asuma esos costes.