Manifestación por el catalán convocada por la entidad soberanista OCBEuropa Press

La OCB tacha de «extremistas» a quienes reclaman más castellano en las aulas de Baleares

La entidad catalanista celebra que el Supremo rechace garantizar un mínimo del 25% de enseñanza en español en las Islas

La entidad soberanista Obra Cultural Balear (OCB) ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que avala el modelo lingüístico educativo de Baleares y rechaza la petición de un padre para que su hijo recibiera al menos el 25% de las clases en castellano. La asociación catalanista ha aprovechado el fallo para cargar contra quienes cuestionan el sistema educativo de las Islas, a los que acusa de ser «extremistas que quieren dinamitar la convivencia».

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, la OCB ha señalado que el recurso presentado por el progenitor había sido «instigado por dos grupúsculos de extrema derecha» y ha destacado que el alto tribunal haya respaldado por primera vez el modelo lingüístico balear. Sin embargo, la resolución judicial también establece un límite: los centros educativos no pueden excluir por completo el castellano como lengua de enseñanza, aunque no exista un porcentaje mínimo obligatorio de asignaturas impartidas en español.

25% de clases en castellano

El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando un padre solicitó que su hijo, entonces matriculado en primero de Educación Infantil en un colegio público de Mallorca, recibiera al menos una cuarta parte de las clases en castellano. El progenitor denunció que el proyecto lingüístico del centro establecía el catalán como lengua de enseñanza para todas las materias no lingüísticas. Algo que, a su juicio, discriminaba a los alumnos castellanohablantes.

Su reclamación fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), cuya resolución ha sido ahora confirmada por el Supremo en una sentencia fechada el pasado 6 de noviembre. Los magistrados consideran que la legislación educativa autonómica se ajusta a las exigencias constitucionales al reconocer tanto el catalán como el castellano como lenguas de enseñanza y contemplar mecanismos para garantizar los derechos lingüísticos del alumnado.

No obstante, el Supremo deja claro que los proyectos lingüísticos de los colegios no pueden eliminar el castellano de la enseñanza ni relegarlo a una posición subordinada respecto al catalán.

En el caso examinado, el tribunal concluye que el recurrente no ha acreditado que el proyecto lingüístico del centro excluya el castellano como lengua vehicular o le otorgue un papel subordinado. Por este motivo, rechaza imponer el porcentaje mínimo solicitado.

«Grupúsculos de extrema derecha»

La sentencia ha provocado una entusiasta reacción de la OCB, una de las principales entidades defensoras de la imposición del catalán en las aulas. «Hay días que llegan cargados de buenas noticias, incluso procedentes de la jurisdicción contencioso-administrativa», comienza su publicación en X, acompañada de un emoticono sonriente.

La organización celebra que el Supremo haya validado por primera vez la posición expresada reiteradamente por el TSJIB sobre el modelo lingüístico educativo de Baleares y destaca que la sentencia 1238/2026 reconoce que el sistema se ajusta a las previsiones constitucionales.

Pero la entidad va más allá de la valoración jurídica y arremete contra los impulsores de la reclamación, a quienes vincula con la extrema derecha, sin identificar en su mensaje a las dos organizaciones a las que atribuye la iniciativa. «A favor del consenso en torno a nuestro modelo lingüístico educativo», ha concluido, «frente a los extremistas que quieren dinamitar la convivencia de la sociedad, las familias y los centros educativos», concluye el mensaje.